Rafael Moreno Valle vs. INE. ¿Campaña anticipada o legítima difusión?

En esta entrega me referiré a hechos recientes en los que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE afirma que Rafael Moreno Valle se excedió en sus facultades y limito la libertad de expresión de tal modo que le ordenó abstenerse de promocionar y destacar tanto sus cualidades personales como sus logros de gobierno durante las entrevistas que le realicen los medios de comunicación, a esto el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, afirmo grosso modo que el gobernador de Puebla como funcionario público debe ser visto bajo un estatus legal diferente respecto a otros personajes que aspiran a la máxima magistratura del país; así lo pretende exponer, al parecer en su acuerdo ACQyD–INE–140/2016 emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, respecto de la solicitud de adoptar medidas cautelares dentro del procedimiento especial sancionador UT/SCG/PE/XSH/CG/194/2016, por la presunta “comisión de promoción personalizada y actos anticipados de campaña, atribuibles a Rafael Moreno Valle Rosas, gobernador del estado de Puebla y otros”.

A esto debo decir que pareciera que la proyección pública de las personas las priva de sus derechos fundamentales a la libre expresión o a sus derechos políticos en tanto en los tratados de derechos humanos, así como la prohibición de censura previa que hallamos en el artículo 7o. de la Constitución Federal o en el inciso 2 del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos (que la permite sólo en casos excepcionales) se dice lo contrario de modo que otras prohibiciones van explicitándose a medida que los tribunales van resolviendo casos, incluidos aquellos en los que se examina la constitucionalidad de las reglas específicas contenidas en las leyes, resulta que lo dicho por Rafael Moreno Valle como gobernador está relacionado con sus atribuciones con asuntos que son de relevancia pública por lo que con justa razón ha planteado un recurso que fue ingresado con el número de expediente SUP–REP–192/2016 y turnado al magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, cuya ponencia tendrá la delicada tarea de elaborar el proyecto de sentencia a discutir y votar el pleno en sesión próxima, de acuerdo con los estrados electrónicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

A mi parecer lo dicho por Rafael Moreno valle se encuentra dentro de sus facultades y debe decirse que realizó manifestaciones que encuadran en el derecho constitucional a la información, porque la información y promoción del Estado de Puebla constituye por el titular del ejecutivo la difusión de hechos relevantes para la toma de decisiones en una sociedad democrática, que por ser de contenido político, debe ser objeto de la máxima protección otorgada por el artículo 6, de la Constitución General de la República, pues reúne el requisito de ser de interés público.


En tanto, corresponde al Ejecutivo de un estado promover al Estado que gobierna y colocarlo en el ámbito de interés de inversionistas, connacionales y ante la opinión publica de otros estados con forme a lo dispuesto por los artículos 116, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 70, 79 fracción I, XXXIII y XXXVI de la Constitución Política del Estado de Puebla y 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla.

“XXXIII. Promover cuanto fuere necesario para el progreso económico y social del Estado.”

Por lo que en el contexto políticoelectoral del presente caso debe aumentar la tolerancia frente al ejercicio de la libertad de expresión, pues si bien la libertad de expresión y el derecho a la información son dos derechos funcionalmente esenciales en la estructura del Estado constitucional de derecho que tienen una doble faceta: por un lado, en su dimensión individual aseguran a las personas espacios esenciales para desplegar su autonomía individual, espacios que deben ser respetados y protegidos por el Estado, y por otro, en cuanto a su dimensión social, gozan de una vertiente pública, colectiva o institucional que los convierte en piezas centrales para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa.

Así claramente lo resuelto por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, está afectando el grado al que en nuestro país se encuentra asegurada la libre circulación de noticias, ideas y opiniones, condición indispensable para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa que debería tutelar en contra de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 13 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen la libertad de expresión y el derecho a la información, así como los derechos políticos que a través de la jurisprudencia nacional e interamericana ha resuelto casos en los que se juzga la constitucionalidad de los límites a los derechos incluidos en las leyes y su interpretación con base en los principios generales que rigen los principios de los derechos fundamentales (universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad) y en las obligaciones del Estado (respetar, proteger, promover y garantizar).

Pues amables lectores y estimados abogados de acuerdo con la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la libertad de expresión y el derecho a la información son también dos derechos funcionalmente esenciales en la estructura del Estado constitucional de derecho que tienen una doble faceta: por un lado, en su dimensión individual aseguran a las personas espacios esenciales para desplegar su autonomía individual, espacios que deben ser respetados y protegidos por el Estado, y por otro, en cuanto a su dimensión social, gozan de una vertiente pública, colectiva o institucional que los convierte en piezas centrales para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13 prevé: artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión .1 Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías a medios indirectos tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

Para finalizar cabe reflexionar que Rafael no es precandidato, por mucho que aspire, in pectore; al respecto es conveniente transcribir el artículo 3 de la Ley Electoral Federal con sus incisos a) y b):

Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entiende por:

  1. a) Actos anticipados de campaña: los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido;
  2. b) Actos anticipados de precampaña: las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura;

La pregunta surge, ¿el actual gobernador es “aspirante”? La respuesta está en el artículo 369 que previene:

Artículo 369. A partir del día siguiente de la fecha en que obtengan la calidad de aspirantes, éstos podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por medios diversos a la radio y la televisión, siempre que los mismos no constituyan actos anticipados de campaña. Entonces, ¿quién tiene la razón?

Ojalá y el abogado de RMV haya tomado en cuenta lo anterior al momento de opugnar la medida tomada por el INE en el tema que aquí nos distrae. ¿Estamos? Lo digo sin acritud, ¡pero lo digo!




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