La reforma a la Ley de Transporte que se encuentra bajo revisión del Congreso de Puebla, por iniciativa del gobernador del estado, José Antonio Gali Fayad, va más allá de regular al servicio ejecutivo, pues también obligará a concesionarios del transporte público y permisionarios de taxi hacerse responsables penalmente de los delitos que cometan sus conductores durante la prestación del servicio.
Es adecuada la enmienda porque tradicionalmente los principales responsables del mal servicio en el transporte público son los permisionarios y concesionarios y no los operadores, aunque en éstos últimos recaigan casi siempre los señalamientos, porque son quienes tienen contacto directo con los usuarios.
En efecto, los dueños de concesiones y permisos se han convertido en una veraddera mafia que solo protegen sus intereses económicos y se venden al mejor postor en temporada electoral.
Hoy que la atención pública se centra en empresas de aplicaciones por internet como Uber y Cabify, por la responsabilidad de dos de sus conductores en sendos feminicidios, es necesario voltear a ver a los otros integrantes del sistema, pues no han sido pocas las ocasiones en que los dueños de taxis y vehículos para rutas han incurrido en delitos, como sucedía en el sexenio de Melquiades Morales Flores, cuando ordenaban a los choferes rematar a algún atropellado, porque les resultaba más caro pagar la manutención de una persona que quedara impedida para trabajar, que solventar los gastos funerarios.