En Puebla, las mujeres en reclusión viven en condición de desigualdad. Son doblemente víctimas en el sistema penitenciario, sufren golpes, discriminación y abandono –por los mismos que las involucraron en delitos–, padecen maltrato de las autoridades, no reciben visitas conyugales y son obligadas a pertenecer a redes de prostitución al interior de los Centro de Reinserción Social (Cereso).
Incluso, los jueces dictan penas mucho más severas en contra de ellas por no responder a los roles de la “buena” madre o esposa.
La información ha sido ampliamente documentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) y la asociación civil Equis Justicia para las Mujeres, las cuales afirman que en el mejor de los casos conviven con sus hijos en prisión.
En el estado de Puebla no hay penitenciarías femeniles, todos los centros de reclusión son mixtos, lo cual evidencia que son espacios propicios para trasgredir sus derechos más fundamentales.
Lo anterior, según el Informe Especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre Mujeres Internas en los Centros de Reclusión de la República Mexicana.
El organismo revela que en los 19 penales del estado de Puebla hay una población penitenciaria fluctuante de 600 mujeres en promedio, que no representan ni el 10 por ciento de los más de 8 mil varones internados.
Asimismo, informa que los reclusorios en Puebla padecen una sobrepoblación femenil del 38 por ciento, al pasar de 417 reclusas a 576 internas en el último año, es decir, 159 féminas más en prisión.
Puebla ocupa el tercer lugar nacional en hacinamiento de mujeres, después de las cárceles de Jalisco con 78.6 por ciento, e Hidalgo, con el 68.4 por ciento. Mientras que 12 internas viven con sus hijos al interior de los Ceresos, quienes carecen de educación y acceso a la salud.
Las anomalías fueron detectadas principalmente en los penales de San Miguel, en la ciudad de Puebla, así como en el de Tehuacán y San Pedro Cholula.
El hecho de que el número de mujeres privadas de la libertad por la comisión de conductas delictivas sea menor que el de los hombres, como ya se ha apuntado, para la CNDH no justifica la deficiencia de una perspectiva de género, por lo que la infraestructura, organización y el funcionamiento de los establecimientos de reclusión gira preponderantemente, alrededor de las necesidades de los varones.
En ese sentido, refiere que durante los últimos años el número de mujeres en prisión se ha incrementado, sin que exista un cambio sustancial en las políticas públicas en la materia, a efecto de proporcionar mejores medios para garantizarles condiciones de estancia digna.
Las irregularidades en las que viven las mujeres en prisión son incalculables. Van desde la ingesta de alimentos putrefactos, la falta de atención médica, de actividades laborales, educativas y deportivas, hasta las condiciones de hacinamiento y sobrepoblación, la no separación entre hombres y mujeres, y, particularmente, la desigualdad en condiciones a instalaciones y servicios.
También se documenta que las mujeres en reclusión muchas veces son víctimas de tortura en el momento de su detención, encontrando como factor común la violación.
Entre los métodos utilizados las mujeres relataron como fueron asfixiadas con bolsas de plástico, golpeadas, amenazadas física y sexualmente o fueron obligadas a desnudarse ante policías de los estados.
En tanto, según los investigadores de Equis Justicia, una mujer delinque por varios motivos, entre ellos, por violencia de género, feminización de la pobreza, adicciones o un ambiente delictivo en el que los hombres, en una sociedad machista, las obligan a transgredir la Ley.
En 2012, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, de la Universidad Iberoamericana de Puebla y la organización no gubernamental Asilegal, elaboró el informe “Mujeres privadas de su libertad. ¿Mujeres sin derechos?”.
En dicho estudio se dio a conocer por primera vez que siete de cada 10 mujeres en las cárceles sufren agresiones por parte de las mismas autoridades.
Las mujeres que delinquen son reclutadas por su propia pareja sentimental
El informe de Equis Justicia revela un dato relevante: las mujeres son reclutadas por la pareja sentimental o un grupo familiar para la venta de drogas al menudeo, mientras que otras reclusas entrevistadas aseguraron que su detención sólo se trató de “mala suerte” por estar en el momento equivocado.
Además, la mayoría de las féminas provienen de familias sin estructura y cargan con las culpas para proteger o encubrir a otros, como revela el estudio Políticas de drogas, género y encarcelamiento en México: Una guía para políticas públicas incluyentes.
En el documento se expone la situación que viven las mujeres privadas de la libertad por delitos relacionados con drogas desde un enfoque interseccional, es decir, haciendo un análisis de diversas discriminaciones derivadas de alguna condición de discapacidad, orientación sexual, nacionalidad u origen étnico.
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de 2016, el 53 por ciento de las reclusas en México están por delitos relacionados con la salud, como es el tráfico de drogas, el cual se mantiene a la alza.
En nuestro país, la Ley refiere que la posesión de cinco gramos de cannabis es un delito, aunque se busca legalizar el consumo para uso recreativo en ciudades turísticas.
Por último, Equis Justicia concluye que la situación expuesta hace indispensable y urgente el trabajo en el ámbito legislativo y de procuración de justicia para incorporar la perspectiva de género mediante las siguientes acciones: mejorar las condiciones de encarcelamiento, generar datos públicos confiables, emitir sentencias que tomen en cuenta el contexto, así como trabajar en procesos de reinserción.
Datos recabados por la asociación civil revelan que el perfil de las mujeres encarceladas en México por delitos vinculados a las drogas es:
- El 98.9% son primodelincuentes, es decir, no tienen ningún antecedente penal
- 9 de cada 10 no está armada al momento de su detención
- 90% tienen hijos y dependientes económicos
- La edad promedio es de entre 18 y 40 años
- 60% no ha terminado la secundaria
- Reportan historias de vida de violencia física o sexual
- En el caso de las mujeres indígenas, los datos muestran que el 43% de las que están encarceladas son por actividades de mulas del narcotráfico.
- En mayo pasado, Equis Justicia para las Mujeres presentó ante el Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y de la Ley Nacional de Ejecución Penal respecto a los procesos de detención, enjuiciamiento, sentencia y reclusión de mujeres.
En ella, se busca incidir en la incorporación de la perspectiva de género en los procesos penales que afectan a mujeres. Se propone la reducción e individualización de la pena, tomando en cuenta la situación de vulnerabilidad de las mujeres.