Simitrio: el derecho al revés / LIII

El acontecer político de Puebla hará que, en próximos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deba pronunciarse sobre dos situaciones conflictivas de interés general ya no solo para quienes habitamos la entidad, sino para todos los mexicanos puesto que una de tales cuestiones lleva de por medio la aspiración de impulsar un proyecto político de trascendencia nacional. Una será ventilada por la Primera Sala; otra, en el Tribunal Electoral. En la primera se examinará la privación arbitraria de la libertad fuera de todo procedimiento legal que sufre desde hace dos años Rubén Sarabia Sánchez Simitrio, ordenada y ejecutada por el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas. La segunda, resolverá sobre la enésima amonestación que hizo el Instituto Nacional Electoral sobre actos anticipados de campaña que viene realizando éste último para posicionarse como aspirante presidencial.

Frente a la cerrazón institucional, el atropello de sus derechos humanos e incumplimiento de la sentencia de amparo que ordenó su libertad, Simitrio se ha visto en la necesidad de llegar hasta la Corte reclamando únicamente respeto para su condición de ser humano y cumplimiento de los derechos que le otorgan la Constitución y las leyes, que le han sido negados por el gobierno poblano. Se dirigió al presidente para pedir la intervención de ese tribunal invocando, entre otros, el siguiente argumento:

Señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: (…) planteo ante usted el hecho de que, en este caso, mi reclusión se dio fuera de todo procedimiento legal, violando toda disposición constitucional, con pleno conocimiento del hecho por las máximas autoridades del estado de Puebla quienes, con su intervención directa, acreditan esta circunstancia configurando, así, una violación general y sistemática de todos mis derechos humanos. Entonces, no es propiamente mi libertad lo que vengo a anteponer como motivo central de mi solicitud para que sea este Supremo Tribunal el que se avoque al conocimiento del recurso; sino el socavamiento de la institucionalidad del Estado al elevar el desconocimiento del derecho al rango de actos de autoridad, con todo la cauda aparejada de violación al estado de derecho en cuanto observancia de las garantías que la Constitución de la República otorga a sus ciudadanos, por parte de las autoridades de una entidad federativa cuya actuación pone en riesgo al régimen democrático por estar al margen de todo el orden jurídico, sin reconocer límite. Este es el mayor fundamento de mi solicitud.


Por su parte, el señor Moreno Valle difunde ahora un video en redes sociales fijando su postura frente a las resoluciones del INE que considera violatorias de sus derechos políticos como ciudadano, calificando su aspiración presidencial como “apegada a derecho”; dice ser “siempre respetuoso de las instituciones”, al tiempo que acusa a esa autoridad de “ignorar tratados internacionales de la más alta jerarquía”, “de impedir que hable de mi gestión como gobernador de Puebla violando mis derechos fundamentales”. Evoca argumentos como “el derecho de los ciudadanos a la rendición de cuentas” y “la libertad de expresión como pilar fundamental para la construcción de una sociedad democrática” (http://www. e–consulta.com/nota/2016–12–02/politica/ine–viola–mis–derechos–dice– rmv–y–deja–entrever–que–habra–pleito–legal).

Tal discurso en lo sustancial, convertido técnicamente en el agravio central del recurso legal llevado al Tribunal Electoral (http://www.econsulta.com/nota/ 2016–12–06/gobierno/presenta–rmv–recurso–de–revision–contra–prohibicion–del–ine), más que intentar revertir la sanción que le impuso el órgano electoral tiene el claro propósito de utilizarse como un instrumento más de propaganda que pase a formar parte de su estrategia de posicionamiento electoral basada en la variante de asumir la posición de víctima. La norma constitucional cuya violación el INE atribuye al gobernador establece: Artículo 134: La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Las resoluciones que en ambos casos emita el máximo tribunal irán perfilando el panorama político y el tipo de acción de gobierno que diseñarán buena parte de la vida social de México en los años por venir. La disyuntiva para los poblanos en particular se centra en tomar la decisión de encumbrar como forma de organización social el respeto a los derechos humanos de todos, o seguir dejando pasar el engaño como método de gobierno y la mentira como razón de Estado. Aceptar como válida la máxima que dice que el fin justifica los medios, nos está llevando a la más grande descomposición social que jamás hayamos visto y sufrido en nuestro suelo. Siempre será mejor detenerla, que esperar a intentar revertirla cuando el daño social sea mayúsculo y los estragos lamentables. Es tarea de todos. Es hoy; no puede dejarse para mañana.