El líder de la Federación de Trabajadores de Puebla (FTP–CTM), Leobardo Soto, quien será diputado en la próxima legislatura local, manifestó su interés de incorporar a “cientos de reporteros de Puebla al empleo formal”, con el apoyo de la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social que encabeza Rodolfo Reyes Coria y del gobierno estatal.
“Para esos reporteros que día a día hacen su trabajo y no gozan de seguridad social, de una vivienda digna ni de prestaciones vamos a pasar de las palabras a los hechos. Hoy debemos de aprovechar que tenemos en el Seguro Social a un aliado, que tenemos en la delegación federal del Trabajo a una gran aliada y que tenemos en el gobierno del estado a excelentes aliados. Si nos conjugamos en equipo vamos a rescatar las prestaciones de esos trabajadores y trabajadoras que por años han sufrido llevando la noticia”, expresó.
El 4 de diciembre pasado, el Congreso del estado aprobó analizar la creación de la Ley de Protección Social para Periodistas en la entidad.
La iniciativa fue de la diputada del PRD Dora Luz Cigarroa, quien ayer se presentó en la tribuna legislativa local y consideró que esta medida tiene como fundamento que el ejercicio del periodismo se ha convertido en un empleo de alto riesgo, debido a la “ola de delincuencia organizada por la que hemos atravesado”. Indicó que una ley similar ya funciona en Baja California.
Sin embargo, la legisladora local evidenció su desconocimiento de la situación del ejercicio periodístico en la entidad y de la inconformidad del gremio con el trato que recibe de la administración del gobernador Rafael Moreno Valle.
Cuando se le preguntó a la legisladora cuántos casos de agresión a periodistas y a medios informativos tenía registrados, la diputada mostró su sorpresa y afirmó que esta iniciativa no tiene que ver con política, sino que los periodistas “puedan también tener derecho en desarrollo social, en beneficios para sus familias, que sigan creciendo y que el periodismo sea más profesional”.
Aunque se le planteó que la actual administración estatal se ha caracterizado por su intolerancia a la crítica –como en las informaciones periodísticas que han revelado el costo de la compra de helicópteros, de la rueda de la fortuna, entre otros gastos–, y esto podría resultar en un conflicto al impulsar desde el Congreso un “cobijo gubernamental” a los periodistas, la diputada perredista respondió que su propuesta es general y cualquier profesión puede representar un riesgo, por lo que evitó hacer señalamientos sobre agresiones a periodistas en Puebla.
Además, organizaciones no gubernamentales, como el Comité de Derechos Humanos de Puebla y Tlaxcala, presentarán a la LVIII Legislatura poblana una iniciativa para garantizar el derecho a la libertad de expresión y pedir garantías para periodistas a fin de que no se presente en Puebla un estado de acoso como el que hay en entidades en donde hay alta actividad del crimen organizado.
Mediante un comunicado organizaciones como el Frente Patria y Libertad y Observadores de Prensa, con sede en el DF, explicaron que la iniciativa de ley será ingresada también en los Congresos locales de Tlaxcala, Querétaro, San Luis Potosí, Yucatán, Aguascalientes y Baja California.
“Consideramos que en esos estados hay todavía oportunidad legal para frenar las agresiones contra periodistas, fotoperiodistas, lectores de noticias, conductores de noticiarios, articulistas, columnistas, productores, caricaturistas, directores de medios y toda la gama de trabajadores de los medios que en otras partes del país son víctima ya no sólo de la violencia institucional, que ejercen gobiernos y otras entidades del Estado mexicano, sino que ahora también están a merced del acoso y la violencia desatada por el crimen organizado”, expresaron.