Rodríguez Verdín, al frente de simulacro de estructura electoral de Gali

Entre los trascendidos y rumores que han empezado a surgir en torno a la movilización de electores que se prepara a favor de la coalición Puebla Unida, formada por partidos afines al gobernador Rafael Moreno Valle, se dice que este domingo se hará un ensayo en las principales juntas auxiliares de la ciudad de Puebla acerca de cómo se acarreará a miles de votantes el próximo 7 de julio a favor del candidato a edil de la capital Antonio Gali Fayad. Se dice que la operación sería coordinada por José Ventura Rodríguez Verdín, quien actualmente es el encargado de una de las áreas de investigaciones políticas del gobierno del estado, cuyos agentes son conocidos de manera peyorativa como “orejas”. Rodríguez Verdín, funcionario de origen militar, cobró fama en el sexenio de Mariano Piña Olaya por estar al frente de la entonces Dirección de Seguridad Pública y encabezar brutales operativos policiacos contra movimientos populares, militantes de izquierda, damnificados por decretos expropiatorios de tierras agrícolas y comerciantes que protestaban contra la inseguridad que en esos años privaba en el sur del estado de Puebla. Eso hizo a este personaje ser un cliente frecuente de las primeras recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se creó durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. En los sexenios posteriores Rodríguez Verdín fue relegado del control de cuerpos policiacos y se hizo cargo de labores de espionaje, reordenamiento comercial y asesoría en materia de seguridad pública. Ahora se estrena como posible operador electoral, pero por primera vez a favor de un gobierno no priista. Otro rumor insistente es que el domingo el cuartel de la operación electoral –que encabezaría Rodríguez Verdín– se podría ubicar en el salón de Gobernadores de Casa Aguayo. Si es verdad el anterior dato, ello sería una muestra de que la operación electoral de Puebla Unida tiene graves y serios problemas de diseño de tácticas y medidas de seguridad. Casa Puebla es un inmueble donde fácilmente puede ser detectada cualquier actividad atípica y que se descubra que ahí se están haciendo operaciones electorales, antes o durante, la jornada del 7 de julio. La sede del gobierno del estado es un edificio público y los dirigentes del PRI en cualquier momento se podrían presentar con un notario público –aunque suena difícil que un fedatario acepte realizar labores contra los intereses de Moreno Valle– y exigir entrar a revisar qué tipo de actividades ahí se realizan y quiénes están presentes. Es importante recordar que no es la primera vez que se cometen yerros de esta naturaleza. El año pasado fueron pillados en Casa Aguayo los panistas Néstor Gordillo y Blanca Jiménez, ambos en ese entonces eran candidatos a diputados federales, realizando –en el salón de Gobernadores– una reunión con promotores del voto del PAN. En aquella ocasión el PRI estatal era un partido controlado por el morenovallismo, y por esa razón ese escándalo no llegó a los tribunales. También se dice que el robo sufrido por el ex diputado federal Óscar Aguilar, quien es parte del equipo de campaña del candidato de la coalición Cinco de Mayo, Enrique Agüera, no es un hecho aislado, sino parecería que es parte de la estrategia de intimidación que se está generando contra los opositores de Puebla Unida. El hurto ocurrido en una oficina de Óscar Aguilar, ubicada en la colonia San Manuel –de donde se llevaron listas de operadores electorales del PRI– se suma a una larga lista de ilícitos sufridos por integrantes del primer circulo de colaboradores de Agüera Ibáñez. Cuentan que en los últimos días se han intensificado los bloqueos de señal en teléfonos celulares y redes de internet entre los miembros del equipo agüerista, en lo que parecería ser una estrategia de terror para mandarles el mensaje de que: “Sabemos todo lo qué hacen y cómo lo hacen”. Otro trascendido es que en la sede nacional del PRI se comenta que de los 14 estados en que habrá elecciones es en Puebla es donde se siente el mayor odio de un gobernador contra sus opositores, mientras en otras entidades el gobernador trata a sus adversarios como rivales políticos, en Puebla se observa a Rafael Moreno Valle como un político que seguramente buscará cobrar venganza en contra de quienes no se sumaron a su coalición de partidos políticos. Y en ese “odiometro” lo mismo entran candidatos, dirigentes partidistas y periodistas, que una vez que pasen las elecciones podrían sufrir repentinos procesos legales con la venia del Poder Ejecutivo. Se cuenta que pese a esa campaña de intimidación en el equipo de Agüera se ha preparado a la gente para resistir –o para resignarse por lo que pueda pasar– y cuidar que no haya deserciones o traiciones. Se sabe que de la eficiencia de las estructuras dependerá una derrota o victoria. Y que ante el temor de que la estructura de Agüera parece estar mejor construida y preparada para enfrentar un embate de la gente del gobernador, es que del lado de Puebla Unida existe mucha preocupación de que los equipos de trabajo no están suficientemente capacitados. A eso se debe la necesidad de que el próximo domingo se tenga que hacer un simulacro, a cargo de Rodríguez Verdín, para detectar y evitar deficiencias el día de la elección.