Si se desiste de amparo por retiro del registro civil, podrían liberar a edil de La Resurrección

El Movimiento por la Alternativa Social (MAS) y la defensa legal del alcalde del pueblo náhuatl de La Resurrección, Sabino Leonardo Báez Serrano, dieron a conocer que la condición para otorgar la libertad al presidente auxiliar es que firme un desistimiento del amparo que interpuso para la defensa del registro civil y que disuelva la Asociación Civil Juntas Auxiliares por México (Jamac).

Además –revelaron– el edil de extracción panista tiene que firmar la entrega del registro civil al municipio y comprometerse a evitar la operación política para cualquier grupo y partido político.

“Solo así podrá abandonar la celda en el penal de San Pedro Cholula”, denunciaron en su defensa desde el campamento que mantiene el MAS en el zócalo capitalino, para exigir la liberación de 41 presos políticos del gobierno morenovallista.


En rueda de prensa, los dirigentes sociales y litigantes declararon a Sabino Leonardo Báez preso de conciencia, dado el proceso plagado de irregularidades que se encuentra en el Juzgado de lo Penal de Cholula.

Los declarantes exigieron la inmediata liberación del alcalde de La Resurrección, así como de los últimos presos detenidos en San Bernardino Chalchihuapan y San Andrés.

También acusaron que el presidente auxiliar alcanza fianza por los delitos que se le imputan; sin embargo, el juez de Cholula, Alejandro León Flores, y el secretario Salvador Hernández Marines han informado que “por órdenes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado tiene que permanecer en prisión”.

Ese sentido, dijeron que existen prácticas dilatorias por parte del juez, quien se niega fijarle la caución respectiva.

En su intervención, Marcelo Bonilla informó que el delito que le fue fabricado para su encarcelamiento fue “desobediencia y resistencia de particulares” según el proceso legal número 457/2014.

Relató que al edil auxiliar nunca se le envió algún citatorio judicial para que se presentara a declarar ni se le notifico que tenía orden de presentación, y que inclusive subió a una patrulla del gobierno capitalino bajo engaños.

Ricardo Jiménez Ávila, del MAS, expuso que Sabino Leonardo Baez recibió la visita de agentes de la Policía Ministerial en su oficina de la presidencia auxiliar y fue “invitado” a acompañar a los uniformados para que identificara físicamente los “foco rojos” de inseguridad de La Resurrección.

Sin embargo, expuso que una vez que el presidente intentó bajar del vehículo oficial este seguía en marcha. Cuando Sabino intentó bajarse por la fuerza, los agentes ministeriales lo aprendieron y lo acusaron de resistirse.

“Su detención fue de carácter político, por lo que señalamos que Sabino Leonardo Báez Serrano, presidente auxiliar del pueblo indígena de La Resurrección, es un preso político y exigimos su inmediata liberación”, demandó el dirigente.

De acuerdo con el artículo 201 del Código Penal del estado, “se impondrá de uno a dos años de prisión y multa de dos a 20 días de salario al que empleando la fuerza, el amago o la amenaza, se oponga a que la autoridad pública o sus agentes ejerzan alguna de sus funciones o se resista al cumplimiento de un manda, que sea legítimo y se ejecute de forma legal”.

Además, los declarantes retomaron la demanda de juicio político al gobernador Rafael Moreno Valle, al secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas y al procurador de Justicia, Víctor Carrancá, por sus excesos de poder.

Finalmente, Hilario Gallegos, miembro activo del PAN y delegado estatal de este instituto político, pidió al dirigente Rafael Micalco que abogue por el edil de La Resurrección, pues de antemano sabe que su detención es irregular.