Petróleos Mexicanos fue notificado de la resolución emitida por la Comisión Federal de Competencia (COFECO) con motivo de la denuncia de una supuesta práctica monopólica consistente en un aparente condicionamiento en la venta y suministro de gasolinas y combustibles.
Cabe resaltar que dichas actividades forman parte de las obligaciones constitucionales de distribución comercial por parte de Pemex Refinación a través de las estaciones de servicio.
En su resolución la COFECO soslaya los más elementales postulados de derecho que se establecen en nuestro marco legal vigente, ya que, atribuyéndose una competencia que no le es propia, pretende conocer y resolver sobre funciones que nuestra Constitución encomienda en forma exclusiva al Estado, a través de Petróleos Mexicanos.
Dichas actividades, conforme al propio imperativo constitucional, no constituyen un monopolio y su regulación, en términos del artículo 11 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, corresponde a la Secretaría de Energía con la participación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía.
Las pruebas y los razonamientos de derecho que fueron presentados oportunamente por Petróleos Mexicanos evidencian la legalidad de los actos que se realizan en la distribución y entrega de combustibles a las estaciones de servicio.
Sin embargo, la citada Comisión desconoció los elementos y argumentos aportados, notificando una resolución que de admitirse supondrá graves perjuicios a Petróleos Mexicanos y a sus trabajadores.
La resolución de la COFECO se tomó con el voto en contra de dos de los cinco comisionados, por considerar que esa Comisión no está facultada para interpretar la normativa en materia energética y que el transporte y la distribución de los productos refinados son actividades estratégicas que deben llevarse a cabo por conducto de Petróleos Mexicanos.
Petróleos Mexicanos hará valer todos los medios legales de defensa que tenga a su alcance, a fin de que prevalezca el orden jurídico y el respeto al Estado de Derecho.