Razones de inconstitucionalidad de una reforma constitucional

“¡Adiós, mamá Carlota

Adiós mi tierno amor

Se fueron los francés


Se va el emperador¡

Adiós, mamá Carlota

Narices de pelota

me río de tu derrota

y de verte jodidota¡”

Corrido mexicano, 1866

 

El día viernes 20 de diciembre de 2013, en una edición especial vespertina del Diario Oficial de la Federación, se publicó la denominada reforma energética, que es propiamente una Reforma Constitucional a tres artículos  25, 27 y 28, que es un hecho notorio, –y por ello no requiere prueba alguna– que se aprobó en tiempo extraordinariamente fulminante, sin embargo, ¿por qué tanta prisa?, ¿cuál es la intención de la expedites?, ¿en que afecta a la población?, y sobre todo ¿pudiera ser inconstitucional esta rapidez? ¿Una reforma constitucional puede ser inconstitucional?, para estas preguntas, debe considerarse en primer término, respecto a la última de estas que, en un Estado Constitucional Democrático de Derecho –que es el estado ideal en  la posmodernidad– debe reflexionarse que cualquier poder, en palabras de Carlos de Cabo, esta juridizado, es decir, que no se trata de un poder incondicionado, (De Cabo Martín, Carlos La Reforma Constitucional. Trotta, Madrid, 2003) o bien, ilimitado, que por el contrario, sus acciones y producciones deben de contar con un control judicial en los tribunales, por ello es que, es posible la inconstitucionalidad de una reforma constitucional, la cual tiene dos vertientes, y con esto se puede intentar dar respuesta a las otras preguntas, 1. Se considera en primer término que la inconstitucionalidad puede ser procedimiental, el profesor Gustavo Ferreyra, se pregunta; ¿Por qué pensar en la inconstitucionalidad de un proceso de reforma constitucional? A lo cual responde; “Tiene como propio fundamento la naturaleza garantista de la reforma constitucional” (Ferreyra, Raúl Gustavo, “Reforma Constitucional y Control de Constitucionalidad. Editorial Porrúa, México, 2007), es decir, es factible la inconstitucionalidad de la reforma constitucional, desde el punto de vista del procedimiento que se ha utilizado, esto es que la serie de pasos que se efectuaron no se realizaron correctamente, esta tendencia es la denominada “procedimentalista”, que en voz del profesor español J. Aguilo, consiste en; “No imponer fines al procedimiento o, lo que es lo mismo, dejar completamente abiertos los fines, porque de otro modo ya habría criterios independientes del propio procedimiento para juzgar dichos resultados” (Aguilo, Joseph La Constitucionalidad del Estado Constitucional. Temis, Lima, 2004) Bajo ese sentido, habría que analizar si el procedimiento que se llevó a cabo, es decir, el camino de la legislatura federal, léase Cámaras de Diputados y Senadores, y su “peregrinar” en las legislaturas locales, representa que, pudiera ser contrario a las disposiciones que regulan esa reforma constitucional, pues es de todos conocido que la rapidez con que se autorizó en algunas legislaturas locales fue en cuestión de minutos, y habría que ver si es considerado como apropiado para esta reforma constitucional, ya que nuevamente considera Carlos de Cabo; “Un poder democrático… tiene que organizarse y actuar de forma que, efectivamente lo sea, es decir, a través de una participación ciudadana debidamente garantizada, lo que exige que sea reglada… no es ya un mero poder fáctico y pre jurídico, sino procedimentalizado y por tanto, juridizado.” Entonces, el hecho de que se haya aprobado esta reforma constitucional en un lapso tan breve, se puede considerar que estamos ante la presencia de una violación procedimental, al respecto sostiene Roberto Gargarella: “Los tribunales también pueden desempeñar un rol decisivo para asegurar que las normas legislativas sean producto de un intercambio de razones, no la mera imposición de un grupo… examinen el proceso legislativo para garantizar que el debate sea genuino y no una mera fachada” (Gargarella, Roberto y otros Las Luchas por los derechos de la salud. Buenos Aires, 2013), el mismo autor hace referencia del criterio suscitado en Colombia, en la Sentencia C754 de 2004 de la Corte Constitucional en donde se advierte que; “En la expedición del artículo acusado sí se incurrió en vicios de forma, toda vez que en relación con él no se surtió el debate propio de un régimen democrático. Explica que en las comisiones constitucionales se optó por aceptar la propuesta del gobierno nacional de retirar el artículo propuesto inicialmente antes de cualquier discusión sobre el mismo.” Por ende, pudiera sostenerse firmemente que si en las entidades federativas en cuestión de veinte minutos o bien dos horas fue autorizada la reforma constitucional, no puede considerarse que existe un procedimiento democrático para aprobar una reforma, sobre todo si es una reforma constitucional, nuevamente sostiene el profesor Gargarella; “El Parlamento aparecía como el foro político principal, el lugar en donde debían volcarse los reclamos provenientes de los distintos sectores de la comunidad y en donde dichos sectores deberían celebrar sus principales acuerdos” (Gargarella, Roberto El derecho a la protesta. Ad Hoc, Buenos Aires, 2007) y desde luego que, en el caso esto no fue así, evidencia una clara violación procedimental la reforma constitucional.

