Falta de transparencia en el manejo de recursos públicos y donaciones, ineficiencia de las tareas de reconstrucción y acciones preventivas así como la falta de claridad e inconsistencias en la información sobre damnificados, fallecidos y daños estructurales son los saldos del sismo del 19 de septiembre del 2017.
Así lo dio a conocer a través de un comunicado de prensa la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a un año del sismo que originó -según cifras oficiales- 470 personas fallecidas, mil 372 hospitalizadas y 209 mil 334 viviendas, 938 unidades médicas y 16 mil 795 escuelas con daños estructurales que el gobierno federal y los gobiernos de Chiapas, Guerrero, México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México se comprometieron a rehabilitar.
El organismo aseguró que no existe coordinación entre el gobierno federal, los gobiernos estatales e instituciones para reportar cifras, lo cual refleja poca capacidad de depurarlas, conocerlas y conciliarlas a modo de dimensionar lo ocurrido y así facilitar el esclarecimiento en el uso de recursos públicos y de donaciones destinados a personas damnificados en cumplimiento con los ofrecimientos de reconstrucción y rehabilitación de inmuebles. Para el caso educativo ocurre lo mismo, las entidades federativas señalan 16 mil 795 escuelas afectadas y el Gobierno Federal 14 mil 876; mientras los estados afectados reportan mil 521 escuelas con daño total, la federación reporta solamente 200.
Asimismo se exhibió la negativa por parte de instancias gubernamentales para permitir a la CNDH acceder a la información y transparentar la administración y distribución de recursos públicos, como la entrega de tarjetas de recursos del Fideiscomiso Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) por parte de Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito (BANSEFI) donde se emitieron diversas tarjetas a nombre de una sola persona, ante esto el banco informó que solamente se entregó una tarjeta y el resto permanecen bajo resguardo en una bóveda del mismo banco, sin embargo, cuando la CNDH solicitó el avistamiento de las tarjetas se les negó el acceso.
Para el caso de la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una CDMX cada vez más Resiliente, se observa que cuenta con más de 6 mil 855 millones de pesos para el 2018. Dentro de su plataforma pública se puede consultar el monto aprobado para su ejercicio futuro, más no se especifica el monto por rubros y destinos que se ha utilizado lo cual impide la transparencia clara y efectiva del recurso.
Sobre los damnificados y las víctimas, la CNDH exigió ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que se valorara el ingreso al Registro Nacional de Víctimas de 130 casos, petición que fue negada bajo argumentos que señalan la inconsistencia de información por parte de la Comisión de Derechos Humanos, a pesar que la CEAV puede hacer su propia valoración y así realizar la inscripción de los que procedan, de acuerdo a la Ley General de Víctimas.
La CNDH exige la consolidación de una cultura integral de prevención de desastres que involucre a autoridades y a la sociedad para “actuar con responsabilidad y anticipación para reducir, en medida de lo posible, las consecuencias de los fenómenos naturales que se presenten, partiendo para ello de una normativa clara y pertinente, así como de instituciones fuertes que cuenten con los recursos y capacidades necesarias para tal efecto”.
El organismo concluye exigiendo que las autoridades se responsabilicen y respondan efectivamente a las víctimas del sismo y anuncia que continuará el seguimiento minucioso de las acciones que las autoridades realicen en torno a las personas damnificadas y la reconstrucción de los inmuebles afectados.