¿Cuál es la agenda de la IV Transformación? No lo sabemos a ciencia cierta. Pero ya se acerca el 1º de diciembre, día en que será presentada por el que, a partir de ese momento, será el Presidente de la República. Además de la austeridad y el combate a la corrupción, ahora ya sabemos cuáles serán las grandes líneas del Plan de Paz y Seguridad. También sabemos sobre los proyectos de educación, asistencia a los jóvenes, a los adultos de la tercera edad y a las personas discapacitadas, y algo sobre las inversiones en infraestructura y en proyectos productivos. Poco sabemos, sin embargo, del crecimiento económico que se planteó elevarlo a por lo menos el 4 % anual, y de la lucha contra la pobreza y la desigualdad.
Por cierto que en el Plan de Paz y Seguridad se le otorgan a estos elementos la mayor importancia en el largo plazo. La suficiencia en el empleo, la educación, la salud y el desarrollo –dice–, “atacarán las causas profundas del auge delictivo, reducirán en forma significativa la base social que haya podido generar la criminalidad y reestablecerán la confianza de los individuos en el colectivo. La reducción de la pobreza, la marginación y la desintegración familiar y social ofrecerá una base perdurable para disminuir la comisión de delitos de toda clase”.
Curiosa la relación tan directa que se establece pues la pobreza viene a ser la causa profunda y la base social del delito, cuando también se tipifican una amplísima gama de crímenes y delitos de quienes no son pobres. Por lo demás, llama la atención en el Plan de Paz y Seguridad la ausencia total de las causas internacionales de la violencia, empezando por el tráfico de armas, aunque esta omisión parece que caracteriza al conjunto de la concepción política y las ideas de Morena, es decir, que carecen de una contextualización del mundo actual. En fin, no es mi intensión en este artículo entrar de lleno al análisis del Plan de Paz y Seguridad. Sólo termino con señalar que tampoco el Plan contiene una visión más o menos compleja de una auténtica reforma estructural e integral de la sociedad ni del papel del Sistema Nacional de Planeación. Por cierto que, por ley, también se deberá de presentar la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo hasta el 2024.
Aquí entramos a uno de los principales pendientes que ha dejado la transición a la democracia en México que, como lo mencionó AMLO, no ha bajado ni a los sindicatos, ni a las familias, ni a la sociedad. ¿Qué papel está llamada a desempeñar la sociedad civil en la IV transformación, en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan de Paz y Seguridad? En éste último se crea la figura de un Consejo de Paz de 9 miembros, de los cuales sólo 3 serán representantes de la sociedad, pero propuestos por el Presidente. O sea que ni el pueblo, como le gusta invocar a AMLO, o ni la sociedad civil, que no le gusta, estarán presentes como sujetos activos y participantes en el proceso de paz y seguridad, a no ser como receptores del mensaje de la nueva constitución moral que regenerará las conciencias hacia la bondad, lo gregario y lo colectivo.
Parece que el pueblo estará representado en el ejecutivo porque, según dijo en su cumpleaños, “ya no se pertenece a sí mismo”. Ese mismo espíritu, a través del partido del Presidente tiene la mayoría en la cámara de diputados, que concentra la soberanía popular. Por tanto, el pueblo ya está sobrerrepresentado. Y para que no quepa duda alguna, se le consultará para todo asunto que proponga el ejecutivo, con tal de quitarle los argumentos a los “conservadores”, adversarios de AMLO. ¡Todo un delirio espiritual! Ya no habrá control corporativo de las organizaciones del pueblo sino consulta directa y obligada.
Bromas aparte, el reto más importante del México de hoy, que dejó pendiente la transición frustrada, consiste en transformar las relaciones entre sociedad civil y el gobierno con el fin de liberar plenamente el control corporativo y clientelar de las organizaciones sociales y lograr que la sociedad civil participe en los asuntos del Estado. En pocas palabras, modernizar y democratizar a la sociedad civil.
En los años anteriores la Unión Nacional de Trabajadores y otras organizaciones de la sociedad civil, promovieron la creación del Consejo Económico y Social. La propuesta logró la simpatía de muchos actores civiles, políticos y gubernamentales, y de hecho funciona en la Ciudad de México, aunque con un bajo perfil.
Más que nunca, hoy, se requieren de estas propuestas. Sería magnífico que la UNT la actualizara y la volviera a plantear, para destacar la importancia de la participación de la sociedad civil y del diálogo social. En el contexto del Sistema Nacional de Planeación, el carácter del Consejo Económico y Social debería ampliarse para constituirse en un Consejo de Estado de la Sociedad Civil que coadyuve en la construcción de los consensos en torno a un nuevo modelo de desarrollo económico y social de México, fundamentado en la garantía de los derechos humanos plenos como aspiración universal y en la sustentabilidad del planeta.
Aparte del enojo contra la corrupción y la impunidad, quizá no existe reivindicación más sentida hoy en México que la creación de las vías y formas para la participación institucional de la sociedad civil en los asuntos del Estado. Y quizá también no exista aspiración más profunda y generalizada que esa participación impulse un cambio de rumbo en el desarrollo nacional, capaz de alcanzar la paz, con justicia, dignidad y democracia; de lograr una mejoría gradual y sostenida de los niveles de vida de la población, y de incluir a los millones de mexicanos que viven en situación de pobreza.
Como se ha planteado a lo largo de varios años, la creación del Consejo debería reconocer la importancia de las organizaciones de la sociedad civil como actores centrales del proceso de toma de decisiones públicas y debería constituirse en espacio de primera importancia para participar en la construcción de acuerdos, planes, programas y políticas públicas relativas al desarrollo nacional en el corto, mediano y largo plazos.
Vivimos una nueva época en México y el mundo. Además, por supuesto, de los retos ecológicos, gran parte de los problemas del país tienen sus raíces en la nueva forma de ser del mundo. La crisis actual exigirá, para su resolución, de nuevos consensos en todos los planos de la vida humana. Se trata de una crisis que afecta de manera global a las diversas civilizaciones y culturas, a la especie humana como un todo, a su sentido de la vida y a su capacidad para ofrecer una vida digna para el ser humano y el planeta mismo.
Debemos trabajar con nuevas perspectivas en los órdenes nacional y mundial. Necesitamos plantear el desarrollo económico y social con una visión más amplia, como desarrollo humano y sustentable, lo que implica un mayor esfuerzo de entrelazamiento de México con el resto del mundo. Y esto no es un problema que resuelva una mayoría legislativa, sino que requiere de la participación de la sociedad civil en los asuntos del Estado y de la construcción de los nuevos consensos a través del diálogo democrático y, destacadamente, del diálogo social.
Por último, la creación del Consejo abriría también la oportunidad inestimable para fortalecer las representaciones de los sectores productivos hoy sumamente anquilosadas.