La obra negra diseñada y construida por Rafael Moreno Valle como mecanismo déspota y arbitrario de gobierno popularmente llamada los presos políticos del estado de Puebla, tiene garantía de continuidad al cuidado y vigilancia de Diódoro Carrasco. Su larga experiencia en el servicio público y el oficio desarrollado a su paso por la Secretaría de Gobernación y el gobierno de Oaxaca están puestos ahora al servicio de éste gobierno. No ha escatimado recursos materiales ni morales en ello; total, dirá que los presos políticos no son sus cuates, compadres ni parientes y no tienen influencias políticas; puro poblano de a pie. No encuentra, pues, obstáculo que le impida mostrar sus altas virtudes burocráticas. Un botón de muestra ilustrará lo que decimos.
El pasado cuatro de enero, considerando que la justicia federal le otorgó un amparo negando legalidad a los actos de las autoridades que se complotaron para encarcelarlo y que, además, la sentencia por la que gozaba de libertad preparatoria se cumplió desde el pasado 10 de enero de 2015; Simitrio presentó una solicitud de libertad absoluta dirigida, directamente, al gobernador Rafael Moreno Valle. La eficiencia de Diódoro salió a relucir de inmediato. Aunque el artículo 8 Constitucional diga que “A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido…” ¿cómo iba a permitir que su jefe leyera esa cosa? Y, que la respondiera, menos. Hizo pasar tal solicitud, primero, por el coordinador de Atención Ciudadana del Ejecutivo del estado; luego, éste la remite a la jefa de Oficina del C. Secretario para, a su vez, por instrucciones de Diódoro, enviarla al encargado de Despacho de la Subsecretaría Jurídica en oficio de 9 de enero. Finalmente, la directora de Sanciones da respuesta exactamente el… 1 de febrero de 2017.
Luego de un sexenio de doctoral satrapía uno alberga esperanza de que el cambio de personas en la cúspide del gobierno traiga consigo un giro, por pequeño que sea, en el ánimo político; en la concepción y modos de ejercicio de la función pública; en las relaciones cotidianas de la autoridad con los ciudadanos que lleven a mejores formas de convivencia social; pero viendo lo que hace Diódoro, esa esperanza desaparece. Leyendo la resolución de la directora, lo menos que se puede decir es ¡no puede ser! A lo largo de esta crónica hemos expuesto cómo, sin vergüenza profesional ni política, el gobierno asentó la persecución político–judicial contra Simitrio y la 28 de Octubre en una sarta de ignorancias y estupideces jurídicas agrupadas bajo el título de “aplicación de la ley”, intentando encubrir socialmente los abusos de autoridad con que metieron a la cárcel y procesaron a estas personas. A los funcionarios implicados, por lo visto, no les importa ni hace mella el ridículo. Lo increíble es que, por poder y posición política, están dispuestos a mantenerse en él.
Diódoro encontró las perlas de poco entendimiento legal labradas por los infaustos Luis Maldonado y Víctor Carrancá. Aun cuando –estoy seguro– no ha leído una coma de los expedientes abiertos y no tiene idea del tema, desde que llegó al cargo, raudo salió a decir que en Puebla no había presos políticos. El asunto de Simitrio se ha convertido en emblemático no por ser único, ni por el tiempo que lleva preso, sino por la enorme magnitud de las torpezas jurídicas urdidas para apresarlo y mantenerlo así. Con verdadero asombro vemos que, a sabiendas de que todo es ilegal, chueco y mal armado, Diódoro insiste en prolongar esa ofensa contra viento y marea. No tuvo empacho en sostener, con su jefe, una mentira: la resolución de 5 de abril de 2001, no existe. Tampoco le generó problema intentar componerla: la resolución sí existe pero el ministerio público equivocó la fecha. Decidió no seguir por ahí: Simitrio está acusado de narcomenudeo. Y ahora, por conducto de la Directora de Sanciones sostiene que:
(…) También se ordenó por la ciudadana jueza de Ejecución de Sanciones Penales de este Distrito Judicial, mediante resolución de fecha 9 de enero de 2015, emitida en la carpeta de ejecución número 33/2015/JES/E, que la pena de 25 años con seis meses de prisión, que se le impuso en el proceso número 113/1989, de los del catálogo del Juzgado Quinto Penal, se computa a partir del 7 de mayo de 1999, día siguiente al que compurgó la pena impuesta en la causa penal 37/1989 y su acumulada 135/1989, del Juzgado Cuarto de Distrito. En este contexto, la privación de su libertad no es arbitraria e ilegal, sino consecuencia de las diferentes penas de prisión que se le impusieron por las autoridades judiciales que conocieron de las distintas causas penales que se le instruyeron por su responsabilidad en la comisión de diversos delitos. Finalmente hago de su conocimiento que la supuesta omisión de acordar su libertad es materia de análisis y estudio en el juicio de amparo 22/2015 del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado, el cual se encuentra pendiente de resolución. Por tal motivo y considerando el status de su situación jurídica la Secretaría General de Gobierno carece de competencia legal para para intervenir en el asunto que plantea toda vez que actualmente se encuentra a disposición del Poder Judicial.
¿Cómo entender esta actitud? ¿Qué sentido tiene decir que la Secretaría General de Gobierno carece de competencia para intervenir, en un asunto que no le planteamos? Sí, son incompetentes. En la resolución de 30 de junio de 2016, dictada en la revisión 20/2016, el Tribunal Colegiado determinó:
“…la resolución de 9 de enero de 2015, emitida en la carpeta de ejecución 33/2015/JES/E, no es autónoma de la reclamada en el juicio de amparo –resolución de 18 de diciembre de 2014, del Juez Quinto Penal de la ciudad de Puebla–, por lo que no puede subsistir con independencia de la ilegalidad de esta última; y por ende, no es factible tener por consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas” (fojas 63 de la sentencia).
¿Por qué ignorar esta resolución? ¿Por cumplir el encargo del jefe? Dos cosas sería bueno saber aquí. ¿Por qué los poblanos pagamos el sueldo de un funcionario que se dedica a mentir sobre los asuntos de gobierno? ¿Cuál es la posición oficial del nuevo gobierno sobre la cuestión de los presos políticos en Puebla?