Reforma del registro civil: “es una tomada de pelo”, acusa oposición

La mayoría del Congreso del estado afín al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas aprobó la reforma del registro civil  que envió el mandatario estatal con la oposición de 12 diputados del PRI, MC, PRD y PVEM, quienes acusaron que la modificación es “una tomada de pelo” para las juntas auxiliares, porque no les devolverá las facultades que tenían antes de este sexenio.

Durante 40 minutos se prolongó la discusión del tema en tribuna, donde el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), Julián Peña Hidalgo, acusó a los legisladores del PAN de defender la propuesta porque así se les ordenó y de “hacer la chamba” al Poder Ejecutivo y “hacerla mal”.

Incluso encaró a su homólogo del PAN, el ex funcionario estatal Jorge Aguilar Chedraui, a quien exhibió como el operador de los 28 votos a favor que recibió la iniciativa morenovallista, así como de los posicionamientos positivos que se realizaron ante el pleno.


“Le digo a Jorge que aquí es donde se tiene que discutir y dialogar, no allá abajo”, expresó Julián Peña desde el podio del salón de sesiones, luego de ser atacado por los legisladores Susana Riestra Piña de Nueva Alianza y Víctor León Castañeda del PAN, por manifestarse en contra de la propuesta.

Facultades a medias en la reforma del registro civil

La reforma del registro civil corrige de manera parcial la decisión que tomó el gobierno del estado de retirar el registro civil a las juntas auxiliares el 2 de junio de 2014. La centralización del servicio inició con un acuerdo de la Secretaría General de Gobierno (SGG) fechado ese día, a través del cual se ordenó a las autoridades de esas comunidades enviar a esa dependencia los libros del registro.

La modificación hecha a la Ley Orgánica Municipal faculta a los ediles auxiliares a “coadyuvar con las autoridades del registro del estado civil”, pero no les reconoce la calidad de jueces del registro civil por ministerio de ley, como en el pasado, situación que demandó el PRI, PRD y MC, sin ser tomados en cuenta.

Además, corrigió el Código Penal del estado y el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, para sancionar a los presidentes municipales de las juntas que incurran en faltas en la prestación del servicio, como expedir una certificación de hechos que no sean ciertos, o dar fe de lo que no consta en registros o documentos, lo que será un delito grave una vez que entre en vigor la reforma.