2. Una postura más, es la que considera la posible inconstitucionalidad de una reforma constitucional, no por el procedimiento, sino por el fin o valores que busca, y que pudiera tener como consecuencia la afectación o disminución a los derechos fundamentales ya previamente existentes, pues equivale a una violación al principio de progresividad de los derechos, –previsto en el artículo 1º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en: La posibilidad de ir avanzando gradual y constantemente hacia su más completa realización de un derecho– así, sostiene G. Ferreyra; “Una reforma constitucional es la que produce un cambio en el contenido del sistema, pero no produce la destrucción del preexistente, al mantener la continuidad.” (Ferreyra, R. Gustavo, Fundamentos Constitucionales. Ediar, Buenos Aires, 2013). Analizando la reforma energética, al modificar los artículos 25, 27 y 28, se debe de asumir que tutela los derechos económicos de los gobernados, pues se ha manifestado, desde la iniciativa de ley, que beneficiara en la disminución del costo de insumos como la gasolina o energía eléctrica, –sin establecer como sucederá– sin embargo, se sostiene principalmente que la importancia de esta modificación histórica estriba en el interés público, el interés de la nación, –de lo cual jurídicamente habría que preguntar que se entiende por ese concepto tan difuso– para lo cual el tratadista Ch. Courtis sostiene al respecto de conceptos tan subjetivos para modificar los derechos; “el Estado no puede utilizar argumentos generales de política pública, disciplina fiscal o referirse a otros logros financieros o económicos sino que debe señalar que otros derechos… se vieron favorecidos” (Courtis, Christian, El mundo prometido, Fontamara, México, 2009) y, de la lectura de la iniciativa de esta reforma energética se desprende que, contradictoriamente de todo de lo que se hace mención para sustentarla, no hay alusión alguna a los derechos de los gobernados que serán beneficiados, por ende, independientemente que se vulneren los derechos ambientales, de salud, de residencia, de libertad, de propiedad, de igualdad, de respeto a la dignidad humana, –que son materia de una análisis distinto a este trabajo– en cuanto hace a los derechos económicos, basta analizar si es que, la posibilidad de permitir la incursión de la iniciativa privada en actividades estratégicas de la nación, como son el petróleo, y la energía eléctrica, permite considerar una progresividad del derecho económico de los gobernados, o bien, es lo contrario, esto es la regresividad –entendida en el artículo 11 del Protocolo de San Salvador, “por medidas regresivas se entienden todas aquellas disposiciones o políticas cuya aplicación signifique un retroceso en el nivel del goce o ejercicio de un derecho protegido”– sobre todo a sabiendas que, la única iniciativa privada con recursos financieros y tecnológicos es la extranjera, que por simple sentido común, las ganancias de estas operaciones no se quedarán en territorio nacional, y que simplemente falta hacer memoria para conocer que toda incursión privatizadora en actividades del Estado, la población mexicana nunca se ha visto beneficiada, incluso que, es una condena histórica para el pueblo mexicano la extranjerización, desde el siglo XIX, con Maximiliano y Carlota que se agudizó, y que a mediados del siglo pasado Octavio Paz sintetizó: “El éxito del adjetivo despectivo “malinchista”… para denunciar a todos los contagiados por tendencias extranjerizantes. Los malinchistas son los partidarios de que México se abra al exterior: Los verdaderos hijos de La Malinche, que es la Chingada.” (Paz, Octavio, El laberinto de la soledad, México, 1950) ante esta realidad histórica; ¿Por qué en esta ocasión si resultara beneficiada la población?. Desde luego que, esta reforma constitucional es doblemente inconstitucional por un procedimiento anti–democrático y, por un sinnúmero de derechos sustantivos violados.