Por considerar que la divulgación del contrato de concesión del líquido representa un “serio prejuicio al interés público”, integrantes del Comité de Transparencia del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP) votaron de manera unánime que nada del convenio celebrado con la empresa Concesiones Integrales puede ser público por lo que el documento fue reservado en su totalidad, en marzo de 2023.
En este caso se observan de inmediato dos arbitrariedades: la primera, el papel ominoso que juegan los funcionarios del SOAPAP, quienes en los hechos están avalando una concesión que no ha generado a los poblanos otra cosa que no sea perjuicios a manera, principalmente, de un servicio negligente y extremadamente caro.
El segundo aspecto no es menos grave: el comportamiento del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Protección de Datos Personales (ITAIP), un organismo que desde que el régimen de Rafael Moreno Valle a la fecha ha servido solo para brindar opacidad total a los malos manejos que se han perpetrado en el régimen morenovallista.
Será difícil para las autoridades que están próximas a asumir funciones, puedan desmantelar de inmediato el andamiaje de triquiñuelas y chicanas que se han establecido para lucrar con un recurso necesario para la vida y también para que la ciudadanía pueda ejercer el derecho que la Constitución consagra para que se conozca con precisión la información que naturalmente debería ser de dominio público.
Sin embargo, una vez que esos impedimentos sean eliminados y que la concesión sea revertida, habrá también que buscar ejercer las sanciones correspondientes sobre quienes son responsables del actual estado de cosas.