Por pifias del INE partidos en Puebla son amenazados con multas millonarias

Errores y falta de preparación del personal asignado a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), así como una regulación sin fundamento legal tienen en jaque a las fuerzas políticas en Puebla, las cuales enfrentan la amenaza de pagar multas millonarias no por el mal uso de los recursos públicos a su cargo, sino por las deficiencias del procedimiento que creó el INE para auditarlos.

El principal responsable en el estado es el Enlace de Fiscalización Marco Cristian Vara Cepeda, quien es licenciado en administración pública pese a que el perfil del puesto es propio de un auditor o contador público.

Representantes de los partidos expusieron el problema a La Jornada de Oriente en entrevistas por separado, en las que pidieron que no se mencionaran sus nombres ni el de las fuerzas políticas de las que forman parte, por temor a que el instituto tome represalias en su contra durante el proceso de fiscalización al que se encuentran sometidos de manera permanente.


Todos coincidieron en señalar que el problema se originó en 2016 con la puesta en marcha a nivel nacional del Sistema Integral de Fiscalización (SIF), en el que identificaron una intención del INE de legitimarse ante la sociedad, imponiendo sanciones sin fundamento a las fuerzas políticas, así como allegarse de recursos adicionales a su presupuesto con el cobro de multas.

 

No fiscalizan los auditores, lo hace una aplicación, acusan

 

El INE describe al SIF como una aplicación informática en línea, la cual se diseñó para que los partidos realicen el registro de sus operaciones e ingresos “con criterios estandarizados, permitiendo adjuntar la documentación soporte de cada operación, generando de forma automática los informes para su presentación”.

El programa se creó para que el instituto cumpla con la atribución que le confirió la última reforma electoral de auditar los ingresos y gastos de todos los partidos políticos y candidatos en todos los procesos electorales que se lleven a cabo en México, ya sean federales o locales.

“Las nuevas disposiciones constitucionales ponen al INE ante un desafío sin precedentes en la historia de la fiscalización electoral mexicana”, reconoció el órgano comicial en un tutorial que se encuentra disponible en su sitio web sobre el tema.

Para los partidos a nivel local, el instituto no superó este desafío porque dejó en manos de una aplicación informática las tareas que tendría que desempeñar un auditor, provocando errores que algunos consideraron “garrafales” por la incongruencia de los mismos.

 

INE duplica observaciones; ascenderían a los 400 mdp

 

La inconformidad de las asociaciones políticas estalló el mes pasado con la entrega de las observaciones que realizó el instituto sobre los informes anuales 2016 del gasto ordinario concerniente al pago de nómina y servicios para su funcionamiento, pues el monto de las observaciones duplica el financiamiento público que recibieron para esas tareas.

De acuerdo con la asignación que aprobó el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE), los 11 partidos con presencia en Puebla (PRI, PAN, PRD, Morena, Nueva Alianza, PVEM, Movimiento Ciudadano, PSI, CPP y PES) recibieron para gasto ordinario una bolsa general de 199 millones 342 mil pesos.

Los representantes consultados por este medio de comunicación estimaron que el monto total de las observaciones para todos los partidos en Puebla es cercano a los 400 millones de pesos, porque todos se encuentran en la misma situación según pláticas que han sostenido entre ellos.

“El INE exige aclarar observaciones por 10 millones de pesos con base en el reporte del SIF, pero en el periodo auditado el partido sólo recibió 5 millones de pesos. No es posible que el monto de las irregularidades duplique el monto de los recursos manejados”, ilustró el líder de una fuerza política de talla nacional.

El representante de otro partido explicó el origen de ese yerro: el SIF realiza una doble contabilidad porque las áreas de finanzas efectúan en ocasiones dos registros de un mismo egreso con fines de previsión. “El sistema suma ambos montos aunque se trata de la misma operación, si la revisión la efectuara un auditor se percataría de esto, pero el programa no es capaz de identificarlo”.

 

Consejeros definen plazo de 72 horas que no existe en ley

 

Los partidos rechazaron que los errores y omisiones señalados por el instituto nacional exhiban una indebida ejecución del gasto ordinario en 2016, ya que la totalidad de las observaciones se motivan en que no registraron los egresos en las 72 horas que estableció el Consejo General del INE.

Lo más grave, consideró uno de los entrevistados, es que el término de tres días naturales no se encuentra establecido en ninguna ley del país, sino que se determinó por acuerdo del instituto, sin realizar una valoración sobre su factibilidad.

Además, los declarantes explicaron que no subieron la información al sistema durante el primer semestre del año porque así se lo sugirió el personal de la Unidad Técnica de Fiscalización, durante los cursos de capacitación que se llevaron a cabo en Puebla con motivo del arranque del SIF el año anterior.

“Nos dijeron que nos concentráramos en comprobar los gastos de campaña de ese año (de la contienda por la gubernatura), que el gasto ordinario podríamos registrarlo después de la elección, a partir de julio”, refirieron.

La instrucción que dieron los funcionarios de la Unidad Técnica en 2016 no se respetó este año, pues trabajadores de la misma área afirmaron a los responsables de finanzas que sí debieron subir la información en el término de 72 horas, en una reunión que sostuvieron para la entrega de las observaciones del informe anual 2016.

La inconformidad de las fuerzas políticas fue tal que todos reprocharon la actuación del área que titula a nivel nacional Eduardo Gurza Curiel, principalmente el representante del Partido Social de Integración (PSI), quien encaró a los funcionarios del INE tras conocer que sus observaciones superan los 26 millones de pesos.

“Hubiera sido menos grave que nos hubieran quitado el registro”, espetó el político, según testigos, en alusión a la batalla jurídica que emprendió PSI para conservar el reconocimiento como partido estatal, tras no lograr el mínimo de votación que exige la ley de 3 por ciento en los comicios de 2016.

 

INE se embolsaría 20 mdp con el cobro de multas

 

Si las fuerzas políticas no logran solventar las observaciones de la Unidad Técnica de Fiscalización, estiman que el INE cobraría una sanción económica de 5 por ciento sobre el monto total, es decir de 20 millones de pesos, debido a que ese porcentaje aplicó durante la campaña de 2016.

Alertaron que la cifra podría ser superior porque no existe un tabulador para la definición de multas, razón por la cual el Consejo General puede modificarlas a su antojo con la aprobación de acuerdos.

Aunque el artículo 458 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que los recursos obtenidos por la aplicación de sanciones económicas serán destinados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, los representantes consultados dijeron que no existe certeza de que el Instituto Nacional Electoral acate esa disposición.