Periodistas en la mira y amplia violencia en México

Foto: La Jornada

Ya son treinta los periodistas asesinados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, sin que haya castigo para ninguno de los responsables. Como han anotado las organizaciones: Artículo 19, Reporteros sin Fronteras y la Casa de los Derechos de los Periodistas, la mayoría de las agresiones a los tundemáquinas provienen de funcionarios públicos, y no del crimen organizado. Nada sabemos en cuanto a los homicidios, pero no extrañaría que también estuviera la mano de varios políticos que se molestan al ser  exhibidos.

PGR, Segob, Cámaras de Diputados y Senadores únicamente hacen declaraciones, no obstante que cuentan con oficinas que dicen proteger reporteros. Y la mayoría de las comisiones de derechos humanos únicamente simulan que apoyan a los tecleadores. En realidad, nada pasa ya que en Los Pinos hay un desprecio con los periodistas, exceptuando a unos cuantos, los preferidos.

Cecilio Pineda fue victimado el 3 de marzo, en Pungarabato, Guerrero. Cecilio Birto en Veracruz, y Ricardo Monlui (19 de marzo), en Yanga, de éste  estado. Este último era director de El Político y columnista de Córdoba, la cual  titulaba: El Crisol. Con Javier Duarte hubo 18 fallecidos, entre ellos Rubén Espinosa y Regina Martínez, y con Miguel Ángel Yunes van dos.


En el caso de Duarte, hay cuando menos unos treinta exiliados en el DF, Estados Unidos y hasta España. Todos en condiciones muy difíciles, ya que algunos se fueron con su familia completa. Pero el Gordito sigue aparentemente escondido, sino es que disfrutando de los miles de millones que defraudó al erario. ¿Y las autoridades federales?

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Hace poco se descubrió en Veracruz el cementerio clandestino más grande del país – hasta ahora- en Colinas de Santa Fe. No se crea que por las autoridades yunistas, pues el fiscal Jorge Winckler no había querido recibir a las madres dolientes, sino debido a que unos sujetos embozados y a la carrera, le brindaron un mapa al Colectivo Solecito.

En el lugar se han encontrado 250 cráneos, de los cuales se han identificado dos, ambos de  servidores públicos: el ex agente del ministerio público, Pedro Huesca, y de su secretario, Gerardo Montiel. A la fecha se han abierto dos mil 345 carpetas de investigación y existen, de diversas fosas, 300 cadáveres sin identificación. Seguramente a eso se debió que renunció el fiscal dejado por Javier Duarte, Luis Ángel Bravo, quien debía quedarse en el cargo hasta 2019, y no sabía qué hacer.

Hay 44 fosas en 212 municipios de Veracruz (Noé Zavaleta, Proceso, número 2017). En Alvarado, por ejemplo, se descubrieron 49 cráneos. Y así por el estilo. Incluso en un rancho llamado El Diamante,  municipio de Tres Valles, la Marina desenterró 31 cadáveres. Es decir, estamos ante una ola criminal que no tiene precedente en la nación. Inaugurada por Felipe Calderón, quien ahora lanza el grito “al ladrón”, pues el ex director del periódico La Prensa, Mauricio Ortega, fue quien robó una playera a Tom Brady en el pasado campeonato de la NFL. Y si bien las autoridades estadounidenses deben procesar a ese ladronzuelo, las declaraciones del Chapel (chaparro, pelón y de lentes, como lo apodó Manuel Espino) son propias de un individuo sin principios, luego de la tragedia en que hundió al país.

En Veracruz, no se olvide, estuvo como jefe de la policía: Arturo Acosta Chaparro, quien encabezó junto con Francisco Quiroz Hermosillo, la guerra sucia de los años 70. Llegó Acosta Chaparro en 1981, en la gubernatura de Agustín Acosta Lagunes, a quien se le denunció por  tener nexos con el narcotráfico. Desde aquella época comenzaron los secuestros, las detenciones y la violencia sin freno. Es decir, hampones y militares estaban, desde entonces,  en contubernio para las extorsiones.

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Las autoridades han hecho caso omiso al reclamo de familiares y ONG. Foto: La Jornada.

Claro, al extenderse la violencia, hemos tenido situaciones como en San Fernando, Tamaulipas, sitio donde  se encontraron 120 cuerpos de centroamericanos (2011); La Barca, Jalisco, donde hubo  75 personas desmembradas (2013); 450 en El Limón, Veracruz. Y recientemente en Jojutla, Morelos se reportaron 50 fragmentos óseos; en la tierra donde aparentemente gobierna Graco Ramírez, ya había dado la voz de alerta Javier Sicilia y otros por la cantidad de cementerios clandestinos (Tetelcingo, el más famoso), muchos de ellos conocidos por las policías, ya que en esos rumbos anduvo otro comandante  del mal, Jesús Miyazawa.

Actualmente debido a los recortes presupuestales y el latrocinio  de varios gobernadores, especialmente Duarte, no hay manera ni siquiera de procesar los huesos que se encuentran, por lo que resulta  indispensable el auxilio de  las autoridades internacionales para  que las miles de madres y padres que buscan a sus hijos, primos, nietos y parientes tengan cuando menos la certeza que los encontraron y se despidan de ellos;  sanación mínima para el ser humano.

En el caso de los periodistas asesinados y de las decenas de miles de desaparecidos (se dice que fueron 30 mil con Felipe Calderón y la cifra este sexenio será mayor), no hay la menor justicia, ni siquiera un mínimo de condolencia para las víctimas.

Desde el asesinato de Manuel Buendía, la búsqueda de los 43 de Ayotzinapa y ahora las madres del Colectivo Solecito, pasando por otros terribles episodios,  si no hace la tarea la sociedad civil y los periodistas, los gobiernos en turno se olvidan de las tragedias. Síntoma de un país en descomposición hace largo tiempo.

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