De manera sorpresiva y por órdenes del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial federal, el magistrado Margarito Medina Villafaña, quien en diciembre iba a asumir la presidencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, fue removido y enviado a Sinaloa, situación que tuvo que acatar y ejecutar en menos de dos días. Con ello se busca acallar el escándalo sexual que ha surgido en torno a este funcionario.
Medina Villafaña hace un par de semanas fue denunciado ante la Procuraduría General de Justicia (PGR) por la oficial administrativa Sandra Luz Mancera Franco por abuso sexual, el cual presuntamente ocurrió a lo largo de tres años, incluyó constantes agresiones físicas y fue solapado por funcionarios de esa instancia judicial. El caso cobró notoriedad porque un grupo de trabajadores se presentó ante el Ministerio Público a atestiguar que era real la acusación, y el asunto llegó hasta el Consejo de la Judicatura.
El escándalo se agudizó cuando también se supo que el actual presidente de ese tribunal, José Mario Machorro Castillo, tiene el antecedente de haber golpeado a una mujer en la vía pública en Torreón, Coahuila, razón por la cual fue detenido por la policía y tiene abierta una averiguación.
Trabajadores que laboran en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito cuentan que entre el martes y el miércoles le notificaron a Margarito Medina Villafaña que, a más tardar el día de ayer, se tenía que presentar ante un tribunal de Sinaloa, pues había sido removido de su plaza en la ciudad de Puebla. Hasta donde se sabe, el implicado acató las órdenes.
Esta decisión es deplorable y exhibe el grave deterioro de la justicia en México, ya que esa no era la solución. Lo que procedía era que se suspendiera de sus funciones a Margarito Medina, se le investigara y si resultaba responsable, se le tenía que encarcelar. Un abusador sexual es una persona enferma que no se cura cambiándola de lugar de trabajo o aplicándole una sanción administrativa; necesariamente se le tiene que internar en un penal o en un hospital psiquiátrico.
El Poder Judicial actúa con el mismo oscurantismo que la iglesia católica, que siempre se ha negado a reportar ante las autoridades a los curas abusadores de niños, a quienes siempre busca esconder como única solución. Ejemplo es lo que pasó con el sacerdote Nicolás Aguilar, a quien constantemente lo removían por sus escándalos sexuales y al lugar que lo mandaban, llegaba y volvía a violar a menores de edad.
¿Qué garantía hay que de el magistrado no va a llegar a Sinaloa y volverá a abusar de una trabajadora del tribunal a su cargo? Si es real la acusación que pesa en su contra, seguramente en muy poco tiempo habrá alguien que se sienta hostigado sexualmente por dicho personaje.