Simitrio: el derecho al revés / LIV

19 de diciembre 2014–2016. Dos años de prisión injusta, fuera de todo procedimiento legal, sin razón y sin motivo con cargo a la conciencia de la élite de gobierno: Rafael Moreno Valle, Luis Maldonado, Víctor Antonio Carrancá y, ahora, Diódoro Carrasco. Tres festejos decembrinos en los que Simitrio no ha podido convivir en casa, con su familia, la alegría de la reunión debido a la decisión arbitraria, ruin, prepotente y ventajosa de un gobierno que no vacila en medios para conseguir fines. Termina otro año en el calendario pero la injusticia no. La persecución enfermiza contra él, su familia, los adeptos y la 28 de Octubre en general, utilizando las instituciones y los recursos del Estado, tampoco. Este conflicto político no está fincado en la existencia de problemas legales como mediáticamente pretende aparentarse. Aquí la legalidad está ausente y, por eso, quien está fuera de ella es el gobierno. Nos encontramos en presencia de un despotismo que no reconoce reglas legales ni trato humanitario.

La legalidad quedó fuera desde el momento en que, abusando de la institucionalidad, no vacilaron en propiciar y dejar a Simitrio en absoluta indefensión burlando el respeto a sus derechos humanos; atropellaron toda noción de derecho, ley y constitución al invocar un suceso presuntamente ocurrido en Tlaxcala para atribuirle “no observar buena conducta” como causa para quitarle su libertad condicionada faltando tres semanas para tener su libertad absoluta; se urdió una treta judicial para encerrarlo en la cárcel, primero, y después hacerle saber el motivo del encierro; se puso a una juez penal a revocar el acuerdo de gobernador que concedió el beneficio de libertad que tenía; se repitió la condena establecida en sentencias ya declaradas extinguidas pretendiendo que permaneciera en prisión hasta el año 2050; se aplicaron normas del nuevo sistema penal acusatorio a un proceso del año 1989, entre otras viles patrañas. Es imposible callar lo que se tiene que decir. Si un docente en materia penal, en cualquier escuela de derecho, se atreviera a enseñar a sus alumnos cosas como estas, sería puesto en la calle de inmediato bajo el señalamiento de ignorar su materia. La repugnante realidad demuestra que, sin pudor, un gobierno y un aparato estatal a modo las hacen para jugar impunemente con la libertad y hasta con la vida de un hombre solo diciendo “se aplicó la ley”.

El ataque no quedó ahí. Una llamada anónima y la declaración de algunos ex convictos, se usaron para acusarle junto con sus dos hijos presos, de ser narcomenudistas en el mercado Hidalgo. Un escrito anónimo –sin fecha, nombre, ni señal alguna de confianza– que no pasó por registro administrativo alguno fue suficiente para procesar a la esposa y tres personas más acusándolas de ataques a las vías de comunicación. El vocero de la organización está preso acusado de intento de homicidio y otros delitos a pesar de que las armas presuntamente utilizadas fueron halladas por la Policía en poder de los acusadores. ¿Qué legalidad hay en todo esto? ¿Cuál es el secreto de todas las cosas extrañas que ocurren en este conflicto? ¿Qué se oculta a los poblanos? Nadie podría creer que este montón de burlas a la institucionalidad pueda llamarse legalidad.


Los presos, los procesados y la organización han mostrado con suficiencia su entereza para enfrentar esta infamia. Resistencia digna donde tiene que librarse aún el juicio de la verdad. La causa justa está de su lado y el gobierno tendrá que afrontar, de algún modo, las consecuencias de tanta bajeza. El edificio de mentiras infames que el gobierno levantó contra estos integrantes de la 28 de Octubre se ha venido desquebrajando como castillo de naipes. Solo la testarudez intelectual o una perversión política está impidiendo a los funcionarios comprender cuán absurdo resulta mantenerlos en prisión.

Para impedir por más tiempo la libertad de Simitrio, al gobierno no le ha quedado otro recurso más que el desacato abierto y descarado de la sentencia de amparo que ordenó ponerlo en libertad. En resolución de 5 de septiembre pasado emitida por el secretario general de Gobierno “por acuerdo del gobernador”, sostuvieron que la resolución de 5 de abril de 2001, que le concedió la libertad preparatoria –y cuya revocación sirvió de base para apresarlo– “no existe”. Después, en boletín oficial de 25 de octubre, la propia Secretaría General de Gobierno no solo reiteró “…que no existe resolución de 5 de abril de 2001…”; sino, tampoco tuvo empacho en sostener que: “… se tergiversa el hecho de que el ministerio público pidió la revocación de un beneficio concedido en una resolución que si existe, pero equivocó la fecha.” De no ser esto una desfachatez, alcanzaría rango de un vulgar pitorreo. Cuál, entonces, es la razón legal que justifica la prisión de Simitrio: ¿la “revocación” que hizo la juez penal de una resolución que gobernador y secretario dicen que no existe? ¿O, la petición del ministerio público que equivocó la fecha de una resolución que sí existe?

No deja de ser un caso insólito. Un gobierno que presenta su obra material como digna de ser ofrecida como proyecto político para todos los mexicanos, pero tiene miedo de liberar a un hombre enfermo, indefenso y calumniado cuya única arma de lucha es su convicción moral en la independencia del pensamiento político que enarbola un proyecto de sociedad basada en el respeto hacia los demás. Navidad es un buen tiempo para reflexionar y los poblanos estamos obligados a ello más que nunca. El Estado mexicano, a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal –que ha demostrado ser más Elector del Poder Federal que Tribunal Judicial– ha dado paso franco a las pretensiones de presidenciable levantadas por Rafael Moreno Valle. Corresponde a la porción poblana de los mexicanos que conocemos el desempeño real, completo, con claros y oscuros de este gobierno, difundir la verdad sobre el mismo. El futuro del país reclama que hagamos conocer lo que hemos vivido bajo este régimen en seis años. El despojo de bienes de la Nación, el traslado de la riqueza pública a manos privadas, la habilitación de la delincuencia como motor del mercado y la descomposición social consecuencia de todo ello, solo pueden continuar como parte de nuestra vida social en una dictadura. Tenemos que rechazarla.