La semana pasada en este mismo espacio y a raíz del discurso que Rafael Moreno Valle brindaba el 15 de enero como parte de su Cuarto Informe de Gobierno, donde resaltaba la necesidad de un acuerdo social, me preguntaba, ¿entre quiénes?, y lo hacía ya que el mandatario decía “México demanda un nuevo acuerdo social, que permita la consolidación, de un estado moderno, y que sea un punto de encuentro, entre las demandas sociales y las respuestas gubernamentales. Un acuerdo en el que el gobierno y los ciudadanos cumplan con sus obligaciones y todos los mexicanos, puedan ejercer sus derechos. Un acuerdo, en el que se transformen las inquietudes sociales, en respuestas públicas, por cauces institucionales”.
La interrogante sigue ahí, ya que desde mi punto de vista las inquietudes y resistencias sociales que derivan de diferentes posiciones frente a nuevos proyectos, que por lo menos en teoría, buscan beneficiar a la población en general, representan aspiraciones y construcciones contrapuestas en materia de construcción de país. Desde lo institucional existe una narrativa que si bien se busca el bienestar de la población, en lo específico se pasa por encima del interés y patrimonio de pueblos y personas, que en aras del “beneficio común”, traducido en causa de “utilidad pública”, deben sacrificar sus formas de vida y patrimonio, en beneficio de otros.
Una parte significativa del patrimonio natural en el país, tierra, agua y bosques, se encuentra en manos de ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, justamente dichos recursos son demandados por los proyectos de infraestructura nacional y estatal que requieren la expansión del capital y sus diversos ámbitos de negocios, donde los gobiernos en sus diversos niveles fungen como intermediarios de esas inversiones. Dicho de otra manera, los gobiernos actúan como inmobiliarias cuando se trata de conseguir tierra (siempre ligada a la disponibilidad de agua) para nuevos proyectos; el caso de Volkswagen y más recientemente Audi están como ejemplos para demostrarlo. Se compra barato mediante expropiación para entregarlo mediante una serie de artificios legales, comisiones y mochadas de por medio, de las empresas desarrolladoras en la zona, al mismo que se usan los recursos públicos, es decir el dinero de todos para crear nueva infraestructura vial y de conectividad para beneficiar la libre circulación de mercancías; siendo validada socialmente bajo el discurso de las necesidades sociales, en el marco del desarrollo.
Tampoco es fortuito el enriquecimiento de un sector de la burocracia estatal, que al amparo del poder político se fue convirtiendo en parte del poder económico, a partir de esa función de intermediación, que implica también resolver los conflictos que se deriven de las acciones emprendidas en materia de expropiación. Expropiar la tierra a los productores campesinos, en un contexto de desvalorización de las actividades agropecuarias, bajo el manto de los procesos liberalizadores y de globalización, significó el rompimiento definitivo del pacto social emanado de la Revolución y basado en el proceso de reforma agraria.
Sellar otro pacto que rebasará los acuerdos entre distintos segmentos del capital que operan en distintos ámbitos y actividades en el territorio nacional partiría del compromiso de respetar en primera instancia las decisiones ejidales y comunales y en los casos de consenso ser beneficiarios de la expansión con una parte de las ganancias traducidas en renta de las nuevas inversiones. Hoy buena parte de las tierras ejidales y comunales son consideradas como reservas territoriales para la expansión de las urbanizaciones, de la industria, de la minería, entre otras, donde los núcleos de población ahí asentados buscan ser desplazados sin mayores consideraciones, o sometidos a una dinámica ajenas a sus formas de vida.
Por ello, un nuevo acuerdo social que frene el despojo y por tanto la inconformidad debería plantear formas novedosas de compartir y reconocer la propiedad territorial y las formas de participación económica y social en los proyectos, para los cuales deben ceder parte de su patrimonio. Por ahí podríamos comenzar, aunque creo que la legislación en materia de reformas legislativas a nivel nacional y estatal va en contra de cualquier pacto social que involucre a pueblos y comunidades que detentan en sus manos el patrimonio natural.