Ayer obtuvieron su auto de formal libertad la ex presidente del Comisariado Ejidal de San Felipe Xonacayucan, Enedina Rosas Vélez, opositora al gasoducto del Proyecto Integral Morelos, y los hermanos Primo Manuel y Albino Tlachi Valencia, encarcelados por defender el patrimonio arqueológico de Cholula, frente al proyecto del parque de las Siete Culturas.
Debe quedar claro que la libertad de estos tres luchadores sociales no es una concesión del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas o producto de una negociación, sino que es el resultado de que los equipos de abogados de cada uno demostraron con pruebas fehacientes su inocencia.
Es así que la victoria legal de estas personas, que perdieron parte de su existencia tras las rejas acusados de delitos que jamás cometieron, demuestra que su encarcelamiento, como el de otros cientos que han pisado las prisión en este sexenio y han salido o aún permanecen en cautiverio, se debió única y exclusivamente a una represión política con el fin de desactivar los movimientos sociales a los que pertenecían o encabezaban.
Se confirma, pues, que en esta administración no hay capacidad de hacer política y convencer a la ciudadanía de la pertinencia de los proyectos que supuestamente son de beneficio social o, peor aún, que en aras de obtener resultados inmediatos para las obras que se propone, el régimen morenovallista no escatima en encarcelar a gente inocente, torcer la ley y destruir o afectar cientos de vidas.
En los hechos, lo que sufrieron Enedina Rosas Vélez y los hermanos Tlachi fue un delito de Estado: un secuestro de Estado.