RMV le deja a Gali una “papa caliente” con 26 casos de presos políticos

Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad.

Al gobernador electo Antonio Gali Fayad el morenovallismo le ha heredado “una papa caliente” con el tema de los presos y los perseguidos políticos, ya que el nuevo mandatario tendrá dos opciones de camino que transitar en 26 casos de activistas que enfrentan sendos procesos penales: los libera, reconoce los excesos y sancionan a los responsables de los abusos de los agraviados; o en su defecto, continúa con la política represiva del actual sexenio y no permite que salgan de la cárcel o deja que sean reaprehendidos.

En general el actual gobierno de Moreno Valle le va a dejar a Gali tres “papas calientes”: los litigios de cientos de burócratas despedidos, el costo financiero de los Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) –de los que se especula que podría significar pasivos por más de 60 mil millones de pesos– y el tema de los presos políticos, siendo el más complicado el tercero.

Con los burócratas el grueso de los rescindidos no denunciaron o iniciaron juicios que han sido desmantelados por las trampas con que aborda los litigios el gobierno del estado.


Mientras que en el caso de los pasivos, con la opacidad que priva en el Poder Ejecutivo existe una estrategia de ocultamiento de datos que lleva a que se conozca a cuentagotas el impacto financiero de los PPS.

Mientras que con los presos y perseguidos políticos hay implicaciones jurídicas contra quienes armaron procesos llenos de anomalías.

Hay un conjunto de 21 perseguidos políticos que aunque están libres sus procesos penales están abiertos y comparten una misma característica: los acusadores son policías estatales que los señalaron de presuntamente cometer delitos de lesiones, obstrucción y ataques a vías de comunicación, junto con motín, entre otros ilícitos.

Resulta que esos policías desde hace más de un año se han negado sistemáticamente a presentarse a los juzgados para enfrentar careos, interrogatorios o hacer declaraciones, tal como lo solicitaron los defensores, por separado, de los 21 perseguidos en cuestión.

Esa reticencia tiene dos razones: por un lado es una estrategia tramposa del gobierno estatal, mejor conocida como “chicana” en el lenguaje críptico de los abogados, para alargar los procesos penales.

Por otro lado responde al miedo –justificado– de los uniformados, ya que en la mayoría de los casos a los policías solo les dieron a firmar las acusaciones.

Es decir los policías no estuvieron en el lugar de los hechos, no identificaron a los supuestos delincuentes que acusaron y no saben cuales son las circunstancias en que ocurrieron los presuntos ilícitos que reportaron.

Ese temor se generó a partir de que en el caso de la represión contra el pueblo de San Bernardino Chalchihuapan se usó la misma estrategia, se les dio a firmar las acusaciones a un grupo de agentes, quienes al caer en contradicciones los juzgados federales ordenaron su encarcelamiento por el ilícito de falsedad de declaraciones.

Los policías están temerosos porque saben que se acerca el cambio de gobierno y se acrecienta la posibilidad de que sus jefes, quienes los obligaron a firmar, los abandonen a su suerte al ser sustituidos o cambiar la política del Poder Ejecutivo sobre este tema.

Los perseguidos políticos que enfrentan estas falsas acusaciones de policías estatales son: 19 activistas del Frente Amplio Campesina de la Sierra Nevada, quienes son oriundos de Atzitzihuacan y fueron detenidos por realizar una protesta contra un supuesto fraude electoral en esa comunidad.

Otro más es Abraham Cordero, de la organización opositora al Arco Norte y uno de los líderes de mototaxistas.

Por otro lado, seguramente a Gali le será heredado el caso del líder de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, Rubén Sarabia Sánchez, mejor conocido como Simitrio, quien acaba de ganar un amparo contra la reaprehensión que sufrió hace un par de años por entrar en confrontación política con el gobierno de Moreno Valle.

De acuerdo con el recurso ganado tiene que ser el gobernador, y no un juez, quien determine si procede la reaprehensión de Simitrio –ocurrida en 2014–, puesto que el dirigente gozaba de una preliberación otorgada por el titular del Poder Ejecutivo y por ende tiene que ser éste el que determine si se violaron las condiciones de la misma.

Tanto Simitrio, junto con dos de sus hijos y el activista Fernando Alonso, quienes fueron aprehendidos entre 2014 y 2015, han venido ganando amparos y todo se acabará reduciendo a la voluntad política del gobierno del estado de tenerlos en la cárcel o liberarlos.

Algo similar pasa con Javier Montes Bautista, el edil auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, quien ha rechazado todo intento de arreglo político para ser liberado, pues busca salir de la cárcel exonerado y demostrar que sí fue un preso político.

Estos 26 casos ponen a Gali en la ruta de mostrarse como un gobernador comprometido con la defensa de los derechos humanos.

O como un político que se mostró tolerante solo durante la campaña electoral, pero que dará continuidad a la política represiva del morenovallismo.