La secretaría de Gobernación federal evadió dar respuesta precisa a diez puntos a atender que le expuso el Instituto para la Gestión, Administración Administración y Vinculación Municipal (Igavim) desde el pasado 31 de mayo, los cuales tienen como objetivo detener el incremento de la incidencia delictiva y violencia en el estado de Puebla.
En un documento emitido por la dependencia a cargo de Alfonso Navarrete Prida, únicamente se enlistan una serie de acciones de combate al delito en territorio poblano, pero no se responde a cada una de las peticiones hechas por el citado observatorio ciudadano.
Por ejemplo, se menciona que el 2 de mayo del presente año el gobierno estatal asumió el control de la seguridad pública en San Martín Texmelucan y la ubicación por parte de la Fiscalía General del Estado de videos que permitirán esclarecer quiénes arrojaron cuerpos desmembrados en la vía pública de ese municipio.
“Para el caso de la entidad poblana es menester continuar trabajando con su gobierno, quien tiene la potestad de accionar la actuación de las fuerzas policiacas, por lo que mantendremos contacto con el director general de Gobierno, Lic. Luis Carlos Migliavacca Monroy a quien turnaremos escrito para los efectos procedentes en el ámbito de las atribuciones del Estado Libre y Soberano de Puebla (sic)”, se expone en el oficio emitido por la secretaría.
Sin embargo, la petición original del Igavim no era obtener un informe, sino que la Segob exhortara a los 217 municipios a realizar diagnósticos delictivos certeros que incluyan la percepción ciudadana, identificación y jerarquización de los factores de riesgos internos, externos, los indicadores geoespaciales delictivos y las necesidades de seguridad publica cada localidad.
El instituto también solicitó que los 35 municipios con indicadores de esparcimiento y migración de la incidencia delictiva, trabajen en conjunto con el gobierno estatal para conocer la movilidad de los delincuentes y el paradero de las armas de fuego utilizadas por estos.
Otro punto que exigió el instituto es que el gobierno del estado de Puebla dé a conocer los resultados, fortalezas y debilidades que se generaron con el convenio que firmaron la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla y la de Veracruz el día 3 de julio de 2014, con vigencia de dos años y que presumiblemente serviría para detectar y jerarquizar riegos y necesidades en las estrategias a desarrollar por los gobiernos de ambas entidades.
