Simitrio: el derecho al revés / L

Una pequeña banderita ondea en oficinas gubernamentales que, a modo con los tiempos de la globalización, luce la leyenda “legalidad for sale”. En Puebla –desde luego, no sólo aquí– es la señal inequívoca de que rebasamos los tiempos de la civilización y arribamos a los de la barbarie: la descomposición social como tarea de gobierno y obra de estado. Su expresión concreta se observa en la parálisis que colapsa al “sistema de justicia” y en la venta, al mejor postor, de aquello que tenga que ver con una declaración de “legalidad” para todo tipo de actos incluyendo los que la letra de la ley considera delictuosos. Por más que se quiera voltear para otro lado, las palabras de Marx tienen eco: “Por último llegó un momento en que todo lo que los hombres habían venido considerando como inalienable se hizo objeto de cambio, de tráfico y podía enajenarse. Es el momento en que incluso las cosas que hasta entonces se trasmitían pero nunca se intercambiaban, se donaban pero nunca se vendían, se adquirían pero nunca se compraban, tales como virtud, amor, opinión, ciencia, conciencia, etcétera, todo, en suma, pasó a la esfera del comercio. Es el tiempo de la corrupción general, de la venalidad universal, para expresarnos en términos de economía política, el tiempo en que cada cosa moral o física, convertida en valor venal, es llevada al mercado para ser apreciada en su más justo valor.”

La configuración de relaciones políticas mafiosas en diversas dependencias estatales (http://archivo.econsulta.com/blogs/ corte/?tag=juancarlosproaldiezdeurdanivia) ha dado pie al surgimiento de un entramado de trampas en el manejo de los asuntos litigiosos en materia de procuración e impartición de justicia (http:// www.lajornadadeoriente.com.mx/2016/10/03/fiscaliamanipulacambiodefensoresbeneficiardelincuentes/) propio de circunstancias gubernamentales en las que el manejo inmoral de la institucionalidad aparece como norma de su conducción. ¿Cuál es el sentido de gobernar un Estado mirando impasible cómo la sociedad en que vives, a la que organizas y diriges, se desgarra y se desangra con la muerte, la trata y la desaparición de sus mujeres? ¿Qué sentido tiene desvencijar las instituciones encargadas de perseguir el delito y administrar la justicia, cuando el grueso de la sociedad enfrenta y sufre el despojo, el robo, el maltrato, la privación de derechos, o hasta de la vida? ¿La acción de gobernar es causa y el desastre social su resultado? ¿Qué tipo de sociedad se aspira a modelar y forjar? ¿Ésta es la manera de convivir que deseamos los poblanos? ¿Pues qué tipo de personas son las que así gobiernan?

El caso de los feminicidios muestra, con suficiente claridad, que la sola exigencia de inclusión de nuevas figuras de delitos en los códigos –por ejemplo, feminicidio para distinguirlo de homicidio– no resuelve la problemática social planteada (http:// www.lajornadadeoriente.com.mx/2016/10/06/feminicidiostrataydesaparecidas/); es decir, que no se sigan cometiendo asesinatos de mujeres (ni de hombres tampoco); y que, dado el caso, la autoridad muestre voluntad y actividad real para perseguir a los delincuentes sin artilugios de ninguna clase. Aun con su inclusión en la ley penal, por vía de interpretación, la autoridad conserva íntegra la facultad de decidir en qué circunstancias hay feminicidio y en cuáles no. Lo peor de todo, radica en que ya reconocida la existencia del delito, en los hechos sean la abulia, indolencia, torpeza –auténticas o premeditadas– las respuestas de la autoridad frente a las víctimas y la sociedad (http:// www.lajornadadeoriente.com.mx/2016/10/04/victorcarrancabourguetfiscalgeneralpueblareconocesolo42feminicidiosesteano/), y (http://www.econsulta.com/nota/20161004/seguridad/son42losfeminicidiosylamayoriaestanresueltosdicetitulardesgg).


Al decir que la legalidad está en venta queremos indicar que éste atributo del poder del Estado que permite imponer socialmente, a los actos de conducta de los seres humanos, los calificativos de “legal” o “ilegal”, es el que ha sido colocado en condición de artículo de comercio susceptible de ser comprado a personas que, ostentando cargos públicos, lo venden. No es justicia lo que se vende; se compra una decisión de poder. La historia del mundo enseña que el abuso de este atributo estatal en manos de gobernantes intolerantes y autoritarios ha dado las peores muestras de atrocidad hacia colectividades de seres humanos indefensos. El holocausto, el apartheid, la esclavitud y otros ataques inmisericordes e inhumanos gozaron del calificativo de “legales” y con solo ese respaldo, los detentadores del poder estatal los perpetraron. La legalidad en cada sociedad adquiere cuerpo en el conjunto de calificaciones de “legal” que un Estado hace sobre sus propios actos de autoridad. Una legalidad concreta y específica define, en realidad, al régimen político imperante en una sociedad.

La impunidad, como legalizada inacción de la autoridad, se convierte en la cotidiana forma estatal de trato hacia personas que por su condición social gozan de algún tipo de poder y lo utilizan para delinquir, en perjuicio de otras que carecen de él y, por ello, viven su vida en la zozobra, la inseguridad y la indefensión. El acto gubernamental que la hace posible es la falta de voluntad política para combatirla, cristalizade con la falta de asignación presupuestal para la realización de tales tareas (http://www.econsulta.com/ nota/20161006/ciudad/soloendiscursoquedacombatelaimpunidadenpueblaacusan). El problema se vuelve mayúsculo, deja de ser legal y se convierte en esencialmente político dado que, en nuestro modelo de estado, la persecución del delito corresponde exclusivamente al poder ejecutivo. Luego, la conversión del Poder Judicial en simple apéndice y un congreso erigido en decadente especie de corte del rey, son los restantes elementos que han dado lugar a esta “legalidad” que asfixia a Puebla y está descomponiendo su vida social.

El conflicto que vive la 28 de Octubre, derivado de la agresión gubernamental, se enmarca dentro de este mosaico de falsa legalidad e inmoral manejo de la institucionalidad. Explica la prisión y procesamiento de sus líderes y militantes como decisión de poder insensible, irascible, perverso; tan lamentable y reprochable como su pasividad ante una solapada criminalidad que gozando de impunidad, acumula riqueza y poder mal habidos a costa del sufrimiento de infinidad de familias poblanas. Dentro de sus posibilidades, con claridad de objetivos, con sus presos, procesados y perseguidos, despojados y bajo la cobarde amenaza que se esconde en el anonimato; la UPVA ratifica su decisión de seguir luchando por un modelo de sociedad, donde el respeto al derecho ajeno sea el valor de intercambio entre quienes habitamos este hermoso suelo.