Simitrio: el derecho al revés / LV

El gobernante creyó que con haber dicho las palabras “se aplicó la ley”, a semejanza de un mágico abracadabra, había engañado a los poblanos y se le abrirían las puertas de su aceptación a las fechorías de autoridad que viene cometiendo contra los miembros de la 28 de Octubre. Pero no. Las cosas caen por su propio peso y las mentiras, también. Diciembre trajo otra resolución adversa para Simitrio, pero útil para resolver algunas dudas. Solicitamos al Juez Quinto Penal declarar que la sentencia impuesta se cumplió íntegramente el 10 de enero de 2015 y ordenara su inmediata libertad. La respuesta vino en acuerdo de 15 de diciembre, notificado el día 29 siguiente. El juez determinó lo siguiente: …con fundamento en los artículos 31, 163, 164 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado, se acuerda. Se tiene por recibido el escrito de Rubén Sarabia Sánchez, y visto el contenido de su ocurso de cuenta en el que manifiesta que esta autoridad declare cumplida en su totalidad la condena que le fue impuesta, y se ordene su inmediata libertad; dígasele que no ha lugar acordar de conformidad su petición, en atención a que como le fue notificado con fecha 3 de septiembre del año en curso, que el juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, dentro del juicio de amparo 69/2015, concedió el amparo para los efectos de dejar insubsistente la resolución de fecha 18 de diciembre de 2014, en el proceso 113/1989, y en donde esta autoridad no es competente para revocar la resolución de fecha 5 cinco de abril de 2001, emitida por el entonces secretario de Gobernación, por la que autorizó al sentenciado Rubén Sarabia Sánchez o Simitrio Sempoasquello Zitla, la quinta fase del tratamiento preliberacional, dentro del proceso número 113/1989. De ahí que esta autoridad se encuentra impedida para acordar su petición, y lo deberá de realizar ante la autoridad competente.

Si alguna lógica tiene el poder arbitrario de un estado es convertir a los jueces penales en piezas que caminan en el sentido que marca el aparato. Los argumentos para justificar ese sentido parecen ser contribución de cada juez con propósitos propios. Lo interesante de este acuerdo es que ratifica la existencia de la resolución de 5 de abril de 2001. Lo deplorable, que el juez abdique de su función constitucional optando por la sumisión y el entierro de la división de poderes. Lo triste, la incomprensión de la dimensión humana de sus actos estando de por medio la prisión injusta de un hombre inocente.

Que el juez trajese a colación la resolución de 5 de abril de 2001 ayuda a clarificar una duda sobre su cuestionada existencia. Recordemos que mediante oficio de fecha 5 de septiembre de 2016 en el que dice: “Así lo acordó y firmó por acuerdo del C. Gobernador Constitucional del Estado”, el secretario general de Gobierno, Diódoro Carrasco, informó oficialmente al juez Quinto de Amparo en Materia Civil, Administrativa, del Trabajo y de Juicios Federales, en fase de cumplimiento a la sentencia del amparo número 69/2015, lo siguiente: “…tomando en consideración que no existe resolución de 5 de abril de 2001”.


Es decir, después que Ministerio Público y juez Penal utilizaron la “revocación”, exactamente, de esa resolución para encarcelar a Simitrio; ahora, cuando la justicia federal les exigió cumplir la sentencia de amparo que favoreció a éste; el mismísimo gobernador y el secretario de gobierno salen a decir que tal resolución “no existe”. ¿Qué arte de gobernar es éste? ¿Quién miente? ¿El ministerio público y la juez penal por actuar sobre una resolución que no existe; o, el gobernador y su secretario por negar la existencia de una resolución manejada por aquellos? ¡Bonito enredo creado por las más altas autoridades del estado, solo para jugar con la libertad y la vida de un hombre! No fue suficiente sacar a relucir tiliches pseudojurídicos para encarcelarlo sino, se recurrió a este descaro para impedir su salida del penal.

El dilema sobre la legalidad o arbitrariedad del encierro del dirigente de los ambulantes desaparece y deja claro, a ojos de los poblanos, una villanía en calidad de acto de gobierno. Que el juez Penal reafirme la existencia de tal resolución esclarece quién ha mentido en todo este asunto. Pero… ¿de dónde sacaron el Ministerio Público y la juez Penal la existencia de esa ninguneada resolución? Examinando los documentos que constan en el expediente de amparo aparece que ambos se basaron en… ¡no manches!; en… ¡no lo va usted a creer!; en… ¡no es posible! Pues sí, tanto agente como juez se basaron en… ¡mira, quién lo dijera, hasta cara de presidenciables ponen! En el informe de 11 de diciembre de 2014, en que la directora de Sanciones, Ruth Karina Andraca Huerta, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, comunicó a la Procuraduría General de Justicia:

Por resolución de fecha 5 de abril de 2001, el entonces secretario de Gobernación por acuerdo del gobernador del Estado, autorizó al sentenciado Rubén Sarabia Sánchez, la quinta fase del tratamiento preliberacional referente al beneficio de Libertad Preparatoria dentro del proceso número 113/89. Asimismo, declaró extintas las sanciones relativas a los procesos 337/85, 507/86 y 156/89 instruidos en contra de Rubén Sarabia Sánchez o Simitrio Zempoasquelli Zitla, por los razonamientos vertidos en el considerando A), de dicha resolución.

Esta información oficial coloca a aquellos –aparte de mentir ante autoridad federal– en condición de vulgares mentirosos. ¿Cuál es la razón real que los llevó a tomar la decisión de negar la existencia de documentos que obran en poder de la propia Secretaría General de Gobierno? Los poblanos merecen una explicación clara. Jamás tendrá justificación semejante proceder. Revela que la cúpula de este gobierno reúne hombres que no son leales ni sinceros; ni honrados ni caballeros en el desempeño de la función pública.