Reestructuración del Estado mexicano: ¿implementando leyes invasivas?

El Estado se retira de la

 arena económica,

afirma la necesidad


de reducir su papel

social a favor de la

ampliación y el fortalecimiento

de su intervención penal.

 

Loic Waquant

 

Una vez que se modificó la Constitución el año pasado, ahora es el turno de las leyes secundarias, sin embargo algunas de estas paradójicamente se adelantaron a la reforma constitucional, pues si partimos de la denominada “reforma energética”, para aminorar la falta de ingresos petroleros, ya se ha implementado previamente la reforma fiscal que permite un incremento de la recaudación, principalmente vía el gravamen sobre los alimentos no básicos –tasa de 8 por ciento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios– con el cual se acredita que, nunca tuvo como fin estimular la alimentación sana para la población, sino la propia recaudación del Estado para destinarla a las denominadas pensiones de desempleo y de vejez, que por cierto, son de las pocas reformas constitucionales que no han aun entrado en vigor, lo cual resulta irónico, existen ya los recursos económicos pero no el propósito de la recaudación.

Y así, para este año, si lo que corresponde es la reestructuración del Estado mexicano, primero habría que preguntarse: ¿Hacia donde esta encausada esa reestructuración?, y ¿el Estado mexicano puede reestructurarse por si mismo ante un mundo globalizado? Estas preguntas cuentan con una respuesta conjunta, pues para conocer cual es el rumbo de esta reestructuración, se debe de atender a que posición juega México en el mundo globalizado, nombrado por Zygmunt Bauman como: “globalización negativa”, en el sentido que: “la globalización es un proceso parasitario y predatorio que se nutre de la potencia extraída de los cuerpos de los Estados nación y de sus súbditos” (Bauman, Zygmunt Tiempos Líquidos. Tus Quets, México 2013), desde luego que, dicha reestructuración del Estado mexicano se encuentra en un rumbo diverso al que toda su población aspira, pues es evidente que su objetivo no es la protección y fomento de derechos de sus nacionales, por ello encontraremos dos fenómenos en la legislación secundaria y en las políticas públicas: a) La reducción de las funciones económicas del Estado, y, b) El aumento de restricciones para la población. En el primer efecto, sucede que el Estado Mexicano cada día es evidente la tendencia a disminuir sus actividades productivas, lo que demuestra que esta dejando la función intervencionista en la economía nacional, permitiendo que sean los “particulares” los que se encarguen de estas actividades otrora “estratégicas”. Justamente, se incrementarán las concesiones en actividades que anteriormente eran exclusivas de la nación, lo cual ya es una realidad en funciones de simples servicios públicos municipales como es el caso de la privatización de servicios de limpia, agua, e incluso de las vías terrestres de peaje, por ello México en cada momento esta dejando la función de un Estado Social de Derecho –denominado welfare–, para pasar a un Estado que ya no se le puede denominar liberal, en virtud de que en un Estado liberal se permite la mayor protección de los derechos de propiedad de los gobernados –nacionales, y hoy no es así, el denominado “neoliberalismo” es precisamente aquella globalización negativa citada por Z. Bauman, en el cual la protección a los derechos y canonjías son para las grandes corporaciones que tienen la posibilidad de contratar a toda la población de una determina región, provincia o estado de un país, que no importa la nacionalidad de las personas, sino el monto de las inversiones, este fenómeno representa el debilitamiento del estado, es decir, ante las grandes corporaciones las instituciones gubernamentales se ven aminorados, sin la fuerza necesaria para contener los problemas que representan estas industrias transnacionales, como son desde las violaciones permanentes de los derechos de los trabajadores, pasando por exenciones de contribuciones in equitativas y la alta contaminación de los recursos naturales, Y b) se presenta un aumento de restricciones para la sociedad, pero sobre todo para los nacionales, pues resulta que, las leyes administrativas se han convertido en medidas semipoliciales, donde la obligación como simple ciudadano es prácticamente vigilar al vecino, es decir, informar del similar, como es el caso de la Ley Federal para la Prevención e Identificación con operaciones de procedencia ilícita (Vergara, Nava Silvino, Para conocer la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, Paideia, Guadalajara, 2014) y por otro lado, las leyes de un escalón superior, las leyes penales que cada día invaden más la intimidad de las personas, pero sobre todo las libertades, verdaderas leyes invasivas, en conclusión, el reto de la población lo sentencia E. Galeano: “Estamos condenados a morirnos de hambre, a morirnos de miedo o a morirnos de aburrimiento, si es que alguna bala perdida no nos abrevia la existencia” (Galeano. Eduardo, Patas Arriba, Siglo XXI Editores, 1998, México)