Javier Lozano Alarcón regresó a su curul del Senado por órdenes de Rafael Moreno Valle a cumplir un doble propósito: operar a favor del pase automático de Raúl Cervantes Andrade como titular de la PGR a fiscal general de la República, y con esa maniobra, en caso de que se concrete, el ex gobernador de Puebla buscaría obtener impunidad frente a las denuncias que enfrenta por espionaje, tentativas de homicidio y posible malversación de fondos públicos.
Como parte de ese propósito, Lozano Alarcón ya regresó al Senado y ya dio el primer paso, que fue provocar que se quebrará la fracción del PAN, ya que encabeza a un grupo de legisladores albiazules que ha tomado una importante distancia del presidente del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, quien se opone a que la nueva Fiscalía General de la República (FGR) quede en manos de Raúl Cervantes, un incondicional del presidente Enrique Peña Nieto.
Pareciera que el fin de semana Moreno Valle ya sabía de la tormenta que se aproximaba en su contra por el tema del espionaje, y se adelantó a los hechos, por lo que ordenó a Javier Lozano a dejar el gobierno de Puebla –en donde era un mil usos, ya que lo mismo era vocero del Poder Ejecutivo, conductor en la televisión oficial, bufón y espía– y se reincorporara al Senado para ponerse bajo las órdenes del PRI, del presidente Enrique Peña Nieto y del proyecto de que Raúl Cervantes se quede instalado en el siguiente sexenio, en la FGR, para cuidar las espaldas de los actuales gobernantes del país.
El fin de semana, cuando se supo de la salida de Lozano del gobierno de Puebla se especuló mucho que lo habían echado por un conflicto personal con el alcalde de la capital, Luis Banck Serrato, o porque lo habían descubierto filtrando información de la relación del capo huachicolero Othón N, alias El Cachetes, con varios morenovallistas.
El panista Lozano, siempre haciendo gala de su egolatría, habría definido: “Me voy a arreglar las cosas al Senado”. Al final, es justo reconocerlo, decía la verdad.
Lozano regresó a la Cámara Alta a intentar arreglar los acuerdos de impunidad a favor de su patrón Moreno Valle, pues el segundo de ellos ya había percibido que está pisando un terreno de mucho riesgo por el tema del espionaje, el cual es un asunto que lo tiene en constante estado de tensión por la descomposición en que entraron los equipos dedicados a las labores de vigilancia de sus críticos, sus colaboradores y personajes de la política nacional.
A la muerte –hace tres meses– de Joaquín Arenal, el jefe de la red de espionaje, entraron en conflicto los encargados de esa organización clandestina, por lo cual empezó a generarse la fuga de información de la misma.
Desde que hace dos semanas aparecieron juntos el senador Luis Miguel Barbosa Huerta y Fernando Manzanilla Prieto, cuñado de Moreno Valle, ahora su principal crítico y activista de Morena, se sabe que en el círculo morenovallista se percibió que el tema del espionaje no se quedaría en una denuncia pública más, sino que se estaba armando una estrategia jurídica para llevar el tema a las más altas esferas políticas y de procuración de justicia.
Manzanilla es quien ha aportado la información dura del tema del espionaje y logró la colaboración de dos importantes ex espías del morenovallismo; mientras que Luis Miguel Barbosa Huerta gestionó para que les abrieran las puertas en la PGR y se pudieran presentar las pruebas de que el ex gobernador de Puebla desde hace varios años, ha operado una supuesta red clandestina de escuchas, de infiltración a la vida privada de una larga lista de personajes públicos y de sembrar conflictos en el ámbito personal de los afectados.
Por eso Moreno Valle se apuró a buscar ser un artífice del paso de Raúl Cervantes a la Fiscalía General de República, cargo en el que duraría nueve años y se convertiría en una especie de protector de muchos “pecados políticos” del sexenio que está por concluir.
Cervantes ha dado muestras de ser un hombre que protege la actual clase política en el poder y les brinda absoluta impunidad.
Prueba de ello es la timorata actuación de la PGR en el caso de Odebrecht, pues a pesar de existir testimonios de funcionarios de primer nivel de la trasnacional brasileña de que se pagaron una serie de sobornos –de por lo menos 10 millones de dólares– a Emilio Lozoya Austin, antes y durante su gestión como director de Pemex, la procuraduría ha desestimado todos los señalamientos contra el ex funcionario, quien también aparece embarrado en supuestos actos de corrupción de la firma española OHL.
Ese comportamiento protector de la PGR y de Raúl Cervantes no es solamente para salvar “el pellejo” de Emilio Lozoya, sino es una estrategia para evitar que los escándalos de corrupción salpiquen al presidente Enrique Peña Nieto, al gabinete federal y por supuesto al PRI, sobre todo cuando está a punto de arrancar la contienda presidencial.
En ese plan del grupo del presidente Enrique Peña Nieto de dejar sembrado a Raúl Cervantes en la FGR para que les cuide las espaldas, se quiere incorporar Moreno Valle.
Incluso entre algunos políticos de alto nivel se especula que fue inducida la participación en este asunto de Moreno Valle por una presión surgida del ámbito de Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación. Pero de ese asunto le platicaré mañana.