Simitrio: el derecho al revés / L

“La aplicación de la ley” en Puebla trasmutó en camisa de fuerza que somete a las mayorías sociales y está siendo usada para tejer relaciones de poder político faccioso con objetivos transexenales. Esa frase con que el gobernador Moreno Valle cobijó, respaldó y quiso justificar sus excesos de poder arropándolos bajo la presunta bandera de la “legalidad”, en el conflicto que enfrentan Simitrio y la 28 de Octubre, ha degenerado en un grotesco disparate jurídico y político que exhibe las formas en que los personeros del poder se pitorrean de los derechos humanos y de todo lo que de ellos digan la Constitución y las leyes.

Un poco de memoria –o la relectura de esta narración– sirve para ilustrar esta afirmación. En escrito presentado el 18 de diciembre de 2018, dirigido a la Juez Quinto Penal –proceso 113/1989– la agente del Ministerio Público, Claudia Lizzete Cajica Morales, pidió: “Cuarto. Objeto. La presente solicitud tiene por objeto que se revoque la resolución de fecha 5 de abril de 2001, emitida por el entonces Secretario de Gobernación por acuerdo del gobernador del estado, por la que se autorizó al sentenciado Rubén Sarabia Sánchez o Simitrio Zempoasquello Zitla, la quinta fase del Tratamiento Preliberacional…”.

En resolución del mismo día, Olga Margot Cortés León, Juez Quinto Penal, determinó: “Primero. Se revoca la libertad derivada de la quinta fase del tratamiento preliberacional otorgada por el entonces Secretario de Gobernación, por acuerdo del gobernador del estado, con fecha 5 de abril del año 2001. Segundo. Se libra orden de detención en contra del sentenciado Rubén Sarabia Sánchez o Simitrio Zempoasquello Zitla, para tal efecto gírese oficio al Procurador General de Justicia del Estado, para que ordene a quien corresponda de cumplimiento a la presente orden detención, y lograda que sea, lo internen en el Centro de Reinserción Social de esta Ciudad, debiendo informar a esta autoridad de manera inmediata el cumplimiento de dicha orden, a fin de hacerle saber el motivo de la revocación de libertad preliberatoria.”


Con base en esta orden judicial, al día siguiente 19 de diciembre de 2014, Simitrio es llevado a prisión, privándole de su libertad sin haber sido oído en su defensa en ningún momento pues, como se aprecia de la determinación de la juez penal, primero se le internó en la cárcel para luego hacerle saber el motivo de la revocación de su libertad preparatoria. Así se dio la violación a la Constitución y a sus derechos humanos. Luego, en el expediente del juicio de amparo planteado por Simitrio, resuelto mediante la sentencia de revisión número 369/2016, que le dio la razón y le concedió el amparo; en la parte final de la hoja 90 se indica expresamente que fue por acuerdo del gobernador de fecha 5 de abril de 2001, que se le concedió la quinta fase del tratamiento de preliberación.

Aún más. En fase de cumplimiento de la sentencia de amparo, Venustiano Islas López, nuevo Juez Quinto Penal, estableció en resolución del 2 de septiembre pasado: “Segundo. En base a los razonamientos vertidos en el cuerpo de la presente resolución esta autoridad no tiene competencia para revocar la resolución de fecha 5 de abril de 2001, emitida por el entonces Secretario de Gobernación, por la que se autorizó al sentenciado Rubén Sarabia Sánchez o Simitrio Zempoasquello Zitla, la quinta fase del tratamiento preliberacional dentro del proceso número 113/1989.”

Este relato ha dado cuenta puntual de nuestro reproche, no solo de la perversidad con que se maneja la institucionalidad del estado para fines económicos –expoliando al grueso de los poblanos para favorecer intereses de una élite– y políticos –la formación de una facción para intentar la caza de la presidencia del país–, sino también de aquella que se imprime sobre el concepto de “legalidad” como mecanismo de gobierno para la imposición autoritaria de “su” voluntad política. Puebla pasará a los anales de la historia del derecho como el único estado que ha puesto a una juez penal a revocar un acto administrativo de gobernador; y, a una juez de ejecución a reimponer penas ya declaradas extintas. La ignorancia del significado de las instituciones jurídicas y la violación de todo principio constitucional convertidos por el poder político en la forma “legal” de fastidiar la vida de un inocente.

La secuela de este conflicto demuestra que nuestra crítica se quedó corta; que si suponíamos que tales acciones eran las peores que una atolondrada cabecita de gobierno podía poner en práctica, nos equivocamos. Topamos ahora con el acuerdo de fecha 5 de septiembre pasado, dictado por el secretario general de Gobierno, Diódoro Humberto Carrasco Altamirano, sosteniendo que: “Así lo acordó y firmó por acuerdo del C. Gobernador Constitucional del Estado”. ¿Y qué dice este documento? ¡Nada más miren! Este acuerdo contiene una expresión ofensiva para la inteligencia: “…tomando en consideración que no existe resolución del 5 de abril de 2001…”. Es decir, después que ministerio público, juez penal y magistrados federales vieron la resolución del 5 de abril de 2001 y trabajaron con ella; que la “revocación” de esa resolución fue la base creada para dar apariencia legal al encarcelamiento de Simitrio; ahora resulta que el señor gobernador y su secretario salen a decir –tan quitados de la pena– que tal resolución “no existe”. ¡Alguien está mintiendo! La pregunta es ¿por qué lo hace? ¿esconder algo así como una responsabilidad por el atropello?

La afirmación es falsa. Pero, aun trabajando con ella como hipótesis, es indudable que el gobierno se ha colocado ya en el lugar que la historia reserva a la ignominia. Si existe, ya demostramos que tal resolución no debió ser revocada y, por tanto, que nunca existió base legal para encarcelar a Simitrio quien debió obtener su libertad absoluta desde el 10 de enero de 2015. Si no existe, tanto peor; se demuestra que se fraguó un complot de Estado, abusando de la fuerza para encarcelarlo, sostener la andanada de golpeteos políticos contra la 28 de Octubre, desatar las inmoralidades institucionales que tienen en prisión a sus hijos y a Fernando Alonso; procesadas a la esposa, a la nuera y a dos militantes más; abonando terreno al juego sucio de las intimidantes amenazas desde el anonimato. La reclusión de Simitrio dura 22 meses. ¿Destruir un líder, una familia, una organización? ¿Quitar escollo a algún apetito inmobiliario por el predio del mercado Hidalgo? La política se ha ensuciado desde arriba.