Senadores del PRD, contra represión de Rafael Moreno Valle Rosas

La vicecoordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado de la República, Dolores Padierna Luna, presentó ayer en la Cámara Alta un punto de acuerdo, en cuya exposición de motivos se exhiben los abusos que ha cometido el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, en contra de los pueblos y presidentes de juntas auxiliares, ciudadanos y activistas que se le han opuesto o disienten de sus políticas.

El planteamiento fue turnado a la Comisión de Derechos Humanos del Senado y en él se acusa que el encarcelamiento de los alcaldes subalternos “y los otros 44 presos políticos en el estado de Puebla manifiestan la imposición de la voluntad de una persona por encima del sentir popular”.

El punto de acuerdo contiene tres propuestas, la primera, que el Senado de la República solicite a la Procuraduría General de Justicia de Puebla “entregar un informe con respecto al proceso penal y la detención en contra de Jairo Javier Montes Bautista”, edil de San Bernardino Chalchihuapan, “por posibles violaciones al debido proceso”.


También sugiere que la Cámara Alta pida a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Puebla “un informe acerca de las detenciones de los ediles auxiliares Jairo Javier Montes Bautista, de San Bernardino Chalchihuapan, Leonardo Sabino Báez Serrano, de La Resurrección, y Raúl Pérez Velázquez, de San Miguel Canoa, para asegurar que en ningún momento hubo violación a los derechos humanos de los detenidos ni al debido proceso”.

Asimismo, plantea que el pleno de los ocupantes de escaños requieran a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos “un informe sobre el grado de cumplimiento por parte del gobernador del estado de Puebla a los 11 puntos de la Recomendación 2VG/2014 del 11 de septiembre de 2014 y, de no existir un avance significativo en su cumplimiento, las acciones que llevará a cabo con el fin de sancionar el incumplimiento”.

 

Los abusos

 

Los principales puntos de la exposición de motivos, redactados por la senadora Dolores Padierna Luna, se transcriben a continuación:

“El gobernador Rafael Moreno Valle ha sido señalado en diferentes espacios por la situación tan delicada que viven los derechos humanos en el estado de Puebla. Hace poco se le acusó de aumentar la represión al detener al alcalde auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, Jairo Javier Montes Bautista. Las acciones para la detención del edil auxiliar implicaron la utilización de 20 vehículos y la fuerza de 100 policías ministeriales. Los hechos ocurrieron en la madrugada del viernes 21 de noviembre alrededor de las 3:40 horas.

“La defensa del edil auxiliar tuvo que trasladarse por su propia cuenta al Centro de Reinserción Social (Cereso) del municipio de San Miguel, sin conocimiento de los delitos que le fueron imputados al detenido. Horas después de la detención un comunicado oficial dio a conocer que Javier Montes fue detenido por los delitos de tentativa de homicidio; privación ilegal de la libertad, motín y ataques a las vías de comunicación.

“El edil auxiliar en cuestión tenía una orden de aprehensión en su contra, derivada del proceso 439/2014 radicado en el Juzgado Tercero de lo Penal; sin embargo, se estima que dicha orden se giró a partir de motivaciones políticas. El gobierno del estado justificó la orden de aprehensión con base en una resolución emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a pesar de que el gobierno de Rafael Moreno Valle sigue sin atender en su totalidad las 11 recomendaciones emitidas por la misma CNDH en la Recomendación General 2VG/2014, referente los acontecimientos de Chalchihuapan que resultaron con la muerte del niño José Luis Tehuatlie.

“Es de destacar que Javier Montes Bautista se ha manifestado en contra de Rafael Moreno Valle a fin de respaldar a los habitantes de Chalchihuapan, siendo orador en distintos foros, donde ha narrado los hechos de la represión del 9 de julio por parte de las fuerzas del estado en contra de la comunidad.

“Javier Montes pertenece a la dirección de la Coordinadora Estatal por la Defensa de la Identidad de los Pueblos (CEDIP), la cual busca otorgar a las comunidades indígenas el derecho de contar con sus propias oficinas de registro civil, jueces de Paz, Policía y Ministerio Público; derecho que perdieron tras las modificaciones legislativas a la Ley Orgánica Municipal, impulsadas por el gobernador en 2013.

“El apoyo de Javier Montes y de su familia hacia Elia Tamayo, madre de José Luis Tehuaitlie Tamayo, quien perdió la vida tras la represión del 9 de julio, también han sido vistas como afrentas directas contra el gobernador; puesto que los hechos del 9 de julio han atraído el interés de distintas agrupaciones y activistas internacionales.

 

Detenciones políticas

 

“La detención de Javier Montes Bautista no es única en su especie. Tan solo en dos meses, tres ediles auxiliares han sido detenidos. Todos ellos se opusieron a las nuevas disposiciones estatales que retiró a las juntas auxiliares el servicio de registro civil.

Se cuenta con el antecedente de que el pasado 17 de octubre se dio la detención del edil auxiliar del municipio La Resurrección, Leonardo Sabino Báez Serrano, quien a su vez es militante del Partido Acción Nacional. Actualmente él también se encuentra recluido en el penal de San Miguel. Originalmente fue detenido por delitos de uso indebido de funciones y resistencia; luego, tras el pago de una fianza de 50 mil pesos, se liberó una segunda orden de aprehensión por el delito de peculado.

“Al igual que lo ocurrido contra Javier Montes, los abogados de Leonardo Báez aseguran que el motivo real de la detención tiene un origen de carácter político, pues el edil auxiliar de La Resurrección promovió el amparo 1058/ 2014 en el Juzgado Noveno de Distrito contra la reforma a la Ley Orgánica Municipal.

“La segunda detención de un funcionario municipal aconteció el viernes 31 de octubre, cuando la Policía Ministerial del estado detuvo al edil auxiliar del municipio San Miguel Canoa, Raúl Pérez Velázquez, afuera de las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del ayuntamiento. Los delitos que se le imputan a Raúl Pérez son robo, amenazas y privación ilegal de la libertad. En fecha reciente los hijos del detenido dieron a conocer que ahora también existe una orden de aprehensión contra el suplente de Pérez Velázquez, Félix Flores García, con lo que ha generado el temor de que se emitan más órdenes de aprehensión contra los miembros del cabildo y así imponer a los allegados del gobernador y del edil.

“Además de los ediles auxiliares se tiene registrado que en los seis últimos meses se ha encarcelado a un total de 44 pobladores, entre ellos presidentes municipales, defensores de derechos humanos, líderes sociales, amas de casa e indígenas. Todos ellos son presos políticos por manifestarse abiertamente contra el gobierno del estado.

“Las noticias de la detención generaron una reacción inmediata de repudio. La diputada federal Roxana Luna dio a conocer por medio de las redes sociales la noticia del arresto e hizo un llamado a la organización popular.

“Paralelamente, el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla lanzó un comunicado a favor de Javier Montes, por su papel en defensa de los derechos de la comunidad y la exigencia de justicia tras la represión del 9 de julio. También acusaron la acción del gobierno estatal de ser arbitraria, exigieron al procurador del estado actuar con rectitud y pidieron la intervención de las Comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos”.