“Reforma energética: la enfermedad que viene”

“Los hechos derrotaron a las ideas”

Debates “Plan de Ayala”

(28 de noviembre de 1911,


Ayoxuxtla, Puebla)

 

Una vez aprobada en tiempo vertiginoso y atropellado la reforma constitucional denominada “Energética”, ahora corresponde saber cuáles serán las consecuencias, y parte de la respuesta de que algunas personas –aun muy pocas– tildan a los legisladores federales y a los locales que están autorizando la referida reforma de: “traidores a la patria”. Sostiene uno de los pensadores más influyentes de la época actual Michel Foucault; “uno de los hábitos más dañinos del pensamiento contemporáneo es el análisis del presente como si fuera en la historia, precisamente, un momento de ruptura, de apogeo, de culminación, de un amanecer que retorna,… el momento en que vivimos no es el único o fundamental”. (Foucault, Vigilar y Castigar. Siglo XXI, México, 2009.) Al parecer con esta reforma –que sin decir cómo– es la solución a todos los males que aquejan a México, desde el desempleo, pasando por el crimen, el costo de los energéticos, hasta mantener la propiedad de los recursos naturales para México, siendo este último punto el que puede ser una de las primeras y mayores violaciones de otros derechos constitucionales con la reforma energética. Paradójicamente, en las mismas fechas en que los senadores en México estaban debatiendo meras formalidades de la reforma y omitiendo escuchar las criticas de la misma, en las Islas Canarias de España la noticia fue que el pueblo de ese lugar se ha unido para mostrar su rechazo al Real Decreto por el que se autorizó a Repsol iniciar la extracción de hidrocarburos en esa región –35 mil firmas en contra www.savecanarias.org–, decreto que ya ha sido impugnado ante los tribunales de ese país (El País, domingo 8 de diciembre de 2013)

El derecho al medio ambiente sano está previsto en el artículo 4º. de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, es uno de los denominados derechos económicos, sociales y culturales, reconocido internacionalmente, en el denominado Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San Salvador– (la adhesión de México fue el 23 de marzo de 1981). Este derecho al medio ambiente sano tiene conexiones con otros derechos de los gobernados, a decir de Víctor Abramovich y C. Courtis; “entre el derecho al medio ambiente sano y el derecho a la intimidad, y entre éste y derechos culturales, y aun del derecho a la protección de la vida familiar, como también del derecho a fijar el lugar de residencia y el derecho a la protección de la vivienda” (Abramovich, Víctor, Courtis, Christian, Los derechos sociales como derechos exigibles. Trotta, Madrid, 2004). Así, con la autorización que se otorga a las grandes empresas trasnacionales para realizar exploraciones, perforaciones, búsquedas, operaciones –que para los empleados de Pemex ya es una realidad– (artículo Cuarto del Decreto de la Reforma Constitucional: “… La ley establecerá las modalidades de las contraprestaciones que pagará el Estado a sus empresas productivas o a los particulares por virtud de las actividades de exploración y extracción del petróleo…”) Desde luego que, afectarán los derechos de la población, y para ello, tendremos a nuestras débiles instituciones para que vigilen que no se violen esos derechos ambientales y los demás que se relacionan, instituciones como son la Profepa, la Comisión Nacional del Agua, las secretarias de Estado, etcétera, que corren el grave riesgo ante estas grandes empresas internacionales que suceda exactamente lo mismo que se ha presentado con el combate a la delincuencia organizada en México, que, se sintetiza con la entrevista a Guillermo Valdés, director del Cisen, de 2007 a 2011, encargado de este “combate”, que sostuvo: “Sientes una impotencia muy grande, tú al frente de un Estado débil, muy lento, muy burocrático…” (El País, viernes 13 de diciembre de 2013). En resumen, con esta reforma constitucional adicionalmente a la violación inminente de los derechos de los gobernados, es evidente que no habrá instituciones públicas que permitan evitarlas, la reforma es un debilitamiento del propio Estado, de sus instituciones, de sus atribuciones y, sobre todo de su legitimidad, cita al respecto el profesor R. Gargarella; “un Estado relativamente pequeño y poco activo… existe una brecha enorme entre este Estado “bombero” que corre a apagar desgracias y el Estado justo que uno podría defender, orientado a impedir toda violación seria de derechos…” (Gargarella, Roberto, El derecho a la protesta Ad hoc, Buenos Aires, 2007). Es evidente que estamos ante la presencia de una reforma constitucional que más que una medicina es una enfermedad, y que estas corporaciones petroleras y energéticas internacionales más que los médicos que vienen, serán la infección.