Este miércoles, el síndico suplente y asesor jurídico de la Asamblea Social del Agua (ASA), Omar Jiménez Castro, denunció que la “derecha” en Puebla se encuentra detrás de una estrategia represiva que utiliza a regidores del propio ayuntamiento capitalino para desvirtuar el movimiento que inició el proceso legal para auditar al Soapap y buscar la revocación del título de concesión a la empresa Concesiones Integrales SA de CV.
El primer acto intimidatorio se dio en contra del ex secretario del Medio Ambiente, Francisco Castillo Montemayor, acusado ante el Instituto Nacional Electoral (INE) de violencia de género en contra de la panista Augusta Díaz de Rivera.
El segundo, precisó, se dio la tarde de este martes en su contra, a través de la empresa Concesiones Integrales que cortó el servicio de agua y drenaje en su domicilio particular.
A pesar de esta afrenta directa, Omar Jiménez dijo que el movimiento no parará hasta lograr la remunicipalización del servicio del agua en Puebla, que se encuentra concesionado por 30 años a la compañía en mención.
“Me dicen que me cuide y que ya no denuncie, pero hay que combatir el mal con el bien; hay una obligación moral y no voy a renunciar a ella aunque intenten callarme, vamos a enfrentar esto hasta donde dé”, declaró, en rueda de prensa.
El activista informó que, en los últimos días, personal de Concesiones Integrales estuvo merodeando la colonia 20 de Noviembre, donde reside, para colocar cruces que serían los lugares donde cortaría el suministro del líquido.
Sin embargo, dijo que este actuar de la empresa, que comparó con la delincuencia, alertó a los vecinos que en un primer momento pensaron que se trataba de una banda que estaba marcando casas susceptibles de robo.
Al día siguiente, el martes, relató que se acabó la duda cuando personal de Concesiones Integrales, con vehículos con el logo oficial de la empresa, acudieron a las viviendas para cortarles el agua y el drenaje.
Argumentó que en su caso particular dejó de pagar el servicio porque es el momento que la compañía no puede argumentar qué metodología emplea para calcular el cobro de su consumo de agua, aunado a que la tarifa que se impuso es desorbitante.
Por otro lado, expuso que como defensor del derecho humano al agua que no se tiene la certeza del dinero que entrega la Federación al Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado (Soapap) y este a su vez a Concesiones Integrales, pues hasta la fecha se desconoce en qué se está aplicando.
Jiménez Castro refirió que hay un rubro que dice que el recurso se aplica a colonias sin red de agua ni drenaje, pero el director del Soapap, Gustavo Gaytán dijo que son mínimas las colonias, cuando se trata de 83, y no se utiliza desde que se privatizó el servicio en el año 2013.
Ante ello, anunció que van a recabar 5 mil firmas con nombre, firma y número del servicio del agua, para buscar audiencia pública con el presidente Andrés Manuel López Obrador para instruya a la Secretaría de la Función Pública e Inteligencia Financiera, a fin de que audite al Soapap en Puebla.
A partir que inicia la distribución de los formatos, denunció que inició una campaña de hostigamiento y represión en su contra por medio de bots en redes sociales.
“Me dicen que no estudié que ni abogado soy, que pague, que soy moroso, que es una vergüenza que sea el síndico suplente y que daño la imagen del gobierno de Puebla”, declaró.