Reprocha el PRI al gobierno de Moreno Valle incremento de la violencia en Puebla

El Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) reprochó al gobierno estatal que encabeza el panista Rafael Moreno Valle Rosas, el aumento dramático en los índices de violencia, y aseveró que en la localidad ha fallado la estrategia para combatir al crimen.

La directiva tricolor emitió ayer por la noche un comunicado en el que se menciona que en los meses recientes han sido hallados cadáveres en condiciones similares a las que suelen dejarlos los sicarios del crimen organizado

El documento se reproduce íntegro a continuación:


“Hoy en Puebla estamos preocupados porque vemos como han ido aumentando de manera significativa los índices de violencia en todo el estado, datos periodísticos dan cuenta de al menos 50 personas (40 hombres y 10 mujeres) que han sido ejecutadas, decapitadas, estranguladas, “entambadas” o calcinadas en los últimos meses; que se han cometido 266 homicidios dolosos, 29 secuestros, 140 casos de extorsión, 268 robos de vehículos con violencia y se reportan 123 feminicidios en lo que va de la actual administración estatal.

“Estos números confirman que Puebla ha fallado en su estrategia de combate al crimen y la violencia sigue presente en muchas de sus comunidades, sin que se hayan tomado las medidas adecuadas para erradicarla y llevar ante la justicia a los verdaderos responsables.

“A raíz del último hecho de violencia, donde lamentablemente perdió la vida el empresario José Manuel Herrero Arandia (hermano de Fernando Herrero Arandia, ex alcalde de Tehuacán y ex Senador de la República) y su esposa María Cristina Carvajal Argudín, hacemos un llamado al gobierno del estado de Puebla para que garantice la seguridad de todos los poblanos sin distingos ni excepciones y que actúe en plena coordinación con los diferentes ayuntamientos respetando su autonomía.

“Asimismo, solicitamos de la manera más atenta que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga el caso de Herrero Arandia y Carvajal Argudín a fin de garantizar que este acto no quede en la impunidad, como ha pasado en diversas ocasiones.

“Estamos conscientes de que este suceso no debe ser aprovechado para lucrar políticamente y que nadie tiene derecho a utilizar como pretexto estas ejecuciones para cobrar revanchas políticas ni obtener beneficios personales”.