Pide el PRD eliminar la propuesta que tipifica pintas como un delito grave

El diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Julián Rendón Tapia solicitó a las comisiones unidas de Gobernación y Procuración de Justicia eliminar de la reforma panista contra pintas la propuesta que busca tipificar la alteración, deterioro y daño de la infraestructura urbana como un delito grave, porque su aprobación vulneraría las garantías de los ciudadanos.

Asimismo, sugirió mantener la sanción máxima de cárcel de cuatro años que se considera en la normatividad vigente y, por ende, suprimir de la iniciativa el apartado que pretende elevar esa pena hasta 12 años.

Durante una entrevista con La Jornada de Oriente, el legislador miembro de la Comisión de Gobernación dio a conocer que realizó la entrega formal de sus observaciones al presidente de ese órgano legislativo, Eukid Castañón Herrera, quien es autor del proyecto.


Las correcciones propuestas, ahondó, tienen como objetivo garantizar que el marco normativo del estado respete el principio constitucional de proporcionalidad de la pena, el cual exige que la gravedad de las sanciones dependa del daño causado.

“Si es catalogado como delito grave ya no se tendría la posibilidad de salir bajo fianza, y creo que hay delitos que sí son graves, como el robo calificado y el secuestro, no tanto el grafiti”, expresó.

En la misma lógica, se pronunció en contra del apartado de la reforma que propone eliminar la posibilidad de permutar la sanción de cárcel por trabajo a favor de la sociedad, porque el trabajo comunitario beneficia más a la ciudadanía que tener a un joven en prisión.

A su parecer la iniciativa tendría que concentrarse únicamente en incrementar la sanción mínima vigente para pintas que actualmente es de 30 días de cárcel, cuando se realizan en propiedad privada, y de 40 días, en caso de bienes públicos.

El proyecto se presentó el 4 de febrero pasado con el respaldo del gobernador Rafael Moreno Valle y la bancada del Partido Acción Nacional. Hasta el momento ha sido analizado y discutido una sola vez dentro de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales el 6 de febrero.

La reforma se propone al Código Penal del estado, al Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social y al Código de Procedimientos Penales.