La corriente perredista Izquierda Democrática Nacional (IDN) denunció que el costo del servicio de agua potable se ha incrementado hasta 300 por ciento luego de que la empresa Concesiones Integrales asumió la administración del recurso hídrico en Puebla capital y la zona conurbada.
El representante de IDN, David Méndez Márquez, anunció que ya se alistan movilizaciones contra los cobros excesivos que perjudican al grueso de la población, incluidas las colonias populares, pese a que las autoridades del estado aseguraron que el ingreso de la iniciativa privada y las nuevas tarifas no impactarían en los estratos de menor nivel socioeconómico.
En entrevista, dio a conocer que la expresión a la que pertenece sostuvo la semana pasada los primeros acercamientos con presidentes y representantes de conjuntos habitacionales de diferentes zonas de la capital, quienes están dispuestos a denunciar los excesos.
“No llevamos más de un mes con la aplicación de las tarifas (que aprobó el Congreso local y aplica Concesiones Integrales) y ya empezamos a ver que son desproporcionados los incrementos por el pago de este servicio”, reprobó el ex regidor de Puebla.
Chapultepec y Jardines de Amalucan, detalló, son algunas de las colonias de la zona nororiente de la metrópoli afectadas con aumentos que van de 200 a 300 por ciento.
Acusó que los aumentos son violatorios del artículo 4 constitucional en su párrafo seis, el cual determina que en el país “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
“El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.
David Méndez calificó de “insostenibles” los aumentos que ha solapando el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), el cual cedió sus actividades en concesión a la iniciativa privada.
“El servicio de agua potable es un derecho humano y no puede estar condicionando a los ciudadanos que tengan el poder adquisitivo; es una irresponsabilidad social promovida por el gobierno del estado con el fin de hacer negocio de un derecho humano”, acusó.