¡Que valga todo!

“Casi todas las medidas

adoptadas en nombre

de la seguridad tienden a dividir…


separan a la gente, la inducen

a suponer conspiradores

y enemigos ante cualquier

disenso o argumento

y acaban por volver

más solitarios a los solos”.

 

Zygmun Bauman

 

El torbellino de manifestaciones y amparos en contra del aumento del precio de los combustibles, además de los discursos a favor y en contra de dicho incremento de precios, se resumen en explicar lo inexplicable. En tanto, se sigue reformando todo el sistema jurídico; basta con observar el número de leyes que se modificaron y se reformaron derogando y abrogando disposiciones: ocho leyes en noviembre de 2016, catorce leyes en diciembre de 2016 y veintidós leyes en enero de 2017. Dentro de estas modificaciones tenemos a la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo y al Código Fiscal de la Federación –Diario Oficial de la Federación del 27 de enero de 2017–, para establecer procedimientos de defensa de los contribuyentes tanto en el juicio contencioso administrativo como en el recurso de revocación, en donde solamente se pueden hacer valer argumentos de fondo, es decir, excluyendo las violaciones que se puedan cometer por las autoridades fiscales en los procedimientos, por ejemplo, la ausencia de fundamentación y motivación en sus resoluciones, las diligencias en donde no se circunstancien las actas –como lo exige el artículo 16 de la Constitución–, que las diligencias se realicen en días y horas inhábiles, la ausencia de testigos de asistencia en las actuaciones de las autoridades, la introducción por las autoridades al domicilio de los contribuyentes sin cumplir con los requisitos formales en las identificaciones y en la entrega de la orden de visita respectiva. En resumen, respetar las formalidades de los procedimientos está pasando a segundo término con estas reformas, pues esas violaciones no se podrán impugnar por los gobernados con esa reforma al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Hoy lo que urge es ¡que valga todo!

¿Por qué las autoridades deben cumplir con las formalidades ante los gobernados? Es evidente que la respuesta es clara: para limitar al poder político. Ejemplos de las consecuencias de un poder político desatado, sin límites y sin restricciones hay muchos: desde contravenir el derecho a la intimidad de los gobernados, pasando por confiscaciones y expropiaciones injustas, hasta lo peor de los casos, que son los genocidios. Por ello, en la Academia existe mucho énfasis en la necesidad de limitar al poder, para lo cual se hace alusión al caso emblemático intitulado “Aún hay jueces en Berlín” (García–Pablos, Antonio, Derecho penal, Madrid, España), que recuerda un caso en del siglo XIX en donde se dictó la orden por el juez para suspender una expropiación caprichosa del príncipe y éste, conociendo esa orden, mencionó: “Aún hay jueces en Berlín”, aludiendo a que el poder político debe estar sujeto al derecho y no el derecho sujeto al poder político. Por tal razón, para sujetar al poder político por parte del derecho se requiere del principio de legalidad, digamos de extrema legalidad, uno de los ejes que hace mención Luigi Ferrajoli como característico del Estado de derecho (Ferrajoli, Luigi, Los derechos y sus garantías, Trotta, Madrid, 2016). Sin embargo, con esta reforma se está exentando de su cumplimiento a las autoridades tributarias.

Es evidente que permitir las violaciones de las formalidades en los procedimientos de las autoridades fiscales contraviene al propio Estado de derecho; es una reforma que nació muerta jurídicamente –por eso contraviene el articulo 17 de la Constitución. Más que una opción –como lo marca la reforma al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo– para los gobernados en cuanto a elegir este procedimiento apelando únicamente a violaciones de fondo, se trata de un verdadero engaño a los contribuyentes –con lo cual también contraviene al artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos–; es como un partido de fútbol en donde se permiten los puntapiés en las pantorrillas por parte de un sólo equipo y donde lo único que vale son los goles marcados, o como convertir el robo en donación, el fraude en negociación, el homicidio en legitima defensa y la violación en seducción.

Desde luego, no es tampoco una decisión democrática si la iniciativa se presentó recientemente, en el mes de septiembre de 2016, e inmediatamente pasó de la Cámara de Diputados a la de Senadores, quienes, sin meditar, sin debatir y sin leer, penosamente la aprobaron. Total, en la recaudación de las contribuciones: ¡que valga todo!