Simitrio: el derecho al revés / LII

Un pequeño recuento del manejo “legal” de los expedientes creados para llevar a Simitrio a la prisión, hará que muchas de las concepciones que se tienen sobre el papel social del derecho y el Estado entren en crisis. Quedarán estrujados todos los saberes y creencias sobre constitucionalidad, legalidad, justicia y derechos humanos; estará únicamente abierto el camino para la reflexión acerca del uso de las instituciones en la construcción pública de una realidad social concebida, diseñada y creada para quedar tal cual se ofrece a nuestros ojos, como obra de gobierno, profundamente reveladora del talante político de quienes, a través del manejo del Estado, ejercen el poder político para organizar de un modo –su modo– específico una sociedad determinada.

Esta narración alcanza ya una extensión enorme; sin embargo, resulta insuficiente aún para describir el tamaño de los atropellos gubernamentales cometidos hasta ahora contra los ambulantes de la 28 de Octubre, el líder y su familia. Va quedando claro que expresiones como “aplicar la ley”, “apegado a la ley” o “apegado a derecho” son el refugio donde se resguardan los actos arbitrarios del gobierno aprovechando que al grueso de la sociedad el lenguaje jurídico le resulta ajeno en buena medida por su choque con el lenguaje coloquial, por el desconocimiento de lo que mira como una muchedumbre de leyes, y la incomprensión de una estructura de poder estatal que se le sobrepone, e impone la creación, aplicación e interpretación de las leyes. La carencia de una visión integral sobre el derecho y el Estado impide, socialmente, ver al orden jurídico como el instrumento de imposición de un orden social.

En el orden social que, coyunturalmente pero con pretensiones de permanencia y ampliación, ha instalado el gobierno del señor Moreno Valle no caben la verdad política, la crítica de los actos de gobierno ni el civismo ciudadano. Precisamente éste último es el que ha demostrado que las alusiones discursivas de los funcionarios sobre la aplicación de la ley; que la ley no se pacta, no se negocia ni se retuerce; que en Puebla no hay presos políticos; que la existencia de éstos es una percepción inducida y no una realidad; que el gobierno conduce sus actos con apego a derecho, etcétera; son poses lingüisticas con las que se busca ocultar una realidad política de plano inaceptable.


El paso del tiempo ha demostrado que la decisión política de perseguir judicialmente a los miembros de la 28 de Octubre no fue prudente; pero sostenerla, luego de casi dos años de conflicto y los resultados jurídicos obtenidos hasta ahora, induce a cuestionar lo que ya se aprecia como uso irracional y faccioso de las instituciones buscando destruir o someter a la organización; despojar, violentamente, a los legítimos propietarios que son los locatarios, del predio que ocupa el mercado Hidalgo y castigar la resistencia de lucha mostrada por los ambulantes con algún “coletazo” antes de partir formalmente. Esta tozudez se convertirá en lastre para las aspiraciones del “nuevo prescindible”.

Las poses lingüísticas aparecen ahora acompañadas de una pequeña extravagancia oficial. La Procuraduría, luego Fiscalía, dejó de lanzar sus encendidos boletines de prensa defendiendo la legalidad de la prisión de Simitrio; su lugar ha sido retomado por la Secretaría de Gobierno cuyo boletín del 25 de octubre, difundido en gran cantidad de medios, exhibió el rótulo: “Proceso de Rubén Sarabia Sánchez apegado a derecho”. En su texto dicha dependencia sostiene dos afirmaciones contundentes: “no existe resolución de 5 de abril de 2001” y “se tergiversa el hecho de que el ministerio público pidió la revocación de un beneficio concedido en una resolución que si existe, pero equivocó la fecha”.

Como se sabe, Simitrio está preso desde el 19 de diciembre de 2014 a causa de que por petición directa en ese sentido del ministerio público, la juez penal determinó: “Se revoca la libertad derivada de la quinta fase del tratamiento preliberacional otorgada por el entonces Secretario de Gobernación, por acuerdo del gobernador del Estado, con fecha 5 de abril del año 2001. Segundo. Se libra orden de detención en contra del sentenciado Rúben Sarabia Sánchez”. ¿Qué seriedad política tiene la postura pública de la Secretaría General de Gobierno saliendo a decir, en el boletín difundido, que el ministerio público se equivocó de fecha; que la resolución de 5 de abril de 2001 no existe; y, que el proceso está “apegado a derecho”? Como posición política es abierto engaño a los poblanos; como argumento jurídico es insulto a su inteligencia; como discurso es una burla hacia Simitrio y, como actitud, demuestra prepotencia y abuso en el ejercicio del poder.

Este manejo político de la inexistencia de una resolución gubernativa y del equívoco ministerial es un distractor que pretende ocultar el cúmulo de arbitrariedades existentes en el caso. La resolución judicial de 18 de diciembre de 2014, con base en la que Simitrio fue encarcelado, se fincó en un absurdo jurídico. Este absurdo quedó evidenciado en dos sentidos: uno, el orden jurídico mexicano, su marco constitucional, la legislación que lo integra y la estructura jurídica del estado, no contemplan que una juez penal pueda revocar un acto de gobernador; y, dos, imponerlo como acto de autoridad cuando la ley no lo establece, es evidencia clara de violación al principio de legalidad que debe observar toda autoridad. Fue un invento sacado de la manga; pero por ilógico, antijurídico o pedestre que parezca, así ocurrió. Para sostener el invento, provocaron intencionalmente la indefensión de aquél. La juez ordenó “gírese oficio al Procurador de Justicia del Estado, para que… o internen en el Centro de Reinserción Social de esta Ciudad…a fin de hacerle saber el motivo de la revocación de libertad preliberatoria”.

A dos años del encierro, a pesar de que la justicia federal le concedió amparo el 30 de junio dándole la razón a su reclamo de prisión injusta; que ya quedó sin efecto (anulada) la resolución que sirvió para encarcelarlo; e incluso, que la sentencia del proceso 113/1989, quedó cumplida desde el 10 de enero de 2015, se le mantiene en reclusión. ¿Esto es lo que al gobierno de Puebla le parece o entiende como un proceso apegado a derecho? Solo los poblanos pueden detener esta embestida de fuerza que se va extendiendo cobijada en el falso discurso de la aplicación de la ley.