Presos políticos: velo por descorrer

El conflicto social que siguen representando los presos –procesados y perseguidos– políticos en Puebla ha sido, como tema de debate público, el más ninguneado por el gobierno. Mientras la organización civil Comité por la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión Social en Puebla vino dando puntual cuenta del número, e incremento en la cifra, de personas acosadas judicialmente o puestas en prisión por su inconformidad con acciones de gobierno que lesionaron sus derechos y decidieron defenderlos; calificando tal situación como reveladora de la existencia de represión gubernamental hacia la sociedad y causa generadora del surgimiento de detenciones arbitrarias que ameritaron considerar que las personas que de esta forma llegaron a pisar la cárcel eran, en realidad, presos políticos; el gobierno ha manejado la situación con base en un artilugio político vulgar y simplón: “En Puebla no existen presos políticos”.

Los altos funcionarios del estado relacionados con este conflicto convirtieron la negativa de existencia de los presos políticos en un cliché; un asunto para el cual crearon el peyorativo estereotipo de la inexistencia y, frente al cuestionamiento periodístico, optaron por las respuestas de formato. Diódoro Carrasco (http://www.e-consulta.com/nota/2016-02-26/gobierno/rechaza-carrasco-que-haya-presos-politicos-en-puebla), (http://www.e-consulta.com/ nota/2017-05-31/politica/sgg-reitera-que-en-puebla-no-hay-presos-politicos), y Javier Lozano http://www.angulo7. com. mx/2017/05/22/rechaza-lozano-haya-presos-politicos-puebla-recibiran-firmas/)   son, por sus relevantes cargos públicos, ejemplos del procaz ninguneo gubernamental hacia el lacerante caso de los presos políticos.

Ni qué decir de los infundiosos boletines de prensa publicados, alternada y coordinadamente, por la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría General de Gobierno en los que la petición social de frenar la persecución política fue descalificada con el deleznable recurso de la negación “categórica”, como si la privación injustificada de la libertad de las personas por motivaciones políticas ameritara responderse con la técnica barata con que se contesta una demanda en juicio ordinario. Algo en los boletines llamaba la atención. Abordaban, de entrada, el tema genéricamente representado por los presos, procesados y perseguidos políticos en el estado, negándolo. Luego, en viraje discursivo del problema, terminaban refiriéndose únicamente al caso de los presos de la 28 de Octubre con especial énfasis justificativo en la prisión de Simitrio.


Mientras los ambulantes, públicamente, pedían una respuesta clara sobre el problema: “La sociedad poblana desea saber, a ciencia cierta, qué es lo que está pasando con la aplicación de la ley y por qué las personas que en algún momento defienden trabajo, tierra, modo de vida o destino del patrimonio histórico afectados por decisiones gubernamentales, tienen que parar en la cárcel”; tozudamente esas instancias descalificaban que se tratase de presos políticos aderezando sus comunicados con datos y comentarios técnicos inexactos, deshilvanados y tergiversados sobre la situación jurídica de estos presos. Para Procuraduría y Secretaría de Gobierno solo eran presos comunes. Quisieron levantar una duda social –¿presos políticos o comunes?– para ocultar la atrocidad.

El tiempo ha venido a demostrar que asumir esa, institucional, cómoda posición fue de fácil distribución mediática, no requería esfuerzo intelectual de los declarantes y creyeron, así, dejar del lado de los reclamantes la “carga de la prueba” para acreditar que sus presos tenían el carácter de presos políticos. Los casos siguieron su trámite judicial –chicaneados procesal e interpretativamente por jueces y ministerios públicos– y han venido terminando con el resultado que desde inicio y siempre fue predecible –sin bola de cristal, consulta al oráculo, ni sapiencia legal enciclopédica: confirmar la inocencia de las personas falsamente acusadas. Dos casos recientes muestran el patrón de conducta gubernamental.

Francisco Castillo Montemayor exhibió el uso faccioso y abusivo de las instituciones del Ministerio Público y la judicatura. La justicia federal, al concederle amparo, determinó que no estaba acreditado el delito de peculado por el que se le llevó a prisión. No es que no hayan podido comprobarle delito; nunca lo hubo. La obtención de su libertad no significó hacerle justicia; el agravio y la injusticia quedaron consumados con el tiempo de su estancia efectiva en la cárcel, su reclusión domiciliaria, el sufrimiento de su familia y amigos, los gastos de defensa y la adquisición o agravamiento de enfermedades producto de su ilegal e injustificado encierro.

Atltonatihú Rubén Sarabia Reyna obtuvo su libertad a principios de octubre luego que un juez federal determinara: “Es de mencionar, que respecto a la probable responsabilidad del quejoso en la comisión del delito de narcomenudeo en la especie de suministro de marihuana y cocaína, su estudio es innecesario, dado que al no acreditarse los elementos del cuerpo del delito, es evidente que la probable responsabilidad también deviene inexistente”. Es decir, se reconoció la inexistencia de delito después que pasó casi tres años de su vida en la prisión, con todas sus implicaciones. En ambos casos: prisión efectiva sin culpabilidad ni sentencia; encerrados en prisión por nada; y, un bromista saliendo a decir que nadie está por encima de la ley.

Para descorrer el velo puesto por las autoridades sobre la existencia, o no, de presos políticos en Puebla, de nueva cuenta es la cruel persecución gubernamental desatada sobre el liderazgo de la 28 de Octubre, la que ha colocado a estos humildes ambulantes en la posibilidad de alzar la mano para descorrerlo. El tiempo ha llegado.