El diputado de Movimiento Ciudadano (MC) Julián Peña Hidalgo presentó una propuesta de reforma a la Ley de Agua del estado para dar marcha atrás a la privatización del agua que se autorizó en Puebla capital y municipios conurbados en 2014, así como frenar más proyectos de ese tipo en el futuro.
“La iniciativa tiene como finalidad establecer claramente que el acceso al agua como derecho humano debe ser garantizado por el Estado, entendido este por el ente jurídico y político a través de los diferentes niveles de participación: la federación, la entidad federativa y los ayuntamientos”, expuso.
Peña planteó suprimir de la ley la posibilidad de la participación privada establecida en los artículos 29, 30 y 31, porque corresponde al sector público otorgar el servicio del agua y no a empresas privadas.
Lo que hacen los particulares es otorgar el servicio a través de contratos y privar del servicio a los usuarios, como lo hacen cuando por cualquier causa dejan de pagar suministro, lo que significa la privación de un derecho humano, arguyó.
Dijo que la participación de la iniciativa privada se hizo posible gracias a una reforma aprobada a nivel local en 2013 que derivó al año siguiente en el otorgamiento de una concesión a la firma Agua de Puebla para Todos.
De acuerdo con el sitio web de la firma, ésta tiene a cargo la concesión para la prestación del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales en Puebla capital y las circunscripciones territoriales específicas de los municipios de Cuautlancingo, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula y Amozoc.
Asimismo, es responsable de la ampliación, acondicionamiento, mantenimiento, operación y administración de la infraestructura hidráulica del SOAPAP, y la prestación del servicio de saneamiento de aguas residuales en Tlaltenango.
Julián Peña aseguró que las actividades de Agua de Puebla contravienen el artículo 4 de la Constitución del país, el cual determina en su párrafo 6 que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”, y además también estipula que el Estado es el responsable de garantizar este derecho.