Política de Estado

Cartas a Gracia

Me comentas, Gracia, que las 20 propuestas de reforma a la reforma que te compartiera la semana pasada, te parecieron interesantes y que en mucho, expresan el sentir de maestras y maestros de base generado por la reforma educativa. Me dices que coincides con un sinnúmero de los planteamientos y que consideras fundamental, la propuesta que convoca al fomento de una alianza permanente entre madres y padres de familia y personal docente y directivo que permita recuperar la “autoridad moral” de la que antaño gozaban quienes se dedicaban a los menesteres de la docencia, en las escuelas de educación básica y media superior. Resaltas la propuesta para aplicar la “normalidad mínima escolar” al porcentaje de la riqueza nacional que se invierta en educación; porcentaje que nunca debería ser menor a 8 por ciento del PIB nacional contrario a 5.3 por ciento destinado actualmente. Señalas que no es venganza; pero, que sí, efectivamente coincides con la propuesta para que se evalúe (valide) tanto a los encargados del despacho educativo, como a los mandos medios e intermedios (personal de confianza), quienes arriban a las dependencias del sector educativo con contratos por honorarios, para después usufructuar plazas de base –como profesores investigadores titulares “C” tiempo completo– sin que medie ningún criterio académico; salvo la venia del encargado o la encargada en turno. Imagino tu sonrisa cuando ensalzas la máxima juarista –a la que aluden quienes formulan las propuestas– y coincido contigo: el respeto de los derechos laborales de los docentes, es la paz y si no que les pregunten a quienes a partir del 4 de junio, convocan a un paro indefinido que busca derogar la reforma educativa. El tema da para más, pero no pretendo aburrirte; así que paso a comentar otras notas que llamaron mi atención.

La primera, Gracia, haría referencia a las “coincidencias” con quienes critican a la reforma educativa, inherentes a los discursos que pronunciara el suspirante del PRI a la titularidad del Ejecutivo federal en los actos realizados en Chalco, estado de México y en la Arena México de la CDMX y la segunda, vinculada a un intento ottonista, por convertir la reforma educativa –como por arte de magia– en una política de Estado. De bote pronto, quien elaborara el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y que como tal redujera a su mínima expresión los incrementos salariales de las y los trabajadores de la educación, promete en su carácter de candidato un “incremento salarial real y significativo” a los estipendios que perciben maestras y maestros; mayores recursos para los rubros capacitación continua y profesionalización para el personal docente y promover una evaluación contextualizada y formativa. Se dejó llevar, Gracia, por el entusiasmo que le contagiaran las y los más de 15 000 “simpatizantes” del Panal y del SNTE que asistieran a la Arena México y, aunque no prometiera derogar disposiciones legales de la leyes secundarias en materia educativa que agravian al personal docente al servicio del Estado, sí se pronunció por revisar el modelo de evaluación y garantizar la “certeza laboral” de los trabajadores de la educación. Un golpe bajo al ego de su coordinador de campaña: Aurelio Nuño Mayer.

El comunicado 157 emitido por la Dirección de Comunicación Social de la SEP, Gracia, parte de la premisa de que la reforma educativa “debe convertirse en política de Estado, ajena a intereses políticos o electorales”, atribuida a Otto Granados Roldán. Se le podría creer, si no fuera por que Otto mismo le ha dado esa connotación.


A pesar de los actos oficiales, Gracia, de los acarreos a mítines y concentraciones de candidatos de todos los niveles, esferas de gobierno y de todos los colores, maestras y maestros consideran que el proceso electoral 2018, les permitiría corregir el rumbo y “evaluar” a la reforma educativa que implementó la administración que fenece y recobrar los  derechos laborales que les arrancaran las modificaciones a los artículos 3 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes secundarias aprobadas al tenor del Pacto por México; no importando guiños, lisonjas y reconvenciones que les lanzan y Anaya y Pepe Toño, quienes coquetean al mismo tiempo con el magisterio –de quien pretenden el voto– y con Mexicanos Primero  –con quienes adquirieron compromisos–. Sin nada que discutir en el terreno académico –pues todo está en veremos– la discusión de la educación pública se centra en el terreno laboral; lo mismo que en el uso de la fuerza para imponer las evaluaciones de permanencia en el servicio profesional docente; en el gasto multimillonario para promover la imagen de un suspirante a la candidatura a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional y en los apoyos discrecionales (por 4 mil millones de pesos) que los encargados del despacho educativo entregaran a Juan Díaz de la Torre, secretario general del SNTE.

Una política de Estado que garantizara la educación que todos los sectores sociales requieren –incluyendo a los más reaccionarios–, demandaría acuerdos con quienes tendrían la responsabilidad de instrumentarla en las aulas, con las madres y padres de familia; que respondieran a un proyecto de nación consensuado socialmente. Que emergiera de una gran consulta popular no simulada y que desde el inicio, definiera objetivos, metas, estrategias y acciones de corto, mediano y largo plazo. Que se convirtiera en el hilo conductor de las políticas transexenales, en materia educativa, para que cualquiera que fuese el color de la administración en turno, se cumpliera. Para convertirse en política de Estado, la educación debería encontrarse al margen de políticos y la reforma educativa no cumple con esa taxativa.