El gobernador Rafael Moreno Valle Rosas presentó al Congreso del estado una iniciativa de reforma que permitiría concesionar el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, que actualmente brindan los municipios u organismos operadores, para cederlo a particulares.
Como en otros casos, el planteamiento hecho por el titular del Poder Ejecutivo no tiene la claridad que demanda un asunto tan delicado, pues ni siquiera se conocen las justificaciones supuestas para entregar la administración de recursos tan importantes a la iniciativa privada.
Se esgrime con frecuencia y a veces hasta con ligereza de parte del aparato oficial que los servicios a concesionar son ineficientes porque los organismos gubernamentales encargados de proveerlos son ineficientes y entonces deben tomar las riendas los particulares, porque ellos sí tienen probidad en el manejo.
Lo cierto es que al darle a compañías privadas el control de servicios básicos para la población se está soslayado la importancia social de los mismos.
Además, por lo poco que se conoce de la iniciativa, se aprecia la intención de excluir al Congreso local de la fijación de las tarifas, lo que es sumamente riesgoso, pues cualquier empresa que eventualmenrte reciba la concesión operará con criterios mercantilistas y no de beneficio a la ciudadanía.