Para una teoría de la desaparición forzada

FOTO: imagen / Ángel Flores

Por Alberto Guillermo López Limón

I.- Qué es un desaparecido político (desaparición forzada)

Hoy en día se nos habla de cambios en el país y buenos deseos que se mezclan con buenas voluntades y, en el mejor de los casos, con hechos que no acaban de materializarse pero se consideran que ya forman parte de un cambio que no acaba de concretarse, de tal manera que ya hasta de “régimen nuevo”, “gobierno popular” y fenómenos como “atención” a la pobreza, se siente se dan los pasos necesarios para por fin convertirlos en una realidad. Grandes dudas nos aquejan de lo que en realidad construimos, lo posible de hacer y de lo idílico o deseable, es decir, de lo que podemos construir en el terreno teórico, político y filosófico.

Se escribe, habla y se elaboran decenas de trabajos relacionados con la violación de derechos humanos, en particular de los que hieren a la humanidad, entre ellos el genocidio, los feminicidios, la tortura y la desaparición forzada. Tenemos de alguna forma una opinión, favorable o desfavorable, sobre el fenómeno. Lo justificamos o lo denunciamos. Sin embargo muchas veces no vemos todas las implicaciones que conlleva el fenómeno de lesa humanidad. Creemos que no nos toca, daña o concierne. Se nos olvida lo complejo que es, por todo lo que afecta. Atacamos el problema parcialmente y, por lo mismo, vuelve a repetirse, en vez de limitarse y ser anulado.


Lo primero es su definición, explicar que solamente surge de la acción del Estado, de sus agentes (burócratas, de todo aquel que trabaja de alguna forma para el Estado, independientemente que sea de un gobierno estatal o federal). No se refiere exclusivamente a la policía o al ejército, también se refiere a los grupos paramilitares o pistoleros que apoyan acciones de los gobiernos. Se complica la participación represiva, de estos últimos, por su ilegalidad, por encubrir sus objetivos, dirigentes y financiamientos, buscando dejarlo en la impunidad.

La desaparición forzada se nos presenta en un triple carácter que no permite unificar un criterio. A nivel teórico se oculta que la desaparición forma parte de un instrumento de represión desarrollado para infundir miedo, para paralizar a los movimientos populares y democráticos buscando dividir y destruir los movimientos de resistencia popular, por muy pequeños que estos sean pero que por su capacidad de desarrollo pueden sembrar la confianza entre la población hacia formas de participación colectivas anticapitalistas, anarquistas, comunistas y socialistas. Teóricamente, dichas luchas desenmascaran los mecanismos de explotación y opresión de los trabajadores de la ciudad y del campo, así como las leyes capitalistas que permiten la centralización y reproducción de capitales a costa del trabajo asalariado. Además de ofrecer formas de lucha alternativas.

A nivel político, con su uso constante se intenta ocultar que la única forma de cambiar o desactivar la desaparición forzada es cambiando radicalmente la sociedad capitalista. Mientras exista la explotación capitalista existirá la dominación de clase, de los más poderosos, derivado de su riqueza, de su concentración de medios de producción y control político. Del sector que controla al Estado y sus aparatos ideológicos.

Al estar asentada la desaparición forzada en las contradicciones de clases derivadas del choque de las fuerzas y relaciones de producción, de quienes controlan los medios de producción y de quienes no tienen más que su fuerza de trabajo, las contradicciones terminan con actos de fuerza, de imposición, antidemocráticos. Por eso las salidas de los que se manifiestan por vías reformistas son limitadas a la buena voluntad. Sin embargo, los esclavos asalariados continúan con sus cadenas, aunque ahora sean de oro.

A nivel filosófico, el desaparecido es un reformador, un agente de cambio, un transformador de la sociedad, un soñador, un visionario, un revolucionario, un insurgente, un patriota. Se mueve en la praxis. Es un actor del futuro. Por eso se le busca anular en todo su significado. Se le ningunea, se intenta que se desconozca, que no quede ningún recuerdo de él como persona, como individuo, como familia, que solamente se le vea como una mercancía, como un objeto muerto, no como sujeto; como un vale para obtener dinero.

Refiriéndonos únicamente a los casos de desaparición de la lucha contrainsurgente de los años setenta del siglo pasado en México, primero, el fenómeno es interpretado en su realidad; es decir, la sociedad se defiende denunciando la detención de alguna o varias personas por parte de corporaciones policíacas o que por sus características se hace posible la presunción de participación de autoridades militares o policiales. Nos enteramos gracias a la denuncia y actividades de las familias que, en un principio luchan tesoneramente solas y después van aglutinando a su alrededor a los más diversos grupos de la sociedad reivindicando la presentación con vida y libertad del detenido. La sociedad violentada resiste, primero débilmente y después con mayor fuerza y combatividad. Su lucha es la resistencia que les da el amor de sus seres queridos.

Los desaparecidos luchaban por construir un mundo mejor, donde cupiéramos todos, más justo, democrático, basado en el trabajo vivo, en la igualdad económica, política y social, donde cada quien tuviera lo que necesitara, de acuerdo a sus capacidades. Ser un pueblo que decidiera quien lo gobernara o autogobernarse sin trampas, con la organización de los trabajadores de la ciudad y el campo, bajo una amplia toma de decisiones, compartiendo esperanzas y sueños, utopías.

Los desaparecidos son luchadores sociales que buscaban beneficios colectivos no individuales. Luchaban por el cambio, la transformación; por la creación del hombre nuevo. Apostaron al futuro y muchos perdieron la vida y la libertad.

Hoy, nos dice el nuevo gobierno federal, más o menos, “ahora si debemos tener fe en las autoridades, que ahora si van a resolver el problema”. Pero ¿qué ejemplos tenemos para considerar esa hipótesis como posible, cuando siempre hemos vivido de la mentira oficial y del aplazamiento de las soluciones?

La CIDH admite analizar la masacre de El Charco, Guerrero

El 7 de junio de 1998 fueron masacrados 10 indígenas y un estudiante en la localidad de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero.

La masacre sucedió a manos de elementos del Ejército mexicano de 11 personas –10 indígenas na savi (mixtecos) y un estudiante universitario– el 7 de junio de 1998, será analizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Aunque el Estado mexicano intento durante la administración de Enrique Peña Nieto que el caso no fuera revisado a escala internacional, el organismo regional admitió hace unos días la solicitud efectuada por algunos sobrevivientes, familiares de las víctimas y la Red Solidaria Década contra la Impunidad (RSDCIAC), al considerar que hay elementos que podrían derivar en violaciones a las garantías fundamentales.

El 6 de junio de aquel año, en la escuela primaria rural Caritino Maldonado Pérez se celebró una asamblea en la que participaron unas 70 personas entre indígenas de la región y presuntos integrantes del entonces recién creado Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). La asamblea de las comunidades que concurrieron a esa escuela según algunas versiones sirvió a la vez para  plantear proyectos productivos y otras afirman que además se abordó la lucha del movimiento social en la región y la presencia del movimiento guerrillero.

En la madrugada del siguiente día, quienes ahí pernoctaban fueron sorprendidos por el Ejército con armamento de alto poder, y que de acuerdo a los pobladores fue el primero en abrir fuego, aunque insiste la parte oficial en que los militares sólo respondieron al ataque de quienes se encontraban en el colegio, cuestión improbable si estaban dormidos cuando se les empezó a atacar.

El operativo concluyó con 10 indígenas na’ savi y un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México muertos, cinco personas heridas y 21 detenidos, que posteriormente fueron torturados y algunos enviados a cárceles de alta seguridad.

Tras un largo proceso por alcanzar justicia en México, algunos sobrevivientes y familiares de las víctimas llevaron el caso ante la CIDH en el segundo semestre de 2015. El organismo internacional solicitó al gobierno mexicano un informe sobre los hechos, y éste respondió 13 meses después (en diciembre de 2016) y fuera del tiempo. Negó violaciones a derechos humanos con el argumento de que se trató de un enfrentamiento entre un grupo guerrillero y soldados y pidió que el caso no fuera admitido.

Pese a esos argumentos, la CIDH recientemente hizo llegar a la RSDCIAC el informe de admisibilidad, por lo que ahora los comisionados analizarán los hechos y tras conocer todas las posiciones emitirán un informe de fondo. Los sobrevivientes e integrantes de la agrupación civil darán a conocer los detalles de dicha admisión en conferencia de prensa.

Magdalena López, secretaria ejecutiva de la RSDCIAC, destacó la importancia de que estos hechos sean analizados por la CIDH, pues se trata del primer caso en el que directamente están implicados elementos del Ejército en abusos contra una comunidad –en otros habían sido paramilitares– y en el que también se reconoce la presencia guerrillera en una comunidad na savi (también conocidos como “mixtecos”).

Es un caso que muestra las atrocidades en las que ha incurrido en Ejército y que hoy retoma relevancia ante el proyecto de mantener a las fuerzas armadas en las calles (con el proyecto de la Guardia Nacional basado en policías militares, capacitados y bajo el mando de la Secretaría de defensa y del presidente Andrés Manuel López Obrador), señaló.

Reconoció que en junio pasado varias viudas de las víctimas mortales de El Charco decidieron no seguir con el proceso ante la CIDH debido a que deseaban ser beneficiarias de proyectos productivos que en su momento ofrecieron los gobiernos federal y estatal, con la condición de que se desistieran de continuar el caso ante el organismo internacional.

Sobre los señalamientos de las esposas de algunos asesinados en el sentido de que la RSDCIAC les habría demandado 250 mil pesos para mantener la petición ante la CIDH, López aclaró que en efecto, las familias aportaron 200 mil pesos, pero fue por un acuerdo y no se les obligó, pues el costo de todo el proceso internacional ha rebasado los 900 mil pesos para la agrupación.

Con base en nota de Emir Olivares Alonso/ Periódico La Jornada y boletines  de la Red  social década contra la impunidad-Jueves 3 de enero de 2019, p 9

AED_CNTE Chiapas, exige justicia para Horacio Meléndez y Marco Antonio Ocampo, maestros asesinados en Tuxtla

La violencia es el medio que utiliza el Estado para validar la militarización en el país y con ello justificar el uso de la fuerza policíaca en los diferentes movimientos sociales. En Chiapas, la inseguridad, secuestros, desapariciones extrajudiciales, asesinatos, feminicidios, son hechos frecuentes que lastiman gravemente a la sociedad chiapaneca. En los diferentes niveles de gobierno solo se presentan excusas y justificaciones para omitir el esclarecimiento de cada uno de los sucesos.

El caso más reciente que golpea dolorosamente al movimiento magisterial y popular de Chiapas es la desaparición de los compañeros maestros Horacio Meléndez López y Marco Antonio Ocampo Argueta, activistas defensores de la educación pública y el normalismo rural; reportados como desaparecidos desde el día domingo 16 de diciembre de este año y la noche de este viernes 21 de diciembre fueron hallados sin vida en un domicilio particular en una colonia al sur poniente de este ciudad capital. La Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 SNTE-CNTE condena enérgicamente el asesinato de los compañeros y EXIGIMOS el esclarecimiento de estos lamentables hechos y el castigo a los culpables de los homicidios arteros de nuestros compañeros de lucha.

Las bases movilizadas y la digna militancia de nuestro referente de lucha elevan su exigencia a los Gobiernos entrantes de los 3 niveles para que pongan un alto a la violencia desmedida que se sufre en todo el país, que cese la militarización de nuestro territorio nacional y que pongan fin al terrorismo de Estado como política y como estrategia de seguridad pública.

Nuestra solidaridad con los familiares acaecidos y nuestro mejor deseo de consuelo para todos ellos. Nuestras bases se mantienen en Alerta por estos hechos perpetrados contra nuestros camaradas y actuaremos en consecuencia para exigir justicia, donde se advierte un atentado más en contra de la Escuela Normal Rural Mactumactzá.

¡Ni perdón ni olvido!

¡¡DAVID GEMAYEL VIVE, LA LUCHA SIGUE!!

¡¡JUSTICIA PARA HORACIO MELÉNDEZ Y MARCO ANTONIO OCAMPO!!

¡¡ALTO AL TERRORISMO DE ESTADO!!

¡¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL!!

¡¡Por una educación crítica, humanista, científica y popular!!

Sábado 22 de Diciembre, 2018.

ASAMBLEA ESTATAL DEMOCRÁTICA SECCIÓN 40 SNTE-CNTE

www.elzenzontle.org

zenzontle@elzenzontle.org

zenzontle2004@gmail.com