Proponen que Cámara inste a Segob y gobierno de Puebla a cejar acoso al COTIC y a Tosepan

La diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), presentó ayer un punto de acuerdo en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, para “conminar a la Secretaría de Gobernación federal y al gobierno del estado de Puebla, a cesar el acoso institucional y proveer seguridad a los defensores de la riqueza territorial, integrantes de la Sociedad Cooperativa Tosepan Titataniske y del Comité del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (COTIC).

El planteamiento fue turnado para su análisis a comisiones y establece que “es necesario repudiar el ataque que recibieron miembros de la Tosepan Titataniske por un comando armado el 4 de marzo en la zona de Cuetzalan, en el que hirieron a uno de ellos.

Asimismo, es indispensable exigir a las autoridades que cese el acoso judicial contra el Comité del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan, al oponerse de manera legal y pacífica a obras que afectan a las comunidades y al medio ambiente del municipio y la región; en particular, el proyecto Línea de Alta Tensión Cuetzalan Entronque Teziutlán II–Papantla Potencia y Subestación Eléctrica Cuetzalan Banco 1 (Proyecto LAT)”.


Y agrega: “El último día de enero de este año, la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en el estado de Puebla citó a comparecer ante ella a cuatro integrantes del Comité del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan, como indiciados por el delito de obstrucción de obra pública, debido a que entre el 19 de noviembre de 2016 y 2 de octubre de 2017 participaron junto con cerca de mil personas en un plantón de rechazo a las pretensiones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de instalar en ese municipio el Proyecto de Línea de Alta Tensión Entronque Teziutlán II–Tajín (LAT), porque consideran que contraviene el Programa de Ordenamiento Territorial Integral Municipal aprobado en una sesión cabildo abierto el 15 de octubre de 2010 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 10 de diciembre del mismo año.

“Los indiciados son personas de reconocida solvencia moral y prestigio social, por su trabajo en pro de los derechos de las comunidades de la región y la defensa del territorio. Además de ser miembros del Cotic, la señora Rufina Edith Villa Hernández, de origen nahua, es integrante de la organización Maseualsiuamej Mosenyolchicahuanij y secretaria del Cotic; el señor Nazario Diego Téllez, también nahua, es representante del Grupo Altepetajpianij, cooperativista de la Unión Tosepan Titataniske; el señor Álvaro Aguilar Ayón es asesor de la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske, y Luis Enrique Fernández Lomelín, investigador universitario.

“Ante lo anterior, cabe preguntar ¿si la CFE sabe que en los hechos de los cuales se les acusa participaron cerca de mil personas, ¿por qué incriminarlos solo a ellos?, ¿por qué en este momento, si los hechos sucedieron hace un año?, ¿qué intereses puede haber detrás de esta acción político–policial?

“En el COTIC están convencidos de que se trata de una medida para disuadirlos del defender su territorio y su forma de vida, pues eso afecta importantes intereses económicos. Para sustentar su afirmación, señalan que la subestación que la CFE pretende construir en su territorio pasaría cerca del sitio donde la empresa Controladora de Operaciones de Infraestructura, subsidiaria de Ingenieros Civiles Asociados (ICA), pretende construir cuatro nuevas hidroeléctricas interconectadas en el río Apulco, en los municipios de Tetela de Ocampo, Xochiapulco, Zacapoaxtla, Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Nauzontla; curiosamente cerca de la mina El Aretón, propiedad de minera Autlán y del Cerro Las Espejeras, en Tetela de Ocampo, donde el Grupo Frisco tiene concesionadas más de 10 mil hectáreas de terrenos, proyecto que se encuentra suspendido por la oposición de la gente y la carencia de permisos ambientales”.