El coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso de la Unión, Ricardo Monreal Ávila, exigió la destitución del gobernador Rafael Moreno Valle y de sus secretarios de Gobernación y Seguridad Pública, Luis Maldonado Venegas y Facundo Rosas Rosas, respectivamente, por haber utilizado balas de goma y gas lacrimógeno para dispersar una protesta social, en la que salió lesionado más de un centenar de pobladores, entre ellos un niño que se debate entre la vida y la muerte.
“Deberíamos destituir a Rafael Moreno Valle, su secretario general de gobierno y su secretario de Seguridad Pública; son una lacra que no le hace bien al país; la represión nunca será alternativa; ojalá que nos sumemos para solicitar que se atienda con urgencia lo que está sucediendo en Puebla; hoy estas personas indefensas sufren los embates de un gobierno gorila como el de Puebla”, advirtió, mientras agitaba en la mano las latas de gas lacrimógeno que fueron lanzadas por policías contra pobladores de San Bernardino Chalchihuapan.
El legislador subió este miércoles a tribuna para denunciar el caso del uso excesivo de la fuerza pública en la junta auxiliar de Chalchihuapan, y exhibió los restos de una lata de gas lacrimógeno y una bala de goma.
Monreal utilizó su posicionamiento sobre la convocatoria a una sesión extraordinaria para aprobar la reglamentación de la reforma energética para acusar que los legisladores federales pretenden proteger al mandatario poblano, pues dijo que no se permitió incluir en el orden del día la solicitud para que el gobernador sea investigado.
“No quieren votar a favor de que este punto de acuerdo se incluya como un asunto de obvia y urgente resolución; esta Cámara da vergüenza, este Congreso da vergüenza, porque protege a la oligarquía y a la población agredida por gobernadores como el de Puebla, que se mantiene en la impunidad”, reclamó el ex mandatario del estado de Zacatecas.
A los legisladores expuso que los poblanos llegaron al Senado con cinco costales de artefactos, que con toda impunidad el gobernador y sus secretarios lanzaron contra los manifestantes que se expresaban de manera pacífica.
Durante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Ricardo Monreal argumentó que la represión nunca será una alternativa para acallar la protesta social. “Pero digan lo que digan este gobernador sátrapa de Puebla no puede mantenerse en el gobierno”.
El coordinador parlamentario presentó un punto de acuerdo para solicitar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) nuevamente revise la conocida #LeyBala.
El punto de acuerdo, además, recopila todas las quejas contra el gobierno del estado, presentadas ante la CNDH desde el inicio de su mandato.
Según la Gaceta de la Comisión Permanente, Monreal exhortó al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, a revisar de manera plural e incluyente la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza, conocida como #LeyBala.
Esto con el fin de establecer los mecanismos para garantizar los derechos humanos de los habitantes de dicha entidad federativa.
De acuerdo con el documento, el legislador federal refirió que el Congreso del estado de Puebla avaló la #LeyBala, pero posteriormente tuvo que ser modificada porque “abría la puerta para que existiera un estado represor”, por lo que recibió críticas por varias organizaciones sociales.
“En el oficio emitido el pasado 6 de julio la directora general de Asuntos Jurídicos de la CNDH, Claudia Fernández Jiménez, concluyó lo siguiente: ‘Esta Unidad Jurídica analizó el decreto que se adjuntó a su escrito, por el que se expidió la ley en cita, y llegó a la conclusión de que no existen temas de inconstitucionalidad o inconvencionalidad en materia de los derechos humanos en dicho ordenamiento…’”.
Monreal Ávila dijo que solicitará a la CNDH analice cada uno de los puntos que comprende la “Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla” y las posibles símiles en las entidades federativas, con la finalidad de evitar que más personas estén expuestas a los posibles riesgos que representan este tipo de legislaciones”.