| “Más todo ello no justifica en modo alguno las aberraciones de un formalismo abstracto que invierte simplemente los términos y declara que todo cuanto los organismos legislativos resuelven en forma de legislación es ley, y todo cuanto hace un tribunal es Justicia. Este género de lógica procede por un encadenamiento de equívocos”. Carl Schmitt, El defensor de la constitución. |
¿Y quién cuida a los tribunales? Revuelo tendrían que causar entre los poblanos las maneras en que algunos jueces y tribunales federales están tratando y resolviendo los conflictos judiciales que involucran a personas que se han mostrado inconformes, disidentes u opositores a las políticas gubernamentales y tienen que enfrentar el poder del estado como perseguidos, procesados, o en la cárcel. Para colmo, el destino de su libertad viene a quedar en manos de estos “impartidores de justicia”. El caso de Simitrio vuelve a tornarse, en este sentido, emblemático. Una arbitrariedad gubernamental de Rafael Moreno Valle, caracterizada por el manejo horroroso y abominable de los conceptos jurídicos, ha quedado consumada con la activa participación de la “justicia” federal asentada en Puebla convalidando el atropello.
El talante autoritario quedó al descubierto no solo por la incorporación de la persecución política como método de gobierno, sino porque ahora la sociedad poblana puede mirar claramente la relación establecida entre poder político y derecho. La detención y prisión arbitraria de Simitrio avalada con una parodia de procedimiento judicial nos indica que, en circunstancias específicas, por encima de lo que digan la letra de la Constitución y las leyes se impone la voluntad de quienes detentan el poder político. La predominancia del poder y el avasallamiento del derecho conducen, indefectiblemente, a un callejón sin salida donde judicializar los conflictos, es decir, someter los conflictos políticos (donde tiene interés el gobierno) a la decisión de los tribunales no es sinónimo de encontrar justicia pues la función judicial pierde independencia y queda convertida en simple vocería o muñeco de ventrílocuo del titular del poder estatal.
En el caso del líder de la 28 de Octubre ni siquiera pueden decir que se trate de un problema de interpretación de leyes o la Constitución que, aun con velo de duda, pudiese respaldar en algo las acciones represivas en su contra. No. Todavía debe investigarse ¿dónde aprendieron los Moreno Valle, Maldonado, Carrancá, Toledano, Carrasco, etc., que primero se priva de la libertad a una persona y después se le informa el motivo; que se le puede privar de sus derechos sin audiencia previa; que un juez penal puede revocar actos de gobernador; que pueden reimponerse penas de sentencias extinguidas; que leyes surgidas con posterioridad a una reforma constitucional pueden ser aplicadas retroactivamente para perjudicar a una persona o, peor aún, que cumplida la condena, deba permanecer en prisión? Debieron aprenderlo bien, pues utilizando estas perlas de “derecho” operaron la maquinaria estatal para encerrarlo.
El despotismo poco ilustrado, por su carencia de cultura, está dispuesto a demostrar “su poder” por encima de la razón legal sin importarle el daño social que causa ni la inmoralidad que representa el uso y manejo de la institucionalidad del estado para conseguir ese objetivo. Las barbaridades de lenguaje jurídico con las que abanderaron los actos de autoridad que llevaron y mantienen a Simitrio como prisionero del gobierno, han logrado demostrar fehacientemente que ese afán de lucir poder es tan grande como el ridículo social que hacen.
Desde hace más de dos años –estos artículos son fiel prueba de ello– hemos caminado por el sendero de los litigios judiciales para acreditar que el encarcelamiento de Simitrio se montó sobre bazofia jurídica de las autoridades locales que, a pesar de eso, finalmente vino a calificarse de “legal” al ser bendecida por los magistrados Arturo Mejía Ponce de León, Jesús Rafael Aragón y Jesús Díaz Guerrero, integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito a quienes, pidiéndoles la emisión de orden de libertad, rechazaron el recurso de inconformidad propuesto para ello. ¡Impensable darle un coscorrón al gobierno que sugiriera tan solo un ápice de razón para los ambulantes! La 28 de Octubre ha fijado posición contundente en desplegado aparecido (La Jornada de Oriente e Intolerancia Diario) el 16 de marzo pasado.
Pero… Puebla sigue. La voz suelta frases cuya generalidad y contradicción –discursiva y con la realidad– reflejan insinceridad y condición demagógica: “En Puebla nadie por encima de la ley”; “la corrupción y la impunidad se contrarrestan con transparencia y la unidad de los tres órdenes de gobierno”; “las autoridades han perdido credibilidad por la corrupción y la impunidad y esta es la causa del crecimiento del crimen organizado”. En este contexto ha transcurrido ya más de un mes que el nuevo subsecretario de gobierno, Roberto Pedro Martínez, informó a una comisión de la 28 de Octubre que darían a Simitrio “el beneficio del arraigo domiciliario”, con o sin su consentimiento.
Las circunstancias políticas y jurídicas que rodean su encierro en la prisión y el modo en que se pretende –de ser cierto– cambiar su estatus carcelario han dado, para variar, motivos de desacuerdo entre gobierno y organización. ¿Dónde el arraigo domiciliario es beneficio? Ofrecer esa medida a un hombre inocente es, por decir lo menos, humor negro; en realidad es, otra vez, demostración de poder. Técnicamente tal medida es legalmente posible atendiendo a la edad de la persona o a sus condiciones de salud. Por edad la ley exige más de setenta años y Simitrio aún no cumple sesenta; por condiciones de salud, desde hace nueve meses permanece recluido en un hospital. Tan celosos vigilantes que son de que se cumpla la ley ¿por cuál causa concederán el arraigo? Un atropello pretende ser tapado con otro. El respeto de la legalidad es una enorme deuda de gobierno que ha generado la descomposición social y el desquiciamiento moral cotidianamente observables en Puebla. ¡Ya basta!