Reforma hacendaria: la ley del más fuerte

“Ayer mejor que mañana”

 

Siempre que se hace mención de una reforma jurídica se presenta como una expansión o bien, una reducción del sistema jurídico (Ferreyra, Raúl Gustavo, Notas sobre derecho constitucional y garantías, editorial Porrúa, México, 2004), es decir, se establecen mayores regulaciones sobre lo que anteriormente el derecho no preveía, o se reduce debido a que se derogan disposiciones que, en el caso de la propuesta de reforma hacendaria para el año de 2014, es evidente que se trata de una expansión del derecho, ya que se adiciona un derecho de seguridad social; la pensión de vejez, y con ello se modifican: la propia Constitución,  –el gobierno próximo pasado realizó 110 reformas a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, numero de reformas que en ningún otro sexenio había sucedido– pasando por la ley del Impuesto Sobre la Renta, la ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la ley del Impuesto  al Valor Agregado, el Código Fiscal de la Federación, la ley federal de derechos, además, en una reforma jurídica existen dos polos opuestos en cuanto a la inclinación donde se establecen las regulaciones, a saber; la ley del más fuerte, que consiste en la imposición de disposiciones jurídicas que disminuyen los derechos de los gobernados, incrementan las sanciones e infracción, así como los delitos, establecen más cargas a los gobernados, y en el otro extremo encontramos la ley del más débil, (Ferrajoi, Luigi, Derechos y garantías, editorial Trotta, Madrid, 2004) que consiste en tutelar los derechos de los gobernados, en resumen, respetar, garantizar, proteger y promover los derechos humanos. En el caso de la reforma hacendaria, encontramos que por un lado, se hace mención de la existencia de un derecho social: la pensión de vejez, y por otro lado, encontramos una serie de disposiciones que tiene relación con la ley del más fuerte, sin embargo, para poder determinar cual es la inclinación real y efectiva de la reforma, podríamos sostener que está conformada por tres conjuntos de reformas; a) Reformas políticas, que son las incluidas en la propuesta del Ejecutivo para que los Partidos Políticos, diputados, senadores, grupos intermedios como son las cámaras y agrupaciones políticas, sociales, de profesionistas, se encarguen que no procedan y no se aprueben, aquí encontramos: el Impuesto al Valor Agregado a la enajenación y arrendamiento de casa habitación, prohibir las deducciones inmediatas a las constructoras, derogación del dictamen fiscal, unificación de la tasa del Impuesto al Valor Agregado en regiones fronterizas, gravar con el Impuesto  al Valor Agregado los espectáculos públicos y servicios de educación. b) Las reformas inminentes, que se trata de reformas evidentes, por sentido común, lógico, como es el caso de la regulación del delito de desocupación del domicilio fiscal, la derogación del Impuesto Empresarial a Tasa Unica y el Impuesto sobre Depósitos en Efectivo, derogación del régimen de consolidación fiscal, de todas estas nadie discute, ni discutirá, podríamos decir que en estas todos los interesados están de acuerdo, pues son claramente viables, y c) Las reformas sensibles, que son aquellas que pasarán desapercibidas, que ni los partidos políticos, diputados o senadores tendrán la intención de, por lo menos, leer, por su parte, las Cámaras y agrupaciones no tendrán la oportunidad de poder comentar sus repercusiones y consecuencias, y que por ello se votaran y aprobaran sin objeción alguna, estas reformas son; la prescripción del crédito fiscal de cinco años ahora serán 10 años, la disminución de los plazos para pagar los créditos fiscales, la disminución del plazo para interponer el recurso de revocación por parte del contribuyente, la derogación del recurso de revocación para impugnar las notificaciones, se incrementan las excepciones del secreto fiscal, se crean las sanciones penales a las personas morales, las sanciones penales al administrador único de la sociedad, además, considerar el domicilio fiscal el señalado al aperturar una cuenta bancaria, la obligación de las instituciones financieras de informar los depósitos de más de 15 mil pesos en efectivo, la derogación del régimen simplificado, régimen de pequeño contribuyente y el régimen intermedio, considerar sujetos del Impuesto Sobre la Renta las personas morales que  prestan servicios de enseñanza e instalaciones deportivas, incremento de la tasa del Impuesto Sobre la Renta, etcétera, etcétera, de todas estas reformas inminentes y sensibles, no se observa en alguna, una modificación que efectivamente trate por lo menos, de un incremento en los derechos de los contribuyentes, facilidades en sus obligaciones, lo que evidencia, que estamos ante la presencia de una reforma hacendaria, no de la ley del más débil, por el contrario, se trata la reforma de la ley del más fuerte, pues la ley del mas débil en México, se ha quedado en nobles propósitos académicos, y no en leyes reglamentarias,  –por ejemplo la que se requiere del articulo 1 de la Constitución– sin embargo, en tanto sucede esta reforma, ¿Qué sucede con las facultades de derecho, instituciones y centros de investigación jurídica, sobre todo de las universidades públicas?, No hacen mención ni calificación alguna de la reforma hacendaria, bien concluye Zaffaroni; “Un papel importante al mundo académico latinoamericano si, en lugar de quedarse en sus cubículos universitarios mirándose el ombligo, opta por una actitud militante, de comunicación de las personas” (Zaffaroni, Eugenio Raúl, La cuestión criminal Planeta, Buenos Aires, 2012) Todo parece que esta reforma esta muy lejos del derecho –o por lo menos de sus investigadores– y muy cerca de la economía globalizada, que, como sentenció recientemente el presidente de Uruguay en la Organización de las Naciones Unidas, José Mújica; “En lugar de gobernar a la globalización, ésta nos gobierna a nosotros”.