Las elecciones se ganan con votos y, sin duda alguna, Andrés Manuel López Obrador obtuvo un triunfo legal y legítimo. Esto significa que la población, de manera abrumadora, decidió el cambio y AMLO ha lanzado un vendaval de propuestas para cumplir con el mandato popular. Pero si la elección se gana con votos, el triunfo se defiende con el apoyo desde abajo, constituyendo el poder popular. Y en esto no hay tiempo que perder, así lo ha entendido AMLO y de inmediato ha puesto manos a la obra. Por supuesto, el apoyo al Programa Alternativo significa procurar enriquecerlo y ejercer la crítica responsable para avanzar y defender el triunfo obtenido en las urnas. El gobierno ha de ser el instrumento necesario para concretar el programa electoral convertido en acciones gubernamentales y Morena no tiene que apoyar al poder formal, sino fortalecer el poder popular y empatarlo con aquel.
La legitimidad de López Obrador como presidente electo le permite cumplir con el mandato popular que decidió el cambio. Pero las acciones para cambiar aquello que ha lastimado a la población, pueden provocar, y provoca, resistencias y el disgusto de quienes disfrutan los privilegios que no quieren perder. Es el caso de la propuesta de AMLO para cumplir con el artículo 127 constitucional que, en su apartado II, establece: “Ningún servidor público podrá recibir remuneración (…), por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente”.
En México, el presidente de la República gana 265 mil pesos mensuales, es decir, 3 millones 180 mil pesos anuales; sin embargo, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los consejeros de la Judicatura, ganan al año 6 millones 93 mil 234 pesos; en los órganos autónomos, los salarios también son superiores a los del presidente de la República, cada consejero electoral del INE gana 4 millones 354 mil 208 pesos al año y el secretario general recibe 4 millones 86 mil 265 pesos; el presidente de la CNDH obtiene 4 millones 243 mil 164 pesos y, así, muchos otros servidores públicos, sin la responsabilidad del presidente de la nación, ganan bastante más que él. Esta situación, además de violar la Constitución, resulta francamente obscena en un país donde el salario mínimo es de 2 mil 651 pesos mensuales, esto es, 31 mil 810 devalados pesitos. Y en México, 62.3 por ciento de los trabajadores obtienen ingresos de hasta tres salarios mínimos. Y esas desigualdades son las que hay que disminuir.
Para ser consecuente, AMLO ha propuesto disminuir 40 por ciento su salario, recibirá 108 mil pesos mensuales, y ninguno de los funcionarios que entren a gobernar con él podrán disponer de un salario mayor a ese. Pero ahora esta medida debe acompañarse con un aumento general a los salarios de los trabajadores para cumplir con el salario constitucional y hacer que la desigualdad se empiece a resolver de abajo para arriba y sin despedir a nadie.