La defensa legal de los pueblos del Popocatépetl, que interpusieron tres amparos contra la instalación del gasoducto Morelos, denunció que ninguno de los juicios de garantías procedió a favor de la protección de 12 municipios que cercan el volcán, gracias a la parcialidad de los jueces 1, 8, 10 y 11 de Distrito del Sexto Circuito en la ciudad de Puebla, poniendo en riesgo la vida de más de un millón de pobladores.
Se trata de los amparos número 1881/2014, promovido por habitantes de Atlixco; 1877/2014, interpuesto por pobladores de la junta auxiliar de San Felipe Xonacayucan, y el número 1964/2014, presentado por vecinos de San Buenaventura Nealtican, el pueblo más cercano al cráter del volcán, según dio a conocer el médico Armando Domínguez, representante de los pobladores de Atlixco, y las abogadas Patricia Montaño y Mareli Vélez, quien reclamó: “Las cosas no se están haciendo bien y hay una respuesta de los jueces para proteger intereses”.
Los declarantes sostuvieron que los jueces de distrito ilegalmente omitieron valorar el peligro que representa la construcción del gasoducto, que en algunos tramos pasará a escasos metros de distancia de las viviendas y terrenos de cultivos de los lugareños.
Por lo tanto, informaron que acudirán a instancias internacionales para hacer valer los derechos colectivos que representan.
A pesar de ello, advirtieron que en los próximos días se interpondrán tres amparos más contra el proyecto que trasladará gas natural a través de los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos.
Recordaron que existen estudios, como el del Instituto de Geofísica de la UNAM, que declaró que es improcedente la instalación de obras de urbanización en zona de alto riesgo volcánico.
Sobre los amparos, Armando Domínguez denunció que es evidente el agravio contra los pueblos originarios, ya que se viola la defensa de sus derechos colectivos.
En el caso específico del amparo 1881/2014, precisó que el juez Octavo de Distrito desconoció la validez de la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) cuando se intentó acreditar con este documento oficial la representación de los promoventes.
Reclamó que el desconocimiento de la credencial del INE como documento legal resulta un sinsentido, cuando en 2015 es un año electoral.
En su oportunidad, la litigante Patricia Montaño dijo que hasta ahora los jueces no han procedido con una sana, sensible y legal impartición de justicia en el caso del gasoducto.
En cuanto al amparo número 1877/2014, expuso que desecharon las demandas porque no admitió el acta de asamblea donde se legitimó a Lucina Rosas, hija de la campesina Enedina Rosas Vélez, que se encuentra en arraigo domiciliario, como representante de San Felipe Xonacayucan.
“El juez 10 de Distrito desechó la demanda por no haber acreditado el interés legítimo de quienes promueven el amparo, a pesar de que se le presentó el Acta de Asamblea de los campesinos que firmamos la demanda; ante esta situación se tuvo que recurrir a la resolución y estamos en espera de que se nos resuelva conforme a derecho”, explicó.
Respecto al amparo número 1964/2014, Patricia Montaño informó que no hay representación legítima y jurídica de los promoventes ni en el caso de Nealtican, que es la comunidad más afectada por su cercanía al volcán.
“En este caso no recurrimos por convenir a nuestros intereses, ya que estamos resolviendo acerca de la estrategia jurídica que más nos conviene seguir”, refirió.
Por último, respecto al amparo número 6/2014 promovido por los habitantes de Cuacuila, perteneciente al municipio de Huauchinango, contra el gasoducto Tuxpan–Atotonilco, declaró que está detenido a causa de que el juez 1 de Distrito ordenó la publicación de los edictos para emplazar a los terceros interesados, pero la comunidad no cuenta con 40 mil pesos para el pago de la publicación.
Para condonar el pago, indicó que el juez pidió a los agraviados por el proyecto que se presentarán en las oficinas de la Procuraduría General de Justicia para un estudio socioeconómico de los demandantes.
“Situación que nosotros rechazamos, puesto que tenemos miedo de dicha institución por las aprehensiones ilegales que se han venido dando en los últimos meses, en el estado de Puebla”, arguyó.
Por lo anterior, los habitantes de Cuacuila solicitaron el apoyo de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, pero no han recibido respuesta alguna de ellos.