¿Qué resuelve la privatización del SOAPAP?

Reconocemos, junto a otros actores institucionales, que la problemática del agua es compleja y exige intervención. Desde esa complejidad, y reconocimiento, nos preguntarnos, desde la visión institucional: ¿qué estaría resolviendo la privatización del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP)?

De hecho, no resuelve el problema de la sobreexplotación y deterioro de las fuentes de agua ubicadas en las localidades y en los municipios conurbados; tampoco la contaminación y los daños derivados en la salud y en los ecosistemas, ni la competencia por los usos de la misma y mucho menos los conflictos derivados del aumento de la demanda de agua de la ciudad frente a las necesidades de las comunidades.

La privatización abre un espacio de negocio para una empresa bajo el supuesto de una mayor eficiencia en la operación del servicio; sin embargo, dicha actividad implica obtener una ganancia, lo que desde el inicio supone el incremento de las tarifas; de ahí la aprobación en los últimos días por el Congreso de dicho incremento, además de la posibilidad de actualización mensual de las mismas, mediante un proceso de indexación inflacionario.


Según declaraciones de funcionarios a lo largo de 2013, se trata de  modernizar y hacer eficiente la tarea de los organismos operadores como el SOAPAP, transformándolos en figuras empresariales que atiendan la operación del servicio público en aspectos técnicos, administrativos y de personal.

Lo anterior, que es parte del discurso de la política federal y estatal, promovida desde ámbitos internacionales, significó en Puebla la adecuación de la legislación desde diciembre de 2012, donde se aprobó una primera modificación a la Ley de Agua para permitir la participación del sector privado en la operación administrativa de este servicio, lo que según la posición oficial traería beneficios como el saneamiento de las finanzas de los organismos; terminar con la dependencia de los subsidios gubernamentales; incorporar gradualmente en las tarifas los costos de la infraestructura, operación y mantenimiento, y capacidad de inversión para mejorar el sistema. Además de modificar las condiciones laborales para el personal que labora actualmente, acorde a la reforma laboral consumada. El ejemplo del Sindicato de trabajadores del Hospital del Niño Poblano (HNP) puede ser ilustrativo.

En las últimas semanas se ha documentado, a través de las páginas de La Jornada de Oriente, el proceso donde, a iniciativa del gobierno poblano el Congreso estatal, aprueba la  actualización de las tarifas en el cobro del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales que permitirá incrementar la recaudación anual. El 14 de marzo se aprueba por primera vez que las tarifas que ocupa el SOAPAP para el cobro a los usuarios podrán incrementarse cada 30 días y sin requerir la autorización del Congreso local. Los ajustes mensuales serán posibles, según lo registra Mónica Camacho,  debido a que en el artículo 4 del documento incluye la obligación de ajustar “de forma mensual” la estructura tarifaria con base en diversas variables, entre las que destaca el costo de la energía eléctrica, el salario mínimo y el “consumo, expresado en pesos”, de todos los servicios que actualmente brinda el SOAPAP y que, más adelante, serán responsabilidad de la compañía que asuma la concesión de los mismos.

Como sabemos los juicios de amparo contra la privatización del SOAPAP son los que han retrasado el proceso de concesión. Y aunque estamos a la espera de esa resolución nos seguimos cuestionando sobre algunos aspectos que buscaría resolver dicha privatización, por ejemplo el favorecimiento que tienen grupos industriales así como desarrolladores inmobiliarios y que obviamente no se resuelve con un ajuste tarifario.