El presidente municipal de Tepango se resiste a restituir al síndico y a tres regidores

El presidente municipal de Tepango de Rodríguez, Vicente Lucia Morales, se niega a acatar una sentencia de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la cual le ordenó restituir en el cargo al síndico y tres regidores del ayuntamiento a los que destituyó ilegalmente.

El alcalde miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) interpuso un recurso de reconsideración ante la Sala Superior, en un intento de echar abajo la resolución emitida el 6 de septiembre pasado.

El expediente del caso se archivó con la clave SUP–REC–1306/2017 y se encuentra bajo el estudio de la magistrada Janine Otálora Malassis, presidente del máximo órgano jurisdiccional del país.


La sentencia controvertida la dictó la Sala Regional de la cuarta circunscripción electoral del país que tiene su sede en la Ciudad de México, la cual ordenó la restitución de los regidores Julio César Galindo Núñez, Pedro González Pérez y José Mateo Salvador Pérez Mauricio, así como del síndico Reynaldo Hernández Mora. Además instruyó al ayuntamiento a pagar las prestaciones que les suspendió.

La Sala Regional conoció el tema por un juicio para la protección de los derechos político–electorales que promovieron los cuatro representantes populares, quienes fueron destituidos el 25 de junio de 2015.

Los regidores y el síndico recurrieron en primera instancia al Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) el 13 de enero de 2016, en donde interpusieron un recurso de apelación que el órgano local resolvió un año y cuatro meses después, el 12 de mayo pasado, dando la razón al alcalde.

La Sala Regional revocó la resolución del TEEP y condenó a la Comuna de Tepango a restituir a los inconformes en el ejercicio de los cargos para los que fueron electos.

De paso, conminó al tribunal local “a conducirse con celeridad en la sustanciación y resolución de los asuntos de su competencia”, porque en el caso en cuestión no realizó actuación judicial alguna durante siete meses, comprendidos entre marzo y octubre de 2016.