A pesar de que la trasnacional Monsanto pretendió excluir –denunciándolo– al magistrado Jaime Manuel Marroquín Zaleta de la causa iniciada por la Asociación Colectivas, para impedir la siembra de maíz transgénico en México, el juez podrá seguir conociendo del juicio por una sentencia del tercer Tribunal Colegiado que invalidó el recurso presentado por Monsanto.
“Ni todo el poder económico de la trasnacional Monsanto, ni las acusaciones legales formuladas por una decena de sus abogados, lograron descarrilar al magistrado Jaime Manuel Marroquín, también titular del Segundo Tribunal Unitario en materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, que el 20 de diciembre pasado ordenó mantener la medida precautoria que desde el 17 de septiembre del año 2013 impide la siembra de todo tipo de maíz transgénico en todo México, debido al riesgo de daño al medio ambiente y a la salud”, expresó la organización ayer en un comunicado.
Y agregó: “El 28 de febrero de este año la controversial empresa Monsanto, la cual en todo el mundo ha sido cuestionada por su falta de ética, interpuso un incidente de recusación contra el juez Marroquín Zaleta, acusándolo de parcialidad en el juicio en contra de la siembra de maíz transgénico. Para el 21 de abril Monsanto había perdido el procedimiento legal denominado incidente de recusación, lo que motivó que sus abogados promovieran el amparo 49/2014.
“El 12 de junio, el Primer Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa rechazó el amparo de la trasnacional; por lo que la industria interpuso un recurso de revisión. Finalmente el 15 de agosto el Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil, en la sentencia que resolvió el recurso de revisión 182/2014, invalidó en definitiva los argumentos que intentaron retirar del juicio al magistrado Marroquín.
“Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, comenta que ‘en su resolución, el juez Marroquín se basó en el Protocolo de Cartagena del Convenio de Diversidad Biológica y en Tratados Internacionales adoptados por México y que contienen el Derecho Humano a la diversidad biológica’.
“No hay más recursos legales a los que Monsanto pueda acudir para quitar al magistrado’, explicó el abogado de causa René Sánchez Galindo, director de Colectivas AC, organización que junto con el despacho del jurista Bernardo Bátiz les fue encomendada la defensa de los maíces nativos o criollos, a nombre del colectivo de 53 personas y 20 organizaciones, que en julio de 2013 promovió la demanda colectiva.
“Lo acusaron de actuar con parcialidad, de falta de ética judicial, pero después de un incidentente, un amparo y un recurso de revisión el juez Marroquín fue ratificado para seguir conociendo del juicio’, abundó Sánchez.
“El grupo de abogados y los firmantes de la Demanda Colectiva enfrentan más de 72 impugnaciones entre las cuales se encuentran 16 juicios de amparo que los demandados: Syngenta, Pioneer–Dupont, Dow Agrosciences, Monsanto y las dos instancias de gobierno, la Sagarpa y Semarnat han interpuesto en 12 distintos tribunales, con el objetivo de derrumbar la demanda colectiva y la medida precautoria que protege nuestro principal alimento”, detalló Bernardo Bátiz.
“La medida cautelar y la demanda colectiva enfrentan todavía varias impugnaciones de las empresas trasnacionales y del gobierno federal, antes de que se pueda continuar con el procedimiento del juicio colectivo. Por lo que en las próximas semanas, o tal vez meses, el Poder Judicial Federal decidirá si la siembra de trasgénicos de maíz sigue suspendida en el país y podemos seguir con el juicio, para que como nación podamos definir libremente qué hacer con la biotecnología, explicaron los litigantes”.