¿Que dijo el constituyente?

Este pueblo no puede ser libre, ni republicano, y mucho menos venturoso,

por más que 100 constituciones y millares de leyes proclamen derechos abstractos, teorías bellísimas, pero impracticables, en consecuencia del absurdo sistema económico de la sociedad”.

Ponciano Arriaga


Este 15 de septiembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma más de la Constitución mexicana, en pleno año en que se conmemora su centenario. Pareciera que no hay mejor forma de celebrar su aniversario que llevando a cabo más reformas. Ahora le corresponde a los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución atendiendo a la necesidad, a decir de la iniciativa presidencial, de eficientar la justicia cotidiana, es decir, la que corresponde a los asuntos del día a día y de menor trascendencia para la sociedad en general pero que son los que tienen inundados de expedientes los tribunales y juzgados, por lo que el propósito de esa reforma constitucional es que se aminoren esos rezagos.

El problema es que estos buenos propósitos del poder constituyente –para algunos teóricos se denomina así al poder que modifica la Constitución– caen de forma dramática en simples romanticismos, pues a pesar de que se reforman tres artículos constitucionales –lo que cuesta a la Nación enormes cantidades de dinero y de tiempo–hombre–, se deja a otros poderes asumir la responsabilidad de tomar las decisiones necesarias para determinar cómo atacar este problema, pues tanto en el articulo 73 de la Constitución como en el artículo segundo transitorio se sostiene que las reformas a las leyes quedan a criterio de las legislaturas.

El artículo segundo transitorio del decreto que reforma a la Constitución sostiene textualmente que “en los casos en que se requiera, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas deberán adecuar a las modificaciones en cuestión, respectivamente, las leyes generales y las leyes federales, así como las leyes de las entidades federativas”. Es decir, se está dejando a criterio de los legisladores lo que se debe llevar a cabo para combatir el rezago de expedientes en los tribunales, y para evitar que posteriormente se sigan acumulando, lo cual demuestra una desafortunada reforma constitucional, pues es evidente que está vacía de contenido, pues no instruye cuáles son las medidas que deben tomarse para resolver el problema, cómo deben modificarse las leyes, qué leyes se deben crear, etcétera. Deja nuevamente a su suerte los derechos de los gobernados. Evidentemente que está reforma constitucional no resuelve el problema, simplemente lo incrementa.

En el siglo XIX sostenía Ignacio Ramírez, “El Nigromante”: “Formemos una Constitución que se funde en el privilegio de los menesterosos de los ignorantes, de los débiles, para que de este modo mejoremos nuestra raza y para que el poder público no sea otra cosa más que la beneficencia organizada” (Taibo II, Paco Ignacio, La gloria y el ensueño que forjó una patria, Planeta, México, 2017). Pues bien, con esta reforma esto precisamente no sucederá. Desde luego que era necesario establecer diversos requisitos, principios o elementos que se debían fijarse como para que el legislador estuviera en la obligación de hacer los cambios pertinentes, pero ello no ha sucedido, por el contrario, pareciera que es una forma de justificar que se hará un cambio pero que no se sabe en qué consistirá.

Finalmente se seguirá sin cumplir con la efectividad y la impartición de la justicia pronta, que son necesarias en un Estado Constitucional Democrático de Derecho. Desde luego que la Constitución exige tanto la eficiencia como la prontitud en la administración de justicia, pues de nada sirven las resoluciones prontas si son incorrectamente resueltas, o que se resuelva correctamente si es que resulta demasiado lento un juicio, pues deben cumplirse ambos requisitos constitucionales. Para el profesor Eugenio Zaffaroni la prontitud es necesaria atendiendo a que si un asunto es resuelto después de mucho tiempo y se castiga a una persona determinada en la sentencia, en realidad se está castigando a otra persona, pues los propios individuos, conforme va pasando el tiempo, van cambiando; se deja de ser lo que se era por lo que le sucede en el camino del tiempo, por lo que castigar a una persona después de muchos años de proceso en realidad es castigar a quien no cometió la falta o el delito, es decir, se sanciona a otra persona.

Pues bien, la administración de la justicia debe ser lo más eficaz posible, de tal forma que los mecanismos y medios que se implementen por los Estados sean apropiados, materializables y no aparentes. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha opinado expresamente al respecto que “es necesario evitar medidas ilusorias que solo aparenten satisfacer las exigencias formales de justicia” (caso Heliodoro Portugal vs. Panamá, sentencia del 12 de agosto de 2008). Bien parece esta reforma constitucional un caso de ellos, pues el problema se centra en que se deje a los legisladores, por la propia Constitución, cuáles leyes, cómo reformarlas y en qué condiciones; por ende, no se firmó una reforma constitucional, sino un cheque en blanco para que el legislador ordinario dicte la última palabra